La Sala IV de la Cámara de Casación logró paralizar nuevamente un Juicio por la Verdad. Tal como hizo hace dos años con la investigación que se realiza en Bahía Blanca, el viernes pasado ordenó al Tribunal Oral de Mar del Plata que le envíe el original completo de la causa en la que se intenta establecer el destino de los desaparecidos de la ciudad balnearia. Casación hizo el pedido en base a un reclamo de la Armada, que se quejó porque se prohibió modificar el lugar donde funcionó un centro clandestino de detención.
En febrero de este año, el Tribunal Oral marplatense, compuesto por Roberto Falcone, Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, realizó una inspección al predio donde durante la dictadura estaba instalada la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y se montó un centro clandestino de detención. Actualmente, el lugar, ubicado en la zona del faro, está a cargo de una empresa privada –a la que la Armada lo cedió en concesión– que instaló sobre la playa un parque de diversiones. Los organismos de derechos humanos reclamaron ante el gobierno municipal que el sitio se destinara al recuerdo de los crímenes cometidos por la dictadura. Paralelamente, se pidió al tribunal que dictara una medida de “no innovar” para que el lugar no pudiera ser modificado. Luego de que Falcone, Portela y Parra acordaran con este reclamo, la Armada apeló ante la Cámara de Casación. Para resolver este incidente, la Sala IV de ese tribunal reclamó, el 15 de mayo pasado, que el original de la causa completa fuera traído a Buenos Aires. Esto implica en la práctica la suspensión de las audiencias públicas que se realizan todas las semanas y de las que participan más de cincuenta instituciones sociales, religiosas, culturales, estudiantiles, gremiales y profesionales.
“Llama la atención que este pedido surja luego de haber quedado detenido y haber comenzado una causa penal contra el represor del centro ‘La Cueva’, que funcionaba en la base aérea de esta ciudad”, aseguró la presidenta de la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, Antonia de Segarra, de Abuelas de Plaza de Mayo.
La mujer se refería al suboficial Gregorio Molina. Este hombre se presentó a declarar el 6 de mayo pasado y fue reconocido por dos mujeres como un torturador y violador de “La Cueva”, donde se escondía bajo el alias de “Charly”. Las víctimas de Molina lo señalaron como uno de los responsables de los asesinatos de Jorge Candeloro y Norberto Oscar Centeno, dos de los abogados desaparecidos en La Noche de las Corbatas.
El Tribunal Oral marplatense consideró que Molina debía ser investigado penalmente, sin las restricciones que tienen los juicios basados en el derecho a la verdad. Por lo tanto, lo denunció ante un juez de primera instancia. Nueve días después de este hecho, la Cámara de Casación reclamó el expediente.
Segarra, junto con Rodolfo Antonio Díaz, presidente del Colegio de Abogados local; Gustavo Daleo, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Juan Carlos Wlasik, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), vendrán a Buenos Aires para reclamar con un escrito la “pronta devolución” de la causa. “Calificamos de injustificada la dilación en la medida en que la permanencia de las actuaciones principales en esta Cámara de Casación puede ser adecuadamente reemplazada por copias certificadas de la misma que la propia Cámara puede obtener”, se asegura en el documento que se presentará ante Casación.
Los jueces Gustavo Hornos, Amelia Berraz de Vidal y Ana María de Durañona y Vedia, de la Sala VI de Casación, tomaron una medida idéntica en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca. En esa ocasión –y en plena manifestación de “preocupación” del Ejército por el avance de estos procesos– hicieron lugar a un recurso de queja presentado por el tenientecoronel en actividad Julián Oscar Corres, que fue denunciado por falso testimonio. Como ahora, no reclamó sólo el fragmento relevante sino toda la causa, que se había iniciado en 1986 y tenía más de diez mil hojas. El tribunal de Casación dispuso luego que los militares que sean llamados a declarar en los juicios en los que se investiga el destino de los desaparecidos no sean obligados a comprometerse a decir la verdad.
La nueva medida de Hornos, Berraz de Vidal y Durañona y Vedia, es, para los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, un intento por “enfriar” la causa. “No puede sino ser pretexto para, una vez más, impedir que la Justicia avance en el esclarecimiento de los hechos ligados a la represión ilegal”, señalaron en un comunicado Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Familiares de Desaparecidos, HIJOS, Asociación de Ex Detenidos, APDH y Teatro por la Identidad.