Seis represores acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército ya están camino a un juicio oral y público que se realizaría el año próximo. Así lo resolvió el juez federal Daniel Rafecas en una de las megacausas sobre los crímenes del terrorismo de Estado que fueron reabiertas en el 2003 después que el Congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida. El ex agente de la Policía Federal Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, y cinco militares tendrán que dar la cara ante la sociedad por las aberraciones cometidas.
Juan Antonio del Cerro, un ex agente de la Policía Federal que actuaba bajo el alias de “Colores”, “interrogaba a los detenidos y era especialista en la aplicación de corriente eléctrica como tortura”, describió el juez Rafecas. “Integraba las denominadas patotas encargadas de realizar los secuestros”, precisó. Del Cerro actuaba en los centros clandestinos de detención El Atlético, El Banco y El Olimpo. Está acusado del delito de imposición de tormentos en siete ocasiones, el mismo por el que van a juicio los represores Héctor Gamen, Pedro Durán Sáenz, César Comes, Hipólito Mariani. A Alberto Pedro Barda se le imputa homicidio agravado por alevosía en dos hechos. Eran parte de la plana mayor del Primer Cuerpo del Ejército, que encabezaba Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, quien murió este año.
Los seis encaminados a juicio estaban con prisión preventiva rigurosa –que dispuso la Cámara Federal en 1987– cuando fueron sancionadas las leyes de impunidad que clausuraron los juicios contra los militares. La nulidad de esas normas dictada por el Congreso posibilitó la reapertura de esos expedientes. Los represores volvieron a prisión. En el caso de Suárez Mason, el juez Rodolfo Canicoba Corral –que estuvo un tiempo a cargo de la causa– declaró la inconstitucionalidad del indulto. Este año, la decisión de la Corte Suprema de invalidar el punto final y la obediencia debida reafirmó la continuidad de los procesos contra represores.
La elevación a juicio oral de una parte de la causa judicial del Primer Cuerpo había sido solicitada en diciembre del año pasado por el fiscal Federico Delgado y organismos de derechos humanos. El expediente abarca, en total, a 32 represores. La investigación, además, sigue abierta por otros hechos. Las querellas ejercidas por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han acusado a los represores también el delito de privación ilegal de la libertad reiterada.
Un debate oral y público no sólo expondrá a los responsables de las atrocidades de la última dictadura. También llevará a reconstruir ante los ojos de la sociedad el accionar de la represión en los centros clandestinos donde actuó Del Cerro, también en el Vesubio –donde Gamen y Durán Sáenz tenían funciones jerárquicas– y otros ubicados en Merlo, Moreno, Morón, Campana, Zárate, Avellaneda y Quilmes. Ahora, la Cámara de Casación Penal deberá sortear qué tribunal oral quedará a cargo de esta causa histórica.