Algunos especulan que demandará algo más de tres horas y otros dicen que llevará seis, pero sea como fuere, lo concreto es que la lectura del informe final de la comisión investigadora de la tragedia de República Cromañón marcará el comienzo de otra de las semanas más complicadas en la vida política de Aníbal Ibarra, porque no hay duda alguna de que recomendará la apertura de su juicio político por mal desempeño de sus funciones. Si bien el futuro del jefe de Gobierno porteño no depende de lo que diga el dictamen que se dará a conocer hoy, el impacto que tenga en la sociedad será un factor determinante en la decisión sobre su eventual enjuiciamiento, que –según los mecanismos establecidos en la Constitución local– deberá tomar en los próximos meses el conjunto de la Legislatura. Ibarra profundizará su estrategia de calificar de “maniobra política” a todo el proceso de investigación realizado por los legisladores para superar el trance con el menor deterioro posible.
La audiencia en que la comisión difundirá su informe final fue convocada para las cinco de la tarde. Según trascendió, se aconsejará también el juicio político de la síndica de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante; el titular del Consejo de Emergencias, Julio Crespo Campos, y tal vez –anoche estaba aún discusión– de la procuradora general, Alejandra Tadei. El dictamen recomendará además realizar una auditoría en la Secretaría de Salud y la aplicación de algún apercibimiento a los responsables del SAME.
El resultado final del trabajo de la comisión era previsible. Al cabo de los tres meses de investigación, los legisladores fueron adelantando sus conclusiones sobre la existencia de habilitaciones sin planos conformes a la realidad, clausuras dejadas sin efecto a partir de certificados falsos, anomalías en las áreas de control y varias irregularidades más. Además anticiparon opiniones, como la presidenta de la comisión, la legisladora de Recrear Fernanda Ferrero, quien dijo que Ibarra debía ser encarcelado.
El mismo Ibarra se encargó en estos días de recordar aquella frase de Ferrero como una prueba de lo que volvió a denunciar ayer: que los legisladores tenían decidido de antemano aconsejar su juicio político y obraron en consecuencia a lo largo de toda la investigación. “Conformaron una comisión de la oposición, echaron a los oficialistas y jamás se preocuparon por el tema de seguridad”, dijo también el jefe del gobierno.
La alusión al carácter “opositor” de la comisión tiene que ver con la estrategia de Ibarra de desacreditar su desempeño. De los 16 miembros con que arrancó la comisión, después de la primera reunión sólo quedaron 9 del macrismo, Recrear, el ARI y la izquierda; afuera quedaron los ibarristas, sus aliados del socialismo y el Partido de la Ciudad, y los kirchneristas. Cierto es lo que sostienen quienes se quedaron, de que aquellos que se fueron no aceptaron las reiteradas invitaciones que les hicieron para volver; también, que los alejamientos estuvieron motivados en el escándalo que un grupo de familiares hizo en aquella primera audiencia por la presencia de legisladores vinculados a los funcionarios presuntamente responsables de la tragedia y que la oposición nada hizo por aplacar.
Como parte de esa estrategia –en la que se inscribe la solicitada de apoyo a Ibarra de organismos de derechos humanos y personalidades de la cultura y la política–, un ibarrista denunció ayer a Ferrero por “inconducta grave”. En la presentación se pide su remoción por haber violado las normas por las que debía velar como presidenta de la comisión.
Como en los días de enero en que vio peligrar su permanencia en la Jefatura de Gobierno por el embate de los legisladores, Ibarra buscará otra vez sacar el debate del ámbito político y trasladarlo al conjunto de la sociedad. Más allá del apoyo que le prodigaron desde la Casa Rosada, si Ibarra pudo hasta el momento sortear los obstáculos derivados de la tragedia de Cromañón fue porque los porteños no le bajaron el pulgar.
El informe de la comisión no es vinculante, sino que será girado a la Sala Acusadora de la Legislatura, que integrada por 45 legisladores resolverá en definitiva si corresponde enjuiciar a Ibarra. En ese caso, el jefe de Gobierno será suspendido y los 15 legisladores de la Sala Juzgadora tendrán en sus manos la decisión final sobre su futuro.
El apoyo que Ibarra tiene hoy del kirchnerismo impediría reunir entre los acusadores los 30 votos necesarios para enjuiciarlo. Sin embargo, el jefe de Gobierno es consciente de que si los porteños se le vuelven en contra, en la Rosada podrían soltarle la mano y precipitar su caída.