Ya es un clásico. En un rincón, la privatizada más incumplidora de una larga lista de privatizadas incumplidoras. En el otro, el ministro encargado de llevar adelante la intrincada renegociación contractual. El viernes un duro intercambio sacudió la modorra de los espectadores. La empresa francesa Suez, controlante de Aguas Argentinas, anunció que recomendará a sus directores y accionistas rescindir el contrato que la liga a la empresa argentina. En diálogo con Página/12, Julio De Vido asegura que no lo considera un fracaso e intenta mostrarse fuerte ante las presiones. “Estamos renegociando 61 contratos y el de Aguas es el único que no llegó a buen puerto”, dice, antes de reafirmar que “el Estado no está indefenso” y que ya tienen preparadas estrategias jurídicas para enfrentar los posibles reclamos de Suez ante tribunales internacionales. También se preocupa por tranquilizar a los usuarios ante una eventual retirada de los franceses. “El servicio está garantizado”, asegura, con el mismo tono con el que afirma que después de las elecciones “no va a haber aumento de tarifas más allá de lo que es de público conocimiento”.
–¿El Gobierno convocará a Suez a una nueva ronda de negociación o ya no hay vuelta atrás?
–La negociación no la rompimos nosotros. Si ellos quieren volver a conversar, nosotros estamos dispuestos. Nuestra voluntad es buscar un acuerdo. Además, nunca estuvimos tan cerca como esta semana.
–¿Y qué pasó?
–La negociación se trabó cuando discutíamos la remuneración del capital regulatorio. Es decir, cómo amortizaban las inversiones realizadas. Ellos pedían un 9 por ciento y nosotros ofrecíamos un 7. Se podía llegar a un acuerdo. El punto más complejo era quién asumía una deuda con el BID de un crédito que fue transferido a Aguas Argentinas cuando asumió la concesión. Ellos pidieron que el Estado se hiciera cargo de ese préstamo, que originalmente fue de 150 millones de dólares y hoy debe rondar los 300 millones por la carga de intereses. Ni Lavagna ni yo aceptamos. El Estado no puede pagar las deudas de otro.
–¿Cómo sigue la relación con la empresa?
–Hay dos alternativas. Ellos pueden mandar de nuevo a los negociadores o pueden comunicar el retiro de la concesión. Si ocurre esto último, encararemos el proceso de reemplazo como corresponde. El Estado no está indefenso. Tenemos elementos para garantizar el servicio. Ellos tienen que cumplir con cláusulas contractuales que los obligan a permanecer 90 días al frente de la administración y operación de la empresa y un año sólo como operadores. Si se van, no es que se llevan los caños. Tenemos los técnicos, la infraestructura y la voluntad de invertir.
–Si el Gobierno tiene todo eso, ¿por qué no estatiza la empresa?
–Porque el camino que hemos elegido es como el del caso Edenor, adonde se fue Electricité de France y entró el Grupo Dolphin. La idea es tener un operador privado que pueda maximizar su capacidad operativa y de administración. Después de un período de transición, relicitaremos la compañía.
–La provincia de Buenos Aires reestatizó el servicio después de romper con Azurix y la experiencia resultó positiva.
–Nosotros creemos que la presencia de un operador privado es saludable porque enriquecerá con inversión propia los aportes de recursos que haga el sector público. No es por desconfianza en el personal, sino para generar nuevos ingresos de capital.
–¿Por qué el Estado tiene que poner plata en la compañía?
–En todo el mundo las empresas de agua tienen fuertes aportes del Estado, porque de lo contrario los cuadros de resultado dan todo el tiempo negativos. Nosotros le habíamos manifestado a Suez que íbamos a incorporar 350 millones de pesos por año durante los próximos tres para la expansión de la red, más 120 millones por año para mantenimiento.
–¿Por qué el Gobierno le da tantas oportunidades a la privatizada con más incumplimientos de contrato?
–Tenemos que cumplir la ley que nos obliga a renegociar el contrato y debemos pasar todas las instancias. Cuando negocio no hago una evaluación de cómo fue el comportamiento de la compañía. Si se retiran, haremos la evaluación y definiremos cuál será nuestra estrategia hacia la empresa, que por ahora no puedo hacer pública.
–¿Le sorprendió la interrupción de las negociaciones?
–Hay pocas cosas que me sorprenden. Fue una decisión empresaria. Pero el Estado no está con los brazos caídos y responderá con toda la energía a los distintos movimientos que pueda hacer la empresa. Si nos plantean que se van y, como en el caso de Edenor, nos informan que arreglaron con otro operador que cumpla con lo que le pedimos, nos damos la mano y a otra cosa.
–Una versión indica que la estrategia de Suez es romper el contrato para apostar todo a un juicio multimillonario en el Ciadi.
–Puede ser una posibilidad. En la negociación avizorábamos que Suez iba a plantear que cambiáramos lo que les habíamos hecho firmar a las demás privatizadas, que es su renuncia a los juicios en el Ciadi. Todavía no habíamos llegado a hablar del tema, pero era un punto en el que seguramente íbamos a encontrar dificultades.
–¿Habla en pasado porque ya no cree que pueda haber un acuerdo?
–Me guío por los tiempos verbales que Suez utilizó en el comunicado de prensa en el que informó que recomendarían al directorio de Aguas Argentinas dejar la concesión. La voluntad del Gobierno es cumplir a rajatabla con la ley que nos obliga a renegociar los contratos.
–¿Se analiza un posible juicio a la empresa?
–Tenemos estrategias jurídicas que ahora no puedo comentar. Desde que nos enviaron una nota diciendo que en 30 días podían decidir anular el contrato (el 7 de agosto) estamos haciendo consultas para evaluar nuestra respuesta.
–¿El FMI sigue presionando en favor de Suez?
–Más que del FMI, las presiones fueron fronteras adentro. Basta con leer algunas notas periodísticas, algunos editoriales de los domingos. A nosotros no nos conmueven.
–¿El Gobierno ya tiene candidatos para reemplazar a Suez?
–Hubo grupos privados que sondeó la propia empresa, pero con nosotros no hubo ninguna tratativa formal. No podemos indicarle a Suez con quién tiene que arreglar. Desconozco las negociaciones que ellos puedan estar llevando adelante.
–¿El Gobierno tuvo contactos con grupos locales, como Roggio, Techint o Jorge Brito?
–No, en todo caso habrán sido contactos de la empresa. Ellos estuvieron sondeando.
–¿Qué pasará con las tarifas?
–La evolución de la tarifa depende del monto de la inversión estatal. No habíamos empezado a negociar ese punto. Recién el último mes tuvimos por primera vez números creíbles del funcionamiento de la empresa. Habíamos llegado hasta ahí, pero no a hablar de tarifas.
–Se dice que a nivel técnico la Uniren había cerrado el acuerdo de un aumento del 25 por ciento y que Kirchner lo bajó.
–Kirchner no participó en absoluto de la cuestión tarifaria. Hablamos de costos, ingresos y egresos y eso daba una determinada ecuación que había que cubrir con aportes del Estado o con suba de tarifas.
–¿El Banco Nación podría conceder un crédito a la empresa para ayudarla a repagar su deuda con el BID y la Corporación Financiera Internacional?
–Esa fue una hoja de la negociación que ya había quedado atrás. Suez nos pidió consolidar su deuda en un banco argentino con un crédito en pesos. Dijimos que no y lo aceptaron. También nos habían pedido bajar las garantías y desligarse de todos los juicios que les iniciaron los usuarios. A todo le dijimos que no y ya había quedado superado.
–En mayo de 2004, cuando el Gobierno y la empresa firmaron un acuerdo transitorio, Kirchner puso a Aguas Argentinas como ejemplo frente a las demás privatizadas. ¿Qué pasó desde entonces?
–Lo que pasó fue que muchas de las demás empresas avanzaron, renunciaron al Ciadi, aceptaron cuadros tarifarios razonables y nuevos modelos regulatorios, mientras que la relación con Aguas no evolucionó en el mismo sentido. Más que un fracaso de la negociación, lo considero un cambio en la voluntad negociadora de la empresa.
–¿Cuál debería ser una rentabilidad razonable para la empresa de agua?
–Tiene que ser de un 7 u 8 por ciento sobre las inversiones realizadas. Eso fue lo que le ofrecimos a Suez hasta el final de la concesión, en 2023. En un capital regulatorio de 1800 millones de dólares les propusimos una amortización de ese orden.
–Especialistas en servicios públicos recomiendan terminar con el modelo de un sólo operador para el servicio de agua y cloacas.
–La empresa seguirá integrada como hasta ahora. No permitiremos la partición. Es central que no se rompa la estructura de negocios. Si se disgrega la compañía, se pierde la dimensión del negocio y la capacidad de acción del Estado, porque en lugar de actuar en un sólo frente debería moverse en varios. La Argentina se cansó de partir unidades de negocios que hubieran sido rentables. Es una decisión estratégica mantener la concesión tal como hasta ahora.
–El servicio es muy deficiente en amplias zonas del conurbano y hay graves problemas con las capas freáticas, ¿cómo se solucionará?
–Eso es resultado de la política de los ‘90, con renegociaciones de contrato muy cuestionables. Uno de los privatizadores de Obras Sanitarias, Eduardo Ceballos, después se convirtió en presidente del Etoss. Hubo una política de abandono y hoy Aguas Argentinas tiene una deuda inconmensurable con miles de vecinos. Tenemos una bomba de tiempo del otro lado de la General Paz. El Gobierno está trabajando fuertemente para desactivarla, con inversiones por 1000 millones de pesos este año y otros 1000 millones en 2006.