Vie 16.09.2005

EL PAíS

Los sanitaristas opinan sobre el conflicto

JOSE ESCUDERO *.
“Por una política keynesiana”

Ante todo convendría desagregar los sectores, muy heterogéneos, que se sumaron al paro: no son lo mismo los representantes de sistemas privados que buscan ser subsidiados por el Estado, que los trabajadores de la salud que quieren mejores condiciones laborales. Lo importante es que se haya vuelto a hablar en la Argentina de algo que el ministro Ramón Carrillo sostuvo desde 1946, y que fue desbaratado en décadas posteriores: un sistema de salud gratuito pagado por rentas generales de la Nación.
A partir de la enorme recaudación actual del Estado, es factible y necesario aplicar, por lo menos, una política keynesiana de gasto social, como de hecho se está haciendo en Educación, donde se plantea aumentar la oferta de educación gratuita para sectores postergados. En salud, en cambio, el Plan Federal o el Plan Remediar se financian mediante el endeudamiento internacional, que incluye altísimos porcentajes para consultores; aseguran una clientela cautiva para laboratorios que de otro modo no venderían sus medicamentos, y aplican un modelo norteamericano, subsidiando a las personas para que compren salud en el mercado.
Con una pequeña fracción de lo que se invierte en el Plan Remediar se podría poner en función un sistema público importante de producción de medicamentos. En la Argentina, un tercio del gasto en salud se dedica a medicamentos; internacionalmente este gasto no supera la cuarta parte del total: Y lo monstruoso es que la mitad del gasto sale del bolsillo de la gente. En todos los países centrales, excepto Estados Unidos, el acceso a la salud es financiado por el Estado, ya que es considerado un derecho universal.

* Sanitarista. Profesor titular en las universidades de La Plata y Luján.



ALDO NERI *.
“No hay un proyecto global”

Con la actual recuperación de la economía, junto con cierto alivio, se renueva la pugna distributiva entre distintos sectores, y algo de esto se manifestó en este paro: los prestadores de salud han tenido un retraso en los aranceles, así como ha habido retraso salarial en los sectores público y privado. Ciertamente, la más perjudicada ha sido la ciudadanía: hace 15 años, el 70 por ciento de la población tenía cobertura social, y hoy apenas el 50 por ciento.
El problema es en qué marco de funcionamiento del sistema de salud se da esta pugna. El Gobierno ha tenido buenas iniciativas, como el desarrollo de un mercado de genéricos, el Programa Remediar, la acción en salud reproductiva y tabaquismo, pero no se han buscado reformas estructurales a la organización de los servicios asistenciales en general. Mientras no haya un proyecto global, va a ser muy difícil solucionar los problemas más allá de las crisis de coyuntura.
Ese proyecto debería basarse en dos leyes, que existen pero sólo muy parcialmente se han aplicado y constituyen los únicos dos intentos de integración del sistema: la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, de 1974, y la del Seguro Nacional de Salud, aprobada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Muchos artículos de ambas leyes nunca llegaron a reglamentarse.
Hoy el sistema está absolutamente fragmentado. Cada provincia hace lo que quiere o puede, y las obras sociales tienen un altísimo nivel de autonomía, y resultan muy desiguales. El sector privado es una jungla donde la atención de primera calidad queda limitada a los grupos con más capacidad de pago. La integración debiera otorgar a la población derechos garantizados, permitiendo que la totalidad tenga, digamos, el “carnecito” que ahora sólo llega al 50 por ciento.

* Diputado nacional y ex ministro de Salud.



JORGE HEUMAN *.
“Funciona como un mercado”

El paro ha tenido fundamento porque, sin perjuicio de aspectos positivos como la prescripción de medicamentos por nombre genérico y la defensa de los derechