La reaparición de los índices de precios al consumidor y los niveles salariales como tema de inquietud social tiene explicaciones económicas y monetarias, que han dado lugar a algunas discusiones en voz baja dentro del equipo económico, entre el equipo económico y el Banco Central y en otras áreas del gobierno. Pero también hay un nexo con la política, que ha merecido menos atención. No es casual que esto ocurra en el momento de la ruptura con el ex senador Eduardo Duhalde y el comienzo de una campaña electoral de fuerte polarización.
En ese sentido, pocos gestos de estos días fueron más significativos que la ausencia del presidente Néstor Kirchner en la inauguración de la muestra de la Sociedad Rural y los discursos y ceños malhumorados que sus directivos y asistentes dedicaron al gobierno nacional por el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el aumento de las que recaen sobre los productos lácteos. No fueron relámpagos en cielo sereno. Por el contrario, los terratenientes también participaron en reuniones con grandes cámaras de comerciantes, financistas, constructores e industriales, en las que abundaron los cuestionamientos al gobierno por lo que consideran “prematura” pelea política con el ex intendente de Lomas de Zamora, la política de ingresos impulsada desde el Poder Ejecutivo, los diversos fallos de la renovada Corte Suprema de Justicia en favor de los trabajadores y lo que con infinita gracia llaman “ausencia de diálogo y de un apropiado clima de negocios e inversión”. Como es usual, el punto de acuerdo entre sectores con intereses contradictorios, es la contención salarial.

De Touraine a Méndez

En cualquier nivel (desde el muy moderado actual hasta el incontenible durante las gestiones de Raúl Alfonsín y Carlos Menem entre 1989 y 1991) la inflación expresa una pugna distributiva, que se torna más ríspida cuando el modelo económico y el poder político se ponen en disputa. Entonces, como ahora, el debate es acerca del tipo de salida luego del desplome de 2001/2 y quién cargará con sus costos. Los sectores poderosos de la economía prestan mayor atención que las fuerzas políticas, y los políticos de la derecha más que los de izquierda, a la insistencia con que Kirchner plantea varias veces por semana el combate contra la pobreza, la indigencia y el desempleo. Las mejoras sociales de los últimos dos años produjeron un alivio en relación con el peor momento de la crisis, a partir de la devaluación impulsada por Duhalde y su asociado radical Raúl Alfonsín y las masivas transferencias de ingresos que se dispusieron por vía de subsidios a las mayores empresas. Pero esa recuperación es aún insuficiente para volver a los niveles de ocupación y de empleo de las décadas pasadas, que requerirán otro tipo de medidas. Cualquier aumento del costo de vida aleja esa meta y, de persistir, tiende a menguar la adhesión popular al gobierno. Impedir una derrota contundente de Duhalde, quien es visto como el único garante posible para el poder económico, es una táctica defensiva de quienes tienen motivos para pensar que después de los comicios de octubre podría comenzar otra etapa, de profundización del rumbo en una dirección bien definida, que les alarma. En sintonía con ellos, Duhalde ha decidido asumir ese perfil en la campaña electoral. La única deferencia que tuvo con su consternado ex ministro de Economía Roberto Lavagna fue avisarle con antelación que la política económica pasará a ser blanco de sus ataques. Además en los próximos días se anunciará la constitución de una mesa sindical de apoyo a su campaña bonaerense, organizada por Luis Barrionuevo e integrada por los gremios que no aceptaron la conducción de Hugo Moyano en la CGT y que desde los tiempos de su entendimiento con el menemismo son conocidos como “Los Gordos”.

