Cada vez que un Papa habla de “marginación y pobreza” en un país, sus palabras generan un hecho político. Ayer, desde Roma, Benedicto XVI envió una carta a Buenos Aires con motivo de la colecta Más por Menos. En el mensaje, exhortó a “incrementar y favorecer adecuadas iniciativas” para superar “situaciones de marginación y pobreza que afectan a tantas personas en este amado país” (por la Argentina). Además, convocó a los argentinos a poner “un decidido empeño en fomentar la laboriosidad, honestidad y espíritu de participación, que hagan posible una sociedad más justa, pacífica y solidaria”. Las palabras de Josef Ratzinger no tuvieron ninguna respuesta por parte del Gobierno.
La carta fue entregada a la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina. Esa institución de la Iglesia se encarga de la colecta que se realiza cada año en todos los templos del país. El encargado de hacer llegar el mensaje fue el nuncio apostólico, Adriano Bernardini. La colecta se realizará el domingo 11 de septiembre, bajo el lema “No tengas miedo de dar. No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan”. La difusión del texto coincidió con unas declaraciones del titular de Cáritas, el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, quien afirmó que los planes sociales deben dejar de ser “sólo asistenciales” para pasar a “cumplir funciones de promoción humana”. De todas formas, Casaretto reconoció que los planes “siguen siendo necesarios” y que “mientras haya excluidos, lo serán”.
Aunque la carta no incluyó críticas muy duras, la mención de “marginación y pobreza” agregó un capítulo más a la tumultuosa relación que el Gobierno mantiene con la jerarquía de la Iglesia. Los tironeos comenzaron luego de que el obispo castrense, Antonio Baseotto, se basara en una cita bíblica para decir que había que tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García. El funcionario había dicho que estaba a favor de promover la despenalización del aborto. La Casa Rosada reclamó la remoción de Baseotto, pero el trámite está atrasado.
La cuestión podría demorarse hasta 2007, cuando Baseotto cumpla el límite de edad que establece el Derecho Canónico. Sin embargo, el nuncio Bernardini y el secretario de Culto de la Cancillería, Guillermo Oliveri, están haciendo gestiones para resolver los cambios en un plazo más corto. Mientras tanto, Baseotto sigue ejerciendo sus funciones pastorales aunque no las administrativas. Tras la decisión de Kirchner, ya no cumple funciones en el Estado.
El caso Baseotto fue el principal escollo en la relación con la Iglesia. Hubo otros cortocircuitos, menores, pero que amplificaron las diferencias entre el Gobierno y la jerarquía católica. Otro enfrentamiento se produjo cuando el arzobispo Carmelo Giaquinta, presidente de la Pastoral Social, cuestionó al Gobierno por su intransigencia ante el obispo castrense. “¿La Argentina será una sociedad democrática o regirá en ella la ley del chicote? ¿Hoy la locura vuelve a regular las relaciones del Estado con la Iglesia?”, se preguntó Giaquinta en su mensaje pascual de este año.
Las críticas tuvieron una fuerte respuesta desde la Rosada: “Nos hubiera gustado escuchar al obispo Giaquinta hacer este tipo de declaraciones cuando los militares del Proceso secuestraban y asesinaban gente o cuando en esos años y en la década del ’90 se llevó adelante una política económica que contrajo la mayor deuda externa de la historia de nuestro país”, replicó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. A los conflictos reales entre el Ejecutivo y la Iglesia se les sumaron otros incidentes que fueron exagerados o que directamente nunca existieron: un ejemplo fue la supuesta decisión de Kirchner de no besar el anillo del Papa. Aquel gesto no fue excepcional ni único, como se dijo en Buenos Aires, sino que fue compartido por varios líderes mundiales.