La multitud que había marchado junto a los restos de Olga Arédez y en recuerdo de la Noche de los Apagones escuchaba a los oradores del acto frente a la Intendencia. En esos momentos, un médico del lugar tomó el micrófono para anunciar que estaba dispuesto a “aportar las pruebas para demostrar que el bagazo que acumula el Ingenio Ledesma provoca enfermedades graves como el cáncer que mató a Olga”. Esto ocurrió el 28 de julio, y esa misma noche los abogados que llevan adelante el juicio para frenar la contaminación de la fábrica de los Blaquier sufrieron un extraño robo de documentación. De todos modos, esa causa iniciada por Arédez poco antes de morir ha avanzado en el ámbito judicial.
Esa mujer que supo dar vueltas a la plaza de Libertador, primero acompañada por madres de desaparecidos y luego sola en reclamo de su marido secuestrado durante la dictadura, dejó varios legados (ver aparte). Uno de ellos es el juicio que inició con el Comité para la Defensa de la Salud, la Etica Profesional y los Derechos Humanos (Codesedh). No se trata de una reparación por daños y perjuicios, porque decía que no perseguía un objetivo económico, sino un amparo para que cese la contaminación de bagazo que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos. “Ella murió a eso de las 18 y a las siete de la mañana del día siguiente ya estaban los abogados de la empresa en la Cámara Civil y Comercial de San Pedro pidiendo que se cerrara la causa”, relató a Página/12 María Adela Antokoletz, de la agrupación Hermanos de desaparecidos. Junto a otros militantes de derechos humanos, Antokoletz integra una comisión que se encargará del seguimiento del proceso que la Justicia jujeña accedió a no archivar aunque haya fallecido la denunciante. Los abogados de Codesedh argumentaron que se trataba de derechos de incidencia colectiva, cuya afectación es a un grupo indeterminado de la comunidad.
Así como durante años mantuvo viva la memoria de aquellas noches de julio de 1976 en que el Ejército y otras fuerzas de seguridad secuestraron a unas 400 personas en Libertador y Calilegua (de las cuales 30 permanecen desaparecidas), Arédez había denunciado en varias oportunidades la contaminación provocada por los desechos de la caña de azúcar que Ledesma arroja en enormes montañas al aire libre. El bagazo es el residuo del tallo de la caña que queda después de que se le ha exprimido el jugo. Si ese desecho es fresco puede tener varios usos, desde combustible hasta abono. En cambio, viejo y seco produce bagazoosis, una enfermedad respiratoria causada por la inhalación de ese polvo. Arédez redactó aquel recurso de amparo con sus últimas energías, en febrero de este año.
En principio el pedido fue presentado con su historia clínica y las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación para el tratamiento del bagazo en los ingenios azucareros. También aportaron un estudio de la Universidad Nacional de Salta sobre los suelos de Libertador: de tres muestras tomadas a 30 metros de las montañas de bagazo, dos demostraron la presencia de actynomices, la misma sustancia encontrada en los pulmones de Arédez y que proviene del polvo del bagazo enmohecido. Así lo describió a este diario el director del Codesedh, Norberto Liwski. Los abogados de Ledesma descalificaron el estudio, pero la Justicia lo consideró prueba suficiente para impulsar la investigación.
“La causa está en la etapa pericial y el juzgado ordenó una serie de medidas que habíamos pedido, tales como el estudio de impacto ambiental que estará a cargo de científicos de renombre del Conicet y de la Universidad de Jujuy”, indicó este médico y militante de derechos humanos. En poco más de un mes esa casa de estudios deberá emitir un informe pericial, que estará enfocado básicamente a comprobar la existencia de ac- tynomices. También será necesario un estudio epidemiológico sobre la bagazoosis, porque en Libertador no se han registrado casos de esta enfermedad. Liwski considera que hay carencia de recursos técnicos para diagnosticarla en el pueblo, pero advirtió que “una respuesta negativa no define la ausencia del problema”.
Alrededor de las 21.30 del jueves 28 se dirigía junto a otros miembros del Codesedh en un remís hacia San Salvador de Jujuy, cuando el vehículo aminoró la marcha para pasar unas vías. En ese momento se abrió el baúl y vieron una sombra que se alejaba. Cuando bajaron advirtieron que faltaban los portafolios de los letrados. En la denuncia formulada ante la policía de San Pedro solicitaron que se determine “la posible conexión (del hecho) con el desarrollo del proceso judicial dado que la sustracción incluyó fotocopia de documentación relativa al recurso de amparo”.