Ricardo Branda deberá ir vaciando los cajones del despacho que ocupa como vicepresidente segundo del Banco Central. La comisión bicameral encargada de asesorar al presidente Néstor Kirchner definió ayer, con el desempate del vicepresidente Daniel Scioli, recomendar la destitución del ex senador procesado por el juez Daniel Rafecas en la causa por los sobornos que se habrían pagado en el Senado en el 2000. El dictamen mayoritario fue suscripto por Scioli, por el senador Jorge Capitanich y por el diputado Carlos Snopek. El dictamen minoritario, recomendando la suspensión de Branda, lo firmaron el senador Rubén Marín y el diputado duhaldista Rodolfo Frigeri. A pesar de llegar a conclusiones diferentes, los cinco integrantes de la comisión legislativa coincidieron en que había una “pérdida de confianza” en el funcionario. Los dictámenes llegarán hoy a manos del Presidente. A partir de entonces, los tiempos los manejará Kirchner.
El proceso que terminaría con la destitución de Branda comenzó hace 10 días, cuando Kirchner remitió al Congreso un expediente en el que reclamaba una opinión de la comisión especial contemplada en la carta orgánica del BCRA. La nota presidencial llegó apenas horas después del procesamiento firmado por el juez Rafecas.
A diferencia del caso de Pedro Pou, que terminó destituido por mal desempeño, por no respetar el valor de la moneda y por el otorgamiento de generosos redescuentos bancarios, en esta ocasión Branda es sospechado de “inhabilidad moral” por la existencia de un proceso judicial en su contra. En los 45 minutos que duró la reunión en la que se decidió el futuro de Branda, cada uno de los integrantes de la comisión especial entregó sus argumentos. Se leyó cada uno de los dictámenes en voz alta, se cruzaron las críticas, pero ninguno cambió sus posiciones originales. Todos reafirman que no “abren juicio de valor sobre la situación procesal de Branda”. El punto que estuvo en la consideración de los legisladores fue “la importancia del cargo y lo traumático que resulta para un miembro del Banco que tiene que preservar el valor de la moneda y que es el organismo de contralor de las entidades bancarias, enfrentar una causa judicial del impacto de la de los presuntos sobornos” que se habrían pagado durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Snopek y Capitanich coincidieron no solo en reclamar la destitución, sino también en los fundamentos de su dictamen. Veintiuno son los puntos en los que estos dos legisladores más cercanos al oficialismo recomiendan separar a Branda del Central. En el dictamen se resaltan los valores y calidades que debe tener un funcionario de la máxima entidad bancaria. Entre ellos, la confiabilidad. También se cita a la ley de la función pública, que impide a los funcionarios estar al frente de cargos públicos a quienes tengan procesos penales por delitos contra la administración.
El voto de desempate de Scioli fue con argumentos propios. Allí se señala que la posición que “aconseja la suspensión del funcionario cuestionado no encuentra apoyatura legal en las disposiciones aplicables al caso”. Luego de tener en cuenta que tanto un dictamen como otro coinciden en la pérdida de confianza en el funcionario, Scioli recomienda “la remoción de Branda”. Cierto es que la carta orgánica del Central no contempla la posible suspensión de alguno de sus directivos. Tal como coincidieron en pedir Frigeri y Marín. “Hay una teoría repetida de que quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede remover, también podría suspender”, es el argumento de quienes firmaron la suspensión de Branda. Concretamente señalan que “la Constitución nacional no establece esta medida (la suspensión), pero tampoco la prohíbe y quien puede lo más, remover o destituir, puede lo menos, suspender”.
Frigeri y Marín coincidieron en el dictamen y también en los fundamentos. Señalaron que “si bien la solvencia moral no es causal de remoción en elartículo 9 de la carta orgánica del Central, lo cierto es que poseerla es requisito indispensable para ser integrante de su directorio”. Para los legisladores la carta que rige el funcionamiento de la entidad bancaria no “contiene el procesamiento como causal de inhabilidad”. Los legisladores concluyen en reclamar la suspensión “hasta tanto exista una convalidación de por lo menos el acto procesal que dio origen al pedido de remoción efectuado por el Fiscal de Investigaciones Administrativas”. Los parlamentarios privilegiaron “la presunción de inocencia”. Cuando cruzaron opiniones con sus pares no desconocieron que podría haberse privilegiado el criterio político en lugar de la situación procesal. En este caso no privilegiaron una posición política. Incluso minimizan cualquier suspicacia que puede generar el hecho de que coincidan en un mismo dictamen un duhaldista y un ex menemista. Algo que bien podría leerse como una coincidencia para poner un obstáculo en la decisión presidencial de separar a Branda del Central.
En su bloque, Marín es un líbero. A veces acompaña al oficialismo y en muchas ocasiones actúa con autonomía. En este caso, fue él quien en anteriores reuniones había puntualizado que la suspensión no estaba contemplada en la carta del BCRA. Esto no le impidió sostener esa posición en su dictamen. A primera tarde, Frigeri cruzó los pasillos para dirigirse al despacho del pampeano. Allí repasaron los últimos puntos de su opinión y juntos se dirigieron a la comisión. Eso sí, el pampeano expuso sus puntos de vista pero no perdió mucho tiempo en escuchar al resto. Se retiró y dejó en manos de Frigeri la defensa del dictamen. Igualmente las cartas aparecían echadas desde que el Presidente convocó a la primera reunión de la comisión especial. Cierto es que lo citaron a Branda, tal como éste había reclamado y que hasta escucharon sus parciales versiones del procesamiento judicial que le dictó Rafecas. Aunque unos y otros lo nieguen, el prisma político determinó las posiciones de cada uno de los dictámenes. También dominará en la decisión de Kirchner.