La recuperación

Un par de estudios recientes ayuda a reflexionar acerca de lo que está en juego. Uno corresponde al tributarista Jorge Gaggero y forma parte del Plan Fénix. El segundo es una elaboración conjunta de la Federación de Trabajadores de la Industria (FETIA), entidad que integra la Central de Trabajadores CTA, y del área de Economía y Tecnología de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que dirige Eduardo Basualdo. Cada uno reproduce una cita de un pensador contemporáneo. Gaggero cita las palabras escritas por el sociólogo francés Alain Touraine en 2002: “La Argentina es un país de consumo, pero no de producción y trabajo. El carácter ejemplar de la Argentina es que avanza lo más rápidamente posible hacia la decadencia y la descomposición. Con toda la gloria de su cultura, parece haberse anticipado a los otros [países] en ese fenómeno de desintegración [de los Estados-Nación] a nivel mundial”. El de FETIA/CTA-Flacso comienza con estas palabras recientes del presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez: “La industria ya paga hoy salarios muy dignos. Lo que esperamos es que si en algún momento hay que negociar aumentos eso salga de la competitividad de las empresas, porque si no, no hay de dónde sacarlo con la capacidad instalada que hay”. Titulado “¿La reforma tributaria llegará otra vez tarde en Argentina?” el estudio de Gaggero celebra que el vaticinio de Touraine (quien apoyó con pasión poco académica a los sucesivos gobiernos de Alfonsín y Menem) no se haya cumplido. Los desarrollos macroeconómicos posteriores al derrumbe de la convertibilidad, dice, han sido “notablemente eficaces para estimular la recuperación económica y el comienzo de un proceso de mejora del nivel de empleo. En sólo tres años, se ha alcanzado el nivel de actividad económica previo a la debacle”.
Si este rumbo se mantuviera hasta el final de la década, como plantea Lavagna, “en un año más podrían alcanzarse niveles de desempleo inferiores al 13 por ciento (sin planes sociales) y, hacia el bicentenario de su nacimiento como nación, la Argentina podría mostrar una situación laboral más parecida a la predominante dos décadas atrás que a la heredada del derrumbe del año 2001”. Entre las claves de esos desarrollos heterodoxos, que apuntan al desarrollo productivo, la expansión y diversificación de las exportaciones y, en una medida más limitada, hacia una mayor equidad social, Gaggero menciona el tipo de cambio alto; las políticas fiscales y monetarias sanas, prudentes y consistentes con la política cambiaria; una negociación inédita con los tenedores de bonos en default y el FMI que ha permitido arribar a una reestructuración adecuada de la deuda privada externa; la decisión de no recaer en el clásico ciclo de endeudamiento público y de asegurar una persistente caída de la deuda pública como porcentaje del PIB y el rechazo en la negociación pendiente con los organismos multilaterales de cualquier condición que pueda comprometer la recuperación económica, los objetivos de recomposición social y la sustentabilidad de la deuda en un horizonte de mediano y largo plazo.

Tributos extraordinarios

Junto con la prudente administración del gasto público, Gaggero destaca el mantenimiento y ampliación de los tributos extraordinarios sobre el comercio exterior y los cheques, que explican el superávit fiscal de 4 puntos del Producto Interno Bruto durante el bienio 2003-04 (2,4 puntos de PIB correspondientes a las retenciones y 1,6 al impuesto a los débitos y créditos). Según los cálculos de Gaggero en el último año de la convertibilidad a pesar de la insistencia en el ajuste los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio constituían apenas un cuarto de los ingresos fiscales mientras hoy son más de un tercio. Por el contrario, los impuestos indirectos al consumo se redujeron en el mismo lapso desde más del 50 hasta el 22 por ciento actual. Este cálculo, de gran importancia política porque indica qué sectores de la sociedad llevan el mayor peso en el financiamiento del gasto y la inversión públicos, surge de una elaboración del tributarista a partir de los datos oficiales.
De acuerdo con la nomenclatura internacional las retenciones a las exportaciones agropecuarias e hidrocarburíferas son impuestos al comercio exterior (y por eso el FMI argumenta que obstaculizan el comercio y deben suprimirse). Pero en la realidad económica constituyen una forma de captación por la sociedad de las rentas extraordinarias que una excepcional coyuntura externa brinda a petroleros y productores agropecuarios y son instrumentos redistributivos de extraordinaria importancia. Lo mismo ocurre con una cuarta parte del impuesto al cheque, mientras los tres cuartos restantes se trasladan a los consumidores. Ni Lavagna ni Kirchner han hecho alarde de esta novedosa composición de los ingresos fiscales, en la que por primera vez en muchos años los gravámenes directos a las rentas, las utilidades y el patrimonio superan con largueza los impuestos indirectos al consumo. Esta discreción es menos fácil de entender en el caso del presidente en campaña permanente que en el de su ministro.

De la involución a la reforma

Estas virtudes se potencian en comparación con la crisis fiscal estructural argentina de largo plazo y, en particular, con la involución tributaria registrada durante el último medio siglo que, según Gaggero, “no parece tener paralelo entre los países de Occidente”, cuyo rumbo fiscal ha sido en líneas generales progresivo. Este “derrotero signado por la inequidad social, la impotencia estatal y el notable proceso de disolución nacional que ha sufrido la Argentina” se acentuó en las últimas tres décadas. El trabajo destaca la muy baja tasa de crecimiento de la economía, que a su vez limitó el nivel del gasto público; los servicios pagados por una creciente deuda pública externa que restaron cada vez más recursos al cumplimiento de las obligaciones internas del Estado; y la cada vez más injusta distribución del gasto primario, destinado a las obligaciones internas, determinado por “la creciente influencia del poder económico concentrado, el deterioro de la representación política y el debilitamiento del control ciudadano”.
Las reformas normativas promovidas por los grandes intereses y el crecimiento de la elusión y la evasión tornaron el sistema tributario muy regresivo e injusto, una involución particularmente notable en un país como la Argentina que hacia la mitad del siglo pasado “mostraba una estructura tributaria bastante madura y progresiva, más parecida a la de las naciones desarrolladas que a la de los países de su propio pelotón”. Los impuestos extraordinarios que en los últimos años permitieron revertir este cuadro deprimente dependen de una serie de factores, como la demanda de la soja y los precios de los hidrocarburos, que exceden la capacidad de decisión nacional. Por eso, señala Gaggero, es imprescindible acometer una reforma tributaria que profundice y prolongue los logros actuales en la larga transición necesaria para superar la crisis estructural argentina. “Una mayor solvencia fiscal permitirá sostener más fácil y ampliamente las políticas asistenciales necesarias, un nivel de inversión pública más relevante (para multiplicar empleos genuinos) y las restantes políticas públicas pertinentes (pro-productivas: en particular, pro-Pymes; de capacitación y reconversión laboral). A mediano plazo, niveles más altos (y eficientes) de inversión en infraestructura, salud y educación tenderían a asegurar un mayor nivel de competitividad económica y, por lo tanto, de empleo.”

El silencio corporativo

Esa reforma debería corregir en forma permanente la alta dependencia del sistema tributario respecto de los impuestos generales al consumo y expandir la recaudación entre las cargas claramente progresivas, en especial, las que recaen sobre las ganancias de las personas físicas, los bienes personales y otras patrimoniales. “La eliminación de su sesgo anticonsumo, junto con un tratamiento más favorable a los pequeños contribuyentes en el impuesto a la ganancias, deberían constituir además incentivos significativos a favor de la creación de empleo y de su adecuado registro. Será también indispensable remover las excepciones tributarias y los regímenes de promoción más irracionales y/o ilegítimos, para tornar más justo al sistema. La mejora de la administración tributaria proveería per se, mayor equidad.”
Gaggero se pregunta por qué se sigue demorando esa reforma tributaria que el país requiere pese a que la mayor parte de los especialistas fiscales, las principales fuerzas políticas, los actores sociales que se verían beneficiados e incluso los organismos multilaterales de crédito coinciden en su necesidad perentoria y sus orientaciones generales. La respuesta debe buscarse en el “muy significativo silencio que mantienen las grandes corporaciones empresarias y las personas físicas de gran poder contributivo que, como enseña nuestra historia, suelen tener además una gran capacidad para bloquear las reformas fiscales indispensables”.

La licuación

El estudio de FETIA-Flacso sostiene que tras la fuerte licuación salarial de 2002, los empresarios pretenden poner un límite a la recomposición de los ingresos de los trabajadores, condicionando los aumentos a nuevos incrementos en la productividad. Ese fue el discurso de la década pasada, pero no su práctica, ya que mientras la productividad subió en forma considerable los salarios de los trabajadores disminuyeron. Someter la discusión salarial a la futura evolución de la productividad perpetuaría en el nivel actual el reducido poder de compra de los salarios y consolidaría una inequitativa distribución del ingreso. La menor participación del salario en el ingreso total resultante de la devaluación quedaría establecida como nuevo límite distributivo, en contra de los intereses de los trabajadores.
La apertura y la desregulación consolidaron en la década pasada las políticas de la última dictadura militar. La desarticulación productiva y una fragmentación social inéditas desplazaron a la industria como eje central en el proceso de desarrollo económico y la reemplazaron por la reprimarización productiva y la especulación financiera. Con este nuevo patrón de crecimiento aumentó el desempleo, se contrajeron los salarios reales y se fragmentó la sociedad. Los niveles de desempleo que en 1974 se ubicaban en torno al 4,2 por ciento, promediaron el 12 por ciento durante la década de 1990 y alcanzaron el 21,5 por ciento al finalizar la convertibilidad. A su vez, los salarios reales de 2002 eran la mitad de los de 1974. En 1974 la diferencia de ingresos entre el 10 por ciento delos hogares más pobres y el 10 por ciento de los más ricos era de 9,5 veces. En 2002 de 46 veces.

Ganancias vs. empleo y salario

La apertura externa y la sobrevaluación cambiaria mermaron la competitividad del sector industrial, que recompuso su tasa de ganancia a expensas del salario y de la expulsión de trabajadores. A lo largo de la década maldita la producción industrial creció mientras el empleo caía. El gráfico 1 muestra el crecimiento significativo de la productividad resultante, con un incremento del 1,7 por ciento de la producción y una merma del 3 por ciento de la ocupación.
Con excepción de los primeros años de la década, la productividad creció mucho más que el salario. Por lo tanto, la propuesta empresaria de atar los aumentos salariales a los de la productividad fue incumplida durante la mayor parte de la vigencia del plan de convertibilidad. Las remuneraciones se deberían haber incrementado a una tasa anual del 4,8 por ciento para seguir la evolución de la productividad, pero no sólo no aumentaron sino que cayeron y terminaron por debajo del nivel del año 1991, como se observa en el segundo gráfico.
La devaluación de enero de 2002 dejó el salario en el nivel más bajo de su historia. Desde esa fecha los salarios industriales se recuperaron un 21,5 por ciento pero aún resta un largo camino para recomponer el nivel de vida de los trabajadores. “Por lo tanto, las reivindicaciones salariales no deben centrarse sólo en la coyuntura sino incorporar en la discusión también a la década del noventa, donde las remuneraciones crecieron por debajo de la productividad. Para alcanzar la relación entre salarios y productividad vigente en el año 1991, el salario real debería aumentar un 46,4 por ciento aún por encima de los incrementos otorgados desde el año 2002.” Medido en pesos, el incremento de productividad por encima de los salarios permitió al sector empresario apropiarse de una masa de ganancias que les hubiera correspondido a los trabajadores, de 33.548 millones de pesos entre 1992 y 2004. Esto equivale a la masa salarial correspondiente a dos años que deberían restituirse a los trabajadores para cumplir con la propuesta equivalencia entre productividad y salarios, como se observa en el tercer gráfico.
Ante lo que califica como desmemoria empresaria el trabajo de FETIA-Flacso plantea solicitar un aumento de salarios del 46,4 por ciento y el reintegro de los 33.548 millones de pesos apropiados a los trabajadores en ese lapso.

Sobre ruedas

Lo que vale para el conjunto de la industria se acentúa en el sector automotor, que en las últimas semanas fue escenario del conflicto salarial y en el que el traslado de las ganancias de productividad a los salarios fue muy reducido. Si se hubiese cumplido allí con la equivalencia entre productividad y remuneraciones, los salarios actuales deberían ser dos veces y media más elevados de lo que perciben hoy los trabajadores. “Se trata de más de 5700 millones de pesos que fueron apropiados por el sector empresario.”
El crecimiento de la producción automotriz durante la última década coincidió con una continua reducción de trabajadores ocupados. En los últimos diez años, la productividad creció un 97,7 por ciento mientras que el salario cayó un 23,1 por ciento, lo cual califica la pretensión patronal de condicionar futuros aumentos salariales a nuevos incrementos de productividad. FETIA-Flacso también estudiaron la situación en la rama industrial de fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles, una de las que muestra menor diferencia en la evolución de productividad y salario. Sin embargo también allí los empleadores acumularon una ganancia de 818 millones de pesos que, con la postulada neutralidad, debieron haber correspondido a los trabajadores. Mientras la productividad creció un 5,1 por ciento, los salarios sólo se incrementaron un 1,6 por ciento.

“Demasiado vehemente”

Tanto el trabajo de Gaggero como el de FETIA-Flacso ayudan a entender que dejar el pasado a los historiadores es un programa de acción que no se agota en la impunidad de los crímenes de la dictadura y de la corrupción, sino que se extiende también a los beneficios extraordinarios acumulados por las patronales a expensas de los trabajadores. Esta semana un funcionario del más alto nivel del gobierno comió con el CEO de uno de los principales conglomerados de medios de comunicación del país, con uno de los mayores supermercadistas, con un fuerte empresario textil que además dirige una importante asociación civil sin fines de lucro, con un laico de enlace de la Conferencia Episcopal y con el líder de una organización no gubernativa de asistencia social. “Sentimos incertidumbre”, plantearon los hombres de negocios. El funcionario dijo que no comprendía la razón, ante un gobierno cuyos logros sintetizó así: “Salimos del default con una reducción sustancial del endeudamiento y estamos achicando el remanente con colocaciones a plazos más largos. El superávit del mes fue de 10.000 millones de pesos. Tenemos 25.000 millones de dólares de reservas. No interferimos en los precios ni en la actividad empresarial. La inflación de este mes fue un tercio menor de lo que vaticinaban pronosticadores tan preocupados como ustedes. Vamos a ganar en forma contundente las elecciones de octubre y terminaremos el año con 12 por ciento de desocupación, o si prefieren, con el 15 por ciento sin contar los planes que estamos reduciendo. ¿Cuál es entonces la razón de la incertidumbre?” Uno de los asistentes sólo atinó a decir que veían demasiado vehemente a Kirchner y pidió que fuera más cordial con los empresarios. “Lo mismo le recomendaban a Lula. Siguió el consejo y así le va”, cerró el funcionario.