El juez de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, criticó a los presos de la Legislatura que mantienen una huelga de hambre en reclamo de su libertad, al considerar la medida como una forma de "presión" ante la Justicia. El magistrado, que aún debe expedirse sobre el pedido de excarcelación presentado por uno de los detenidos, carga con varias acusaciones en su haber, incluyendo un pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura por injurias. La denuncia se basó en un escrito donde el camarista había calificado como “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, víctima de la ESMA y testigo en la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el emblemático centro de detención.
“Yo no debo resolver cediendo a presiones o una ‘autopuesta’ que pone en peligro a los propios imputados. La Justicia sería controlada desde afuera”, apuntó Bisordi contra los tres presos de la Legislatura que hace una semana comenzaron una huelga de hambre. Se trata de César Gerez, Marcelo Ruiz y Pablo Amitrano, quienes adoptaron la medida en protesta al rechazo que en primera y segunda instancia recibieron sus pedidos de excarcelación. Los abogados de Amitrano presentaron el recurso en Casación. Actualmente está en manos de Bisordi, quien si bien aún no se expidió sobre el tema ayer opinó al respecto. “No puede caber la excarcelación al haber quedado firme el procesamiento”, manifestó.
Para concluir, el camarista consideró que “los que se sientan inocentes, van a tener oportunidad de verificarlo en el juicio oral”. Sin embargo, se estima que el proceso recién comenzaría a fin de año. La semana pasada se cumplieron trece meses desde que los quince presos permanecen detenidos por los incidentes ocurridos frente a la Legislatura. Todos fueron procesados por coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños calificados.
No se trata de la primera vez que los dichos de Bisordi adquieren notoriedad. El año pasado, organismos de derechos humanos pidieron al Consejo de la Magistratura su destitución por un escrito, en el que se excusó de intervenir en la causa sobre la ESMA y calificó como “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, sobreviviente de ese centro clandestino. En 1999, la DAIA también lo denunció por tergiversar hechos para proteger a unos neonazis que habían atacado a un hombre mientras le gritaban “heil Hitler” y “mueran los judíos”. A la lista de antecedentes, se suman sus declaraciones ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en donde justificó la subordinación de la Justicia a los militares durante la dictadura y se quejó del Juicio a las Juntas porque las Fuerzas Armadas tuvieron que pagar los abogados defensores. “Le costó mucho dinero al país”, fue la imborrable conclusión del camarista.