Que los fiscales se dediquen a investigar en lugar de los jueces. Que las víctimas puedan impulsar las causas. Que haya una reorganización de los tribunales y los magistrados tengan puestos intercambiables. Estos son algunos de los puntos centrales de una renovación del sistema de enjuiciamiento federal que impulsa la Corte Suprema, junto con una comisión de reforma judicial, y que entregó ayer a un grupo de legisladores en forma de proyecto de ley.
El año pasado el alto tribunal hizo un convenio de cooperación con la organización Argentina Justicia (Argenjus), al que se fueron sumando otras entidades, para promover una reforma judicial. En un acto que se hizo ayer en la Corte, su titular, Enrique Petracchi, junto a los juristas Ramón Brenna y Ricardo Gil Lavedra, presentó las primeras propuestas al senador Jorge Agúndez y a los diputados Carlos Martínez y Hernán Damiani, que encabezan las comisiones parlamentarias de Justicia y Legislación penal.
La comisión propuso un cambio rotundo en la Justicia penal que le daría las características de lo que los expertos llaman “sistema acusatorio”, que prevé tareas diferenciadas para los fiscales y los jueces. La iniciativa sugiere que haya “oficinas fiscales” donde se trabaje en equipo, que estén dedicadas a la investigación y tengan especializaciones en delitos complejos. Cuando el fiscal no promueva una causa, las víctimas tendrán la posibilidad de hacerlo. Para los jueces, recomiendan un esquema novedoso que seguramente generará polémica: que haya una estructura horizontal y que roten en sus funciones. Podrán cumplir tareas de juez de juicio, de garantía y de cámara. Sólo la casación quedaría excluida. Para la etapa oral habría una suerte de juicio por jurados. La prisión preventiva está planteada como medida excepcional. Parte de este proyecto está inspirado en uno que ya presentó en el Congreso el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “El objetivo es que se cumpla mejor la Constitución y que el sistema le sirva más a la sociedad y al imputado”, explicó Gil Lavedra a Página/12. Otra recomendación apunta a mejorar el cálculo y cobro de la tasa de justicia.
En la reunión de ayer, Petracchi dijo que está en elaboración un Código de Etica Judicial, un sistema de publicidad para las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, la reglamentación del recurso extraordinario y el llamado a audiencia pública en casos relevantes. Nuevas leyes de mediación y de arbitraje también integran el plan de reforma.
Petracchi destacó que las ideas en danza surgen de “un ámbito de cooperación entre la actividad legislativa, las organizaciones civiles, jueces y abogados”. Sin embargo, algunas organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazaron participar “porque no es un ámbito que brinde canales para la plena participación ciudadana”.