Los legisladores porteños que investigan la responsabilidad de Aníbal Ibarra en el incendio de República Cromañón no se expidieron acerca de las recusaciones del jefe de Gobierno contra varios de ellos y convocaron a la Sala Acusadora a reunirse mañana para tomar allí una decisión final al respecto. La demora en la definición de esos planteos llevó a posponer también el pronunciamiento sobre las nulidades y las medidas de prueba que solicitó Ibarra. Molestos por ambas decisiones, los familiares de las víctimas presentes en la Legislatura protagonizaron algunos incidentes y uno, incluso, amenazó con “boletear” a los hijos del jefe de Gobierno.
La reunión de ayer de la Comisión Investigadora que debe elaborar el dictamen que Sala Acusadora tomará de base para resolver si corresponde o no enjuiciar a Ibarra fue la primera desde la llegada a la Legislatura del descargo del jefe de Gobierno. A partir de ese escrito hay un par de temas pendientes de resolución: por un lado, Ibarra promovió en el marco de su defensa la nulidad de tres de las acusaciones que le hicieron –que no serán aceptadas– y pidió la ampliación de pruebas y testimonios; por otro, recusó a seis de los legisladores que deben formular la acusación.
Los cuestionados son: Jorge Enríquez, Rubén Devoto, Jorge Sanmartino, Ariel Schifrin, Martín Borrelli y Alvaro González.
De lo dicho por los legisladores quedó claro que las recusaciones no prosperarán, ya que hubo coincidencia en que no corresponden en los casos de juicio político. Algunos, como Devoto, sostuvieron que Ibarra es un “autoritario y caradura” que así “intenta impedir que los legisladores realicen su función”; otros como Schifrin recurrió a fundamentos técnicos y explicó que “se puede recusar al que juzga, pero no a los que acusan porque su función se asemeja a la de un fiscal que actúa en la justicia ordinaria”. El representante del ARI en la Comisión, Fernando Melillo, agregó en esa línea que “el que acusa naturalmente emite opinión”.
La decisión de que el pronunciamiento sobre las recusaciones surja del pleno de la Sala Acusadora obedece a una cuestión de procedimiento y al celo que los legisladores quieren ponerle al proceso para evitar que después pueda ser tildado de nulo e inconstitucional por Ibarra. “Es para que no haya después inconvenientes al momento de votar la acusación”, precisó el macrista que preside la Comisión Investigadora, Marcelo Godoy.
Las explicaciones de Godoy no lograron calmar los ánimos de los familiares de las víctimas, quienes llegaron temprano a la sala de reuniones e instalaron carteles con leyendas como “Piensen 194 veces antes de votar” y “La justicia es como la serpiente, pica a los descalzos”. “Yo perdí dos sobrinas en Cromañón y ahora voy a ‘boletear’ a los hijos de Ibarra, para que conozca el dolor, después me ‘como’ la cárcel y no me importa”, le gritó en la cara al mismo Godoy uno de ellos. Otros tildaron a los legisladores de “corruptos”.
Otro elemento presente en la reunión fue la sospecha de muchos –incluso legisladores– de que el proceso de juicio político está cada vez más politizado en función de las conveniencias electorales de cada uno de los protagonistas. El escenario que en la Legislatura se le ofrece a los familiares de las víctimas también es motivo de suspicacias.
La Comisión Investigadora dejó para el próximo viernes la definición en torno a las medidas de prueba y los testigos pedidos por Ibarra. Según anticipan, en general le serán concedidos, pero la política también se mezclará en ese punto. Por ejemplo, Ibarra pidió el testimonio del ministro del Interior, Aníbal Fernández, como responsable de la Policía Federal y ya se habla de su eventual citación a la Legislatura. Los ibarristas aclararon que la idea es que declare por escrito y atribuyen la versión de su convocatoria a una maniobra del macrismo para sembrar discordia con sus socios kirchneristas, cuyo apoyo le garantizaría a Ibarra la continuidad en su cargo.