Juan José Galeano tuvo que dejar los tribunales federales, pero por allí quedó flotando el fantasma de su destitución. Por lo menos cuatro jueces designados, como él, por el menemismo tienen motivos para temer por su futuro. Claudio Bonadío y Jorge Urso están bajo intensa investigación en el Consejo de la Magistratura, donde acumulan un record de denuncias por el manejo sospechoso de expedientes. A Urso en particular los consejeros le estudian el patrimonio, que consideran dudoso. El mismo organismo analiza la conducta de Norberto Oyarbide. Y Rodolfo Canicoba Corral fue cuestionado ante el Ministerio de Justicia y la fiscalía del caso AMIA por su actuación en la causa del atentado.
Un verdadero crisol de jueces compone actualmente el fuero federal porteño, donde tramitan las causas sobre corrupción de funcionarios, derechos humanos y narcotráfico. Allí conviven seis de los magistrados que nombró Carlos Menem con otros cinco que fueron ocupando en los últimos años, esta vez por concurso público, los espacios que dejaron vacíos otros jueces de los noventa empujados por algún escándalo o por propia decisión. Hace tiempo que la “vieja camada” de jueces federales viene esquivando una denuncia tras otra, ya sea por la inoperancia de quienes los deben controlar o por los vientos políticos que soplen. El Consejo de la Magistratura –facultado para investigar a Sus Señorías e impulsar remociones, como hizo con Galeano– nunca se distinguió por la eficiencia, pero en estos días cuenta con algunos miembros que muestran bastante dedicación a evaluar la presentaciones recibidas. En algunas de ellas han notado una particularidad que las agrava: es la Cámara Federal la que pide que se estudien determinados juicios políticos.

Patrimonio

Urso, quien gozó del padrinazgo del ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma, tenía que presentarse la semana pasada ante la Comisión de Acusación del Consejo, pero consiguió una postergación. Le pedían explicaciones de su accionar en varias causas sobre tráfico de estupefacciones. Es un tema que años atrás generó una ruidosa pelea de competencia entre la Corte Suprema de la mayoría automática, que buscaba protegerlo, y el pleno de consejeros. Recién el año pasado la nueva Corte lo resignó.
Mucho más inquietante para Urso es la investigación que se abrió en base a un relato múltiple que hizo su empleada doméstica en televisión: lo acusó de maltratarla, contó que el ex ministro Carlos Corach iba a llevarle dinero a la casa y que después de una de esas visitas su patrón, en un descuido, dejó sobre la cama una valija abierta que estaba llena de dólares. El abogado Beinusz Szmukler, uno de los miembros más activos del Consejo, hizo una denuncia que por sorteo le tocó a él mismo compulsar.
El organismo ya contaba con datos del patrimonio de Urso, por un legajo previo que instruyó la diputada menemista Lelia Chaya y que quedó en la nada. Pero más de un consejero tiene la convicción de que al juez le sería difícil justificar su evolución patrimonial con sus ingresos oficiales. Ahora analizan varias propiedades que no están a su nombre pero podrían pertenecerle. El paquete incluiría dos pisos en el centro porteño, uno en Palermo Chico, varios autos, caballos de carrera y una estancia. La mucama tiene cita para declarar el 30 de agosto ante la Comisión de Acusación.
En el juzgado de Urso protestan: “Cada vez que el juez tocó un interés del gobierno de (Néstor) Kirchner, se ligó un juicio político”. Lo dicen por la causa de la toma de la comisaría, donde pidió la detención de Luis D’Elía, y por otra que envuelve al ministro de Planificación, Julio De Vido, por la compra de locomotoras.
Un integrante de la corriente piquetera de D’Elía, donde evidentemente le tienen poca simpatía, denunció a Urso por presuntas irregularidades en el modo de llevar la pesquisa sobre la cesión del espectro radioeléctrico ala empresa Thales Spectrum (ver aparte). Es la acusación más nueva en su contra. Sin embargo, uno de los expedientes más severos en los que trabaja la Magistratura es historia muy anterior: apunta a desentrañar su desempeño en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de menores hijos de desaparecidos y en la que se investiga el Plan Cóndor. En ambas recibió retos de la Cámara Federal por sus demoras y por no tomar medidas cruciales. El abogado Alberto Pedroncini precisó al denunciarlo que para esclarecer el Plan Cóndor “ni siquiera citó a indagatoria a los jefes de zona” y que “frustró en lo esencial el desarrollo de la investigación” sobre robo de bebés. El diputado radical Juan Mínguez revisa los cargos, bajo la mirada atenta de la comisión acusadora. De yapa, en otro asunto escabroso contra este juez, familiares de los detenidos por robo de combustibles le atribuyen un supuesto pedido de coima, a través del abogado Víctor Stinfale, a cambio de liberarlos.

Tormenta para Bonadío

A Bonadío, un ex secretario de Corach en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Menem, lo espera una tempestad. La sala II de la Cámara Federal lo cuestionó duramente en octubre del año pasado por ordenar la detención de los ex jefes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, que permanecieron 68 días presos. Los camaristas dijeron que fue una medida arbitraria y con visos de ilegalidad. Que no había una sola prueba sobre la complicidad de los ex guerrilleros en la desaparición de quienes participaron en la llamada contraofensiva de 1980. No sólo pidieron al Consejo de la Magistratura que revisara su conducta, sino que ordenaron abrir una causa penal por posible privación ilegal de la libertad, un delito que puede llevarlo a la cárcel.
Este martes, la diputada Marcela Rodríguez (ARI) reclamará que la Comisión de Acusación, que ella preside, se aboque a tratar un expediente que incluye imputaciones gravísimas por la inacción de Bonadío, durante cinco años, en la causa sobre las irregularidades en el expediente sobre el ataque a la AMIA. Hasta ahora las actuaciones estuvieron en la Comisión de Disciplina, que sólo imparte sanciones, pero Rodríguez exigirá se analice si corresponde la destitución.
Ese juicio político fue solicitado en diciembre de 2004 por el titular de la Unidad Especial AMIA (UEI) del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa. En el escrito que presentó queda claro que mucho antes de que el Tribunal Oral 3 dijera que hubo una trama político-judicial de encubrimiento del atentado, Bonadío tenía elementos para intentar dilucidarla. Advertía que pese a que existían pruebas de que se le había pagado a un imputado, Carlos Telleldín, para armar una pista falsa y mostrar un culpable, el magistrado no había tomado medida alguna en relación a quienes pudieron ser responsables, como el ahora ex juez Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex ministro del Interior, Corach, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Hizo llamados a indagatoria recién este año, cerca del comienzo del jury contra Galeano, lo que impidió que en ese proceso declaran personajes claves como Anzorreguy invocando el derecho a no autoincriminarse. Ahora un tribunal superior evalúa quitarle el expediente. La Cámara Federal también reprendió a Su Señoría por haber ordenado rastrear las llamadas telefónicas de un corresponsal del diario londinense Financial Times, quien había publicado información que Bonadío creía útil para su juzgado. El periodista pidió un amparo y los camaristas le ordenaron a Bonadío cesar con la aplicación del Excalibur porque estaba despreciando las garantías constitucionales. El senador Jorge Yoma (PJ), consejero de Acusación, quiere desestimar la denuncia, pero varios de sus colegas ofrecen resistencias.

Ojo con la lupa

Rodolfo Canicoba Corral, ex asesor de Elías Jassan en la Secretaría de Justicia, no tiene acusaciones ante el Consejo. Pero fue criticado con furia por la unidad AMIA ante el Ministerio de Justicia por su papel desde que asumió la pesquisa del atentado terrorista. Uno de los escritos compara su proceder con el de su antecesor, Galeano: “Mantiene las mismas características perjudiciales”, dice. “Vistos los nulos resultados obtenidos (...) parece reproducir el desinterés y las deficiencias que signaran el accionar en el juzgado de Galeano”, agrega.
Son tres principalmente los pasos objetados a Canicoba. Desde hace un año la UIE dice que le reclama rehacer los exhortos para rastrear cuentas bancarias que podrían tener vinculación con el financiamiento del atentado a la mutual judía. Una de ellas es la que señaló el famoso testigo C donde, declaró, se habrían depositado 10 millones de dólares en Suiza para que el gobierno de Menem no responsabilizara al régimen de Teherán. Los envíos diplomáticos de Galeano fueron rechazados y el caso cerrado por la jueza suiza Cristine Junod, pero con nuevos pedidos apropiados podrían reabrirlo. En la unidad también se quejaron porque señalan que el juez se negó a pedir explicaciones al Estado de Israel por la visita sospechosa de un supuesto fiscal israelí que entrevistó a Telleldín y a un diplomático. En tercer lugar, apuntan que Canicoba traba la captura de doce iraníes al negarse a proveer detalles adicionales solicitados por Interpol.
“Mis decisiones son incuestionables”, replica Canicoba Corral ante Página/12. “Por mi parte, insistí con las capturas de los iraníes. Lo de las cuentas en Suiza es insistencia de Alejandro Rúa. Y de todos modos no soy yo quien instruye el caso AMIA sino los fiscales”, agrega.
“El año pasado, cuando comenzaron a rodar rumores de que el Gobierno estaba intentando hacer un mapa minucioso de su patrimonio con la idea de mostrar que se enriqueció, Canicoba Corral colgó en su despacho un dibujito con una flecha que indicaba ‘esta es la lupa’ del oficialismo. ‘No se de qué hablan, nadie me denunció’”, ironizó.
El juez Norberto Oyarbide, por su parte, no pierde oportunidad de mostrarse en acción. Lo hizo en estos días con el robo a las cajas del Banco Nación y, mucho antes, con una cuenta que Menem confesó tener en Suiza. Lejanos parecen los días de 1998 en que comenzó el juicio político que lo alejó de su despacho durante largo tiempo. Enfrentó cargos por su presunta participación, apoyado en contactos con la Policía Federal, en una red de protección de prostíbulos, pero terminó absuelto gracias a un pacto entre radicales y menemistas y volvió a tribunales. Desde 2001 el Consejo de la Magistratura tiene un pedido para que lo destituyan presentado por el abogado Mariano Cúneo Libarona, a quien Oyarbide ordenó detener ante la sospecha de que había extorsionado al ex juez Galeano con hacer público el famoso video donde aparecía negociando con Telleldín en la causa AMIA. Cúneo también le inició una demanda penal. En el Consejo la causa está abierta sin movimientos y con una peculiaridad: la instruyen todos los consejeros a la vez por “su importancia institucional”. Szmukler reclamará avances en los próximos días.
Como es propio de los tiempos electorales, el Gobierno difícilmente aliente antes del 23 de octubre la expulsión de jueces que tienen el poder de enturbiarle el escenario con alguno que otro expediente. El nuevo ministro de Justicia, Alberto Iribarne, le dijo a Página/12 el día de su asunción que está dispuesto “a tratar con lo que existe”. Esto no quita, aclaró, que operen “los mecanismos institucionales” correspondientes. Un eufemismo que se estila para dejar puertas abiertas. Los magistrados también ofrecen su contrapartida. “Cuando hay campaña, no hay indagatorias, ni procesamientos”, dijo uno de los jueces federales.