El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Uruguay, Enrique Bonelli, reconoció que fue copiloto de uno de los vuelos que durante la dictadura trasladó detenidos uruguayos desde Buenos Aires a Montevideo. “Fui el copiloto del primer traslado”, admitió Bonelli al semanario Búsqueda, refiriéndose a un viaje realizado el 24 de julio de 1976. El jefe militar era entonces teniente primero y participó, dijo, sin saber cuántos ni quiénes eran los secuestrados que llevaba en la nave.
Los detenidos, 22 personas en total, habían sido apresados días antes en la Argentina, en procedimientos conjuntos de militares locales y uruguayos. Los recluyeron en el centro clandestino Automotores Orletti. Casi todos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y, una vez en el Uruguay, fueron blanqueados mediante un juicio, por lo que siguieron en prisión pero salvaron la vida. Se sabe que hubo un segundo vuelo, aunque, a diferencia del anterior, en ése todos los detenidos fueron asesinados.
La participación del jefe de la Fuerza Aérea en la represión ya había sido revelada por el periodismo, pero Bonelli no había hecho, como ayer, un reconocimiento oficial del tema. En el Uruguay no se plantea que esto haya puesto su carrera en peligro.
El militar argumentó, a modo de disculpa, que los vuelos se hicieron al “saber que había uruguayos que había que traer porque allá (en Argentina la) estaban pasando mal”. Bonelli también dijo que se había limitado a operar el avión, encerrado en la cabina. “Nos decían ‘Vaya a operaciones, preséntese, decole... bueno, ahora ponga proa a Aeroparque (...) Eran misiones que obviamente salían de lo normal (...) Sabíamos que los pedía el Servicio de Información de Defensa (SID) y lo ordenaba el Comando General. Para nosotros estaba totalmente dentro de la cadena de mando.”
En un informe entregado a principios de agosto al presidente Tabaré Vázquez, la Fuerza Aérea confirmó que hubo dos vuelos, el del 24 de julio y el 5 de octubre de 1976. Ante publicaciones que señalaron que existió un tercer vuelo con otros seis detenidos, la Fuerza Aérea uruguaya instruyó una investigación para determinarlo.
En la actualidad, lo único que se conoce con certeza es lo que ocurrió en el primer vuelo. Las 22 personas trasladadas desde Automotores Orletti permanecieron durante varios meses detenidas en la sede del SID, en Montevideo. En disidencia con sus pares argentinos, los militares uruguayos no ejecutaron a esta primera tanda de trasladados. Acordaron con los prisioneros armar un falso operativo de detención en su territorio y divulgaron los falsos arrestos por los medios. Los presos fueron juzgados por la Justicia militar.
Ayer, el diario El Observador publicó que los traslados de detenidos en Argentina al Uruguay “fueron habituales y no sólo por vía aérea”. El periódico entrevistó al diputado Eduardo Brenta, quien estuvo detenido en 1977 por la Armada uruguaya y aseguró que además de vuelos hubo viajes por mar. Brenta recordó que en la sala de tortura los represores amenazaban a los prisioneros con “mandarlos a la lancha” si no daban información, con lo que aludían a que serían arrojados al mar.
“Da la impresión de que hubo varios vuelos, no sólo uno o dos”, dijo por su parte la ex detenida Sara Méndez, para quien existen testimonios que apuntan que hubo traslados sistemáticos. Entre los indicios mencionó las declaraciones del agente de la SIDE Miguel Angel Fucci, quien se apropió de Mariana Zafaroni. Fuci sostuvo que fue la madre de Mariana quien le entregó a la niña, en la escalerilla de un avión antes de ser trasladada. Sara Méndez recordó, por otra parte, declaraciones de Eduardo Rufo cuando dijo que, aunque se cargan todas las culpas a los argentinos, los militares uruguayos también trasladaron prisioneros a Uruguay.
Las medidas del gobierno de Tabaré Vázquez para investigar el destino de los desaparecidos, entre ellos el de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, están teniendo una fuerte repercusión y han provocado que militares y particulares comenzaran a contar datos ocultos durante décadas. En este clima han tenido difusión también informaciones falsas. La semana pasada, Tabaré Vázquez tuvo que desmentir que estuviera pensando en otorgar un indulto a los militares y ayer el ejército aclaró que no es cierto que exista un cementerio clandestino en un campo de maniobras del departamento de Tacuarembó. La versión, se informó en una conferencia de prensa, habría sido impulsada “a la manera de una venganza” por un soldado dado de baja por robar cables.