El dictamen de la comisión investigadora genera un nuevo escenario, cuya importancia e impredecibilidad son difíciles de exagerar. En pos de lograr la unanimidad, que consiguieron, los nueve legisladores miembros optaron por el cargo menos rimbombante y más genérico, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Paradoja sólo aparente, la elección de la imputación más moderada la hace más audible y, acaso, más viable.
Una Legislatura fragmentada cuyo mapa abruma a cualquier baqueano deberá asumir una severa responsabilidad institucional, en medio de una campaña electoral determinante y muy pareja. Aníbal Ibarra ya eligió su estrategia, que es descalificar a la comisión por parcial y carente de seriedad. Lo hizo antes de conocer el dictamen al que pondrá bajo la lupa con la misma intención. La polémica carecerá de consecuencias institucionales (el trámite seguirá avante), sólo concierne a la esfera de la opinión pública. El gobierno nacional sustenta a Ibarra. Alberto Fernández lo defendió enérgicamente ayer y alertó a su bloque de legisladores porteños para que obren en consecuencia. El jefe de Gabinete es titular del PJ metropolitano, la ciudad es su territorio político y en tal carácter obra pero nadie puede dudar que cuando produce movidas semejantes cuenta con el consenso (o algo más) del presidente Néstor Kirchner. La Rosada se comunicó con el jefe de Gobierno en esta semana, haciéndole saber que lo banca. Así están las cosas, de momento.
De una comisión a otra: El pedido de la comisión investigadora debe pasar a la Comisión de Juicio Político, que está conformada desde que comenzó el mandato de los actuales legisladores. Esta comisión dictó oportunamente su propio reglamento que estipula un plazo de 60 días hábiles parlamentarios para presentar su dictamen en el recinto. Debe hacerlo ante los 45 legisladores (también ya determinados) que integran la “Cámara acusadora”. El plazo es prorrogable, es más dudoso que pueda abreviarse. Aun si no mediaran postergaciones ni feriados intempestivos, el dictamen caería después de las elecciones de octubre. Suponiendo que fuera acusatorio, la decisión de abrir o no el juicio político, que concierne a la Cámara acusadora, podría agendarse entre los comicios y el recambio de la mitad de los legisladores que ocurrirá el 10 de diciembre. Un momento francamente indeseable para procesar un proceso de tamaña entidad, pero un momento posible. Se trata de una de las tantas variables futuras que dependerá de la responsabilidad de los legisladores que, en conjunto, no han exhibido demasiada hasta ahora.
Elisa Carrió instruyó a sus pocos diputados para que evitaran todo estrépito y cualquier interferencia del trajín parlamentario en la campaña. Mauricio Macri, que cuenta con un bloque importante, duda en adoptar el mismo camino. Rafael Bielsa, por ahora, calla pero los familiares de las víctimas se aprestan a pedirle definiciones.
Contando porotos: La jerga porteña bautizó “panibarrismo” al variopinto bloque de 13 miembros que apoyará al jefe de Gobierno, cuyo partido (el Frente Grande) sólo aporta tres. El número dista mucho de bastarle para frenar el juicio político. Es claro que el apoyo de los kirchneristas le es esencial. De momento, cuenta con él.Los especialistas calculan que si la Cámara acusadora votara hoy sobre el juicio político no llegaría a los 30 apoyos necesarios pero los estaría arañando. Suponer qué podría pasar a fin de la primavera conocido que sea el resultado electoral, es una timba. Imaginarlo con una nueva composición del Legislativo, tras el 10 de diciembre, aún más.
Deslegitimaciones cruzadas: Ibarra quedó malherido políticamente tras la tragedia, tanto que protagoniza el record de no presentar listas propias en las elecciones de octubre. Sus tácticas para subsistir, voluntariamente o no, tuvieron sustento discursivo en dos frustraciones institucionales que protagonizó o acompañó. La primera fue la consulta vinculante que lanzó en enero, de discutible constitucionalidad pero embellecida por el encanto de convocar a la ciudadanía. Su gente no logró, ni remotamente, las firmas necesarias. La segunda es su intento de vaciamiento de la comisión investigadora de la que sus legisladores se retiraron con escándalo fogoneado desde ambas trincheras. El jefe de Gobierno insistió en que su politización y parcialidad frustraron la posibilidad de un debate serio y franco de las responsabilidades. Mirada desde un punto de vista que no sea meramente obstructivo, la Comisión de Juicio Político podría servir para paliar ese déficit. Al fin y al cabo, se trata de una nueva instancia, ésta sí decisoria, en la que el oficialismo local podría contribuir con su activa presencia a promover la búsqueda de verdad y justicia. Su tesitura de dar por cerradas todas las chances del sistema político para ahondar el tratamiento de las responsabilidades es, por decirlo moderadamente, poco feliz y los meses por venir le otorgan la oportunidad de mejorarla.
Voluntarismo: Ibarra está herido políticamente y ha renunciado a buscar revalidación por las urnas. Los legisladores opositores tampoco las tienen todos consigo, su prestigio es escaso. El macrismo, principal antagonista, quiso destronar al jefe de Gobierno en enero y febrero y la imagen de su líder sufrió un desagio importante. Un Parlamento atomizado en bloques cuya división política es incomprensible hasta por los iniciados no parece una gran garantía.
De todos modos, la instancia institucional que se abre es deseable, a fuerza de ser la única posible. Nada maravilloso pero bastante superior al silencio o a la diatriba cruzada.
Todo mejoraría si oficialismo y oposición asumieran el grave desafío con decoro y responsabilidad, ahorrando circo a la ciudadanía. El sistema político todo tiene una deuda enorme con la sociedad, aun antes de Cromañón. Una instancia determinante podría servir para empezar a pagarla. Desde un constructivo sentido común, no cabe otra que apostar a eso. A la luz de los desempeños previos de casi todos los protagonistas esa expresión de deseos rezuma exceso de voluntarismo.