Sin salida a la vista, el conflicto en el Hospital Garrahan inicia una nueva semana. Los empleados no médicos se reunirán hoy en asamblea para decidir si retoman las medidas de fuerza. Las expectativas están puestas en el encuentro que mantendrán los dirigentes sindicales y los directivos del hospital con el juez de instrucción Juan Manuel Padilla, quien los convocó con la presunta intención de arrimar a un acuerdo. Sin embargo, el panorama no es alentador. Durante la última semana prácticamente no se registraron cambios y las partes mantienen una postura irreconciliable. Los empleados exigen una nueva propuesta, pero el Gobierno ratificó que no habrá cambios en la oferta.
La citación del juez Padilla se concretó luego de las declaraciones del presidente Néstor Kirchner, que el viernes pidió a la Justicia que intervenga en el conflicto. El magistrado llegó el sábado al hospital con siete patrulleros y elaboró un acta con el coordinador de la guardia. Se trata del quinto juez que interviene de oficio en el conflicto. Para hoy citó en su despacho a ambas partes. El encuentro será a las 8 y –según explicó a este diario el delegado de ATE, Gustavo Lerer– la intención es poder llegar a una conciliación. Lo que resulte de la reunión será planteado en la asamblea, que hacia el mediodía definirá si retoman las medidas.
Todo parece indicar que habrá un nuevo paro de 72 horas. Los empleados sostienen que las negociaciones no avanzarán al menos que reciban una nueva oferta. Su principal reclamo es para que el salario básico alcance los 1800 pesos. El hospital propuso una suba del 20 por ciento, pero la oferta fue rechazada por los trabajadores. Concretamente piden que el aumento no sea porcentual sino por suma fija para que el reparto sea más equitativo con los trabajadores de menor sueldo. El planteo fue rechazado por el director del Consejo del Hospital, Alberto Goldberg, quien consideró que “hubo una mala praxis sindical” por parte de los delegados de ATE. Los trabajadores también enfrentaron las críticas del titular de la CGT, Hugo Moyano, que el sábado rompió el silencio y los exhortó a llegar a un acuerdo. “La situación no da para más. Lo peor que les puede pasar en este caso es que la sociedad está en contra”, remató el dirigente.
Por su parte, el Gobierno endureció la postura frente al conflicto. Tras cuestionar la metodología de los huelguistas, Kirchner apuntó contra el propio Lerer, a quien calificó de “antidemocrático”. El viernes el Presidente pidió la intervención directa de la Justicia. El día anterior la jueza Silvia Sayago ratificó el derecho constitucional a hacer huelga, por lo que sería ilegal que se los sancionara debido al paro. De esta forma, Sayago rechazó el pedido de apelación que presentó la dirección del hospital, y la elevó a la Cámara del Trabajo. Las autoridades habían
solicitado la suspensión de su fallo para avanzar con los despidos, pero la jueza dijo que no pueden tomar esa medida, a menos que los camaristas la habiliten.
Ese mismo día el juez Eduardo Niklison se presentó en el edificio para constatar si la atención a los pacientes está siendo adecuada. El magistrado tiene una causa judicial en la que el fiscal César Troncoso denunció a los enfermeros por abandono de persona. Luego de recorrer las instalaciones del hospital, Niklison dijo que de 77 agentes exigidos por el ministerio para la guardia mínima encontró 72, pero evaluó que la situación está “bajo control”.