Después de 22 años, Augusto Belluscio decidió dejar la Corte Suprema. El martes fue su último día de trabajo, con brindis incluido. Entre bolsas y canastos de mudanza, se fue dejando críticas a la Justicia menemista, señales de apoyo a los nuevos supremos, loas a Roberto Lavagna y cuestionamientos al presidente Néstor Kirchner. “Hay que investigar si alguno de los jueces federales recibían sobresueldos y si se han enriquecido”, incluyó entre sus advertencias al hablar con Página/12. También acusó a la mayoría automática de intentar derribar al gobierno de Eduardo Duhalde. Ahora, dijo, debería haber más diálogo entre el Gobierno y la Corte. De aquí en adelante, Belluscio, un radical que ya no encuentra partido que lo represente, se dedicará a escribir y a asesorar abogados.
–¿Con qué Corte se queda: la de Raúl Alfonsín, la de Carlos Menem o la de Néstor Kirchner?
–Con la de Alfonsín, porque éramos cinco. Había una distribución equitativa de ideas, de los orígenes políticos. Dos éramos de origen radical, otro socialista, otro justicialista y otro no tenía filiación política, pero era abogado de Alfonsín. Me refiero a (Genaro) Carrió.
–En cada una de estas cortes, ¿cómo fue y cómo es en la actualidad la relación con el Gobierno?
–Siempre hubo poca relación con el Poder Ejecutivo.
–¿Aún en el menemismo?
–En ese caso algunos eran amigos y en todos los fallos en que tenía interés el Gobierno los decisiones resultaban favorables.
–¿Kirchner maneja bien la relación con la Corte?
–Me parece que no. Tiene que haber una relación institucional porque son poderes del Gobierno, pero hasta ahora hay poca. No es cuestión de amistad. Independencia de poderes no quiere decir aislamiento. Se puede conversar, intercambiar opiniones, el Poder Judicial hacerle conocer sus necesidades al Ejecutivo y viceversa.
–¿Qué falla entonces?
–Al comienzo del gobierno de Kirchner había una discordia total con los miembros de la Corte que ya no están y eso dificultó la relación. Ahora parece que paulatinamente se están estableciendo canales de comunicación. (Gustavo) Beliz ni venía, con (Horacio) Rosatti hubo más diálogo y con (Alberto) Iribarne se espera que haya más.
–Y ahora, ¿quiénes se ocupan del diálogo en la Corte y en el Gobierno?
–Qué pregunta... el diálogo se establece cuando viene el ministro de Justicia a la Corte, o algún otro ministro. A veces es necesario conocer la importancia económica o la trascendencia político-institucional de las decisiones o temas en conocimiento de la Corte. Pero no conocerla por los diarios, que siempre mienten.
–El Gobierno se queja por los fallos en materia previsional que viene dictando esta nueva Corte.
–Que vengan a explicar a la Corte cuáles son las consecuencias. Por mi parte, les habría dicho que es un problema político que debe resolver el Congreso, por ley, y el Poder Ejecutivo. Se deberían dictar leyes de cumplimiento posible. No pueden decir que porque la Corte ordena pagar el 82 por ciento las cajas se van a ir a la ruina, cuando es la ley del Congreso la que obliga a pagarlo.
–¿La Corte debe adaptar sus decisiones a las circunstancias o debe prevalecer el análisis jurídico?
–Tiene que prevalecer el criterio jurídico, pero hay que saber cuáles son las consecuencias de una decisión jurídica y para eso hay que hablar.
–Cuando usted en los ochenta convalidó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ¿no lo hizo para responder a una necesidad política?
–No, lo hice porque entraba en las facultades del Congreso dictar amnistías. Esas leyes fueron una especie de amnistía, como lo dijo claramente en su voto de aquel momento el doctor (Enrique) Petracchi.
–¿Las dificultades de diálogo que usted señalaba influyen en que la Corte no haya dado una solución definitiva al tema de la pesificación?
–En este caso creo que no. Es un tema de la Corte, donde hay quienes sostienen la dolarización. El que no quiere darse cuenta de cuáles son las consecuencias de la dolarización es porque no quiere. Hubo medidas que tuvo que adoptar el Gobierno para salvar al país de la ruina económica y hasta ahora lo va salvando. No creo que sea misión del Poder Judicial entorpecer o dificultar la política económica del Poder Ejecutivo. No estamos en el Gobierno de los jueces sino de los poderes políticos.
–¿Por qué lo dice?
–Por los excesos del fuero contencioso administrativo y también porque la Corte desde febrero de 2002 estuvo en una campaña para derribar al gobierno de Duhalde.
–Puertas adentro de la Corte, ¿era algo explícito?
–Bastante explícito. Decían que temían el juicio político. Uno de los miembros de la Corte, cuyo nombre no daré, dijo “un juicio político dura seis meses, a ver cuántas cosas le podemos hacer en seis meses”, refiriéndose al presidente.
–¿Usted creyó que aquella ola de juicios políticos lo podía arrastrar?
–No, ¿por qué a mí?
–Lo dice porque usted avalaba las medidas económicas...
–Justamente, no me iban a echar a mí. Era un disparate.
–Y ¿con este gobierno pensó que le podían hacer juicio político?
–No. Echar a un jurista de la Corte sería una barbaridad. Sé que había un pequeño de diputados que me quería perjudicar, pero no prosperó.
–¿Qué opina del gobierno de Kirchner?
–Que gobierna poco. Con la salvedad de que el que dirige la política económica es el ministro de Economía, y bien o mal ha sacado a flote al país, fuera de eso no veo nada. Al contrario, se ha sembrado la anarquía en las calles. No se trata de contener la protesta, sino que impidan que se transforme en delitos del Código Penal.
–¿Por qué la Corte no se pronunció sobre el derecho a la protesta?
–Había un caso antiguo para tratar, pero no era muy adecuado, podía estar prescripto. Además, la Corte tiene nueve miembros y a veces no se sabe por qué demora un expediente.
–¿Cómo evalúa el uso de los decretos de necesidad y urgencia?
–Es un uso abusivo, de este gobierno y de los anteriores. La Constitución establece requisitos bien claros. Debe haber realmente necesidad y urgencia, es decir, la imposibilidad de seguir los carriles normales de sanción de las leyes.
–¿Kirchner tuvo la intención de formar una Corte propia?
–No lo sé. Se le presentó una oportunidad histórica de integrarla de otra manera. También se le presentó la oportunidad de reducir el número de miembros y no sé si va a aprovecharla.
–¿Por qué cree que hay que achicar la Corte?
–Para posibilitar el trabajo. Cuantas más personas deben expedirse sobre un mismo tema, más grandes las demoras. Desde el noventa, cuando se amplió la Corte, fue notorio el aumento de las demoras.
–¿Fue bueno terminar con la mayoría automática?
–Cualquier mayoría automática es perjudicial. Pero esa mayoría tampoco nació en 1990, sino en 1947, con el primer juicio político a la Corte para sustituirla por miembros del partido oficialista. Ese episodio destruyó la continuidad que debe tener la Corte para pasar por encima de los cambios de gobierno. Golpes militares o juicios políticos determinaron que se aproximara casi siempre a las ideas dominantes en los poderes políticos.
–¿La Corte actual cambia esa tendencia?
–Puede ser, no la veo identificada con el Gobierno. En los asuntos que más interesan a la política de gobierno votaron en contra.
–Cambió la Corte. ¿Hay que renovar el fuero federal?
–Hay que investigar si algunos de los jueces federales recibían sobresueldos y si se han enriquecido.
–¿Lo dice porque tiene pruebas o indicios?
–De los sobresueldos no tengo pruebas, pero todo el mundo lo decía.
–¿Y tiene datos sobre el patrimonio de los jueces federales?
–No. Lo que puedo decir es que hay dos miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor (Beinusz) Szmukler y la doctora Marcela Rodríguez, que están empeñados en limpiar el Poder Judicial de elementos perniciosos. Pero no han logrado la mayoría necesaria para acusar.
–Es el problema de los cuerpos integrados por políticos y jueces.
–Sobre todo jueces. Los jueces tienden a proteger a los jueces.
–¿En la Corte hubo sobresueldos o sobornos?
–Quiero creer que no, pero no sé. No he visto que ninguno de los miembros de la Corte se haya enriquecido mientras estuvo acá.
–Julio Nazareno tiene un investigación por enriquecimiento.
–Me parece un disparate. Estoy seguro de que no se enriqueció. No conozco el patrimonio de los demás. Y las declaraciones juradas por supuesto que no sirven para nada. El que decide enriquecerse ilícitamente oculta el origen de las cosas, no las tiene a su nombre.
–¿Es en vano la discusión sobre si hacer públicas o no las declaraciones juradas de los jueces?
–No hay cosa más inútil. Incluso difundir las declaraciones juradas puede perjudicar, al dar a conocer la vida privada o el domicilio de los jueces. Los jueces en lo criminal dictan condenas severas y se los estaría exponiendo a la venganza. Tampoco sirven las leyes de ética. La ética se tiene o no se tiene, nadie la va a aprender leyendo la reglamentación.