El enfrentamiento entre Uruguay y la Argentina por la instalación en la ribera oriental del río Uruguay de dos plantas papeleras que amenazan con provocar graves efectos ambientales tendrá un nuevo capítulo. El gobierno de Entre Ríos pedirá al Poder Ejecutivo nacional que no suministre a Uruguay gas que pueda ser destinado a las papeleras proyectadas por dos compañías multinacionales. La nueva presión se produce luego de que el gobierno uruguayo ratificara la decisión de permitir la construcción de las plantas aun sin el dictamen de una comisión binacional que evalúe el impacto ambiental.
Según informaron fuentes del Ejecutivo provincial en un comunicado, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, realizará mañana en Buenos Aires una presentación formal ante la Secretaría de Energía para solicitar al gobierno nacional que “no habilite en el futuro ningún cupo adicional de exportación de gas a Uruguay para esas empresas”.
La compañía finlandesa Botnia y la española ENCE proyectan instalar en la localidad de Fray Bentos dos plantas de elaboración de pasta de celulosa, la materia prima para la fabricación de papel.
En la presentación también se comunicará que “la provincia no realizará ninguna obra complementaria de gas para abastecer con este fluido a las papeleras, contra las cuales Entre Ríos libra una lucha para que se paralice esa construcción, y evitar la contaminación del río Uruguay”.
Autoridades, vecinos, agrupaciones ambientales y organizaciones de derechos humanos de ambos países se oponen a la construcción de las plantas. En tanto, vecinos de la ciudad de Gualeguaychú realizarán hoy lunes un corte en la ruta que conduce al puente internacional de San Martín, que conecta con Uruguay, para volver a repudiar la instalación de las papeleras.
El ecologista Juan Veronesi, uno de los organizadores de la protesta, afirmó que “el objetivo es advertir a la gente sobre los peligros de la instalación de estas papeleras, pero también advertir que no se va a parar con las protestas hasta que se logren los principales propósitos”.
En este tema, el Gobierno busca encaminar una “posición nacional” en consenso con autoridades y asociaciones ambientalistas, en medio de la preocupación social que generó la ratificación del gobierno uruguayo de avanzar en la construcción de las plantas. El gobierno argentino había acordado con su par uruguayo la creación de una comisión técnica bilateral para evaluar el impacto ambiental de los proyectos.
La Argentina ya intentó evitar que la Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado, facilite los préstamos para la planta, que demandarán una inversión de 1800 millones de dólares que Uruguay considera de suma importancia para su economía, además de una promesa de puestos de trabajo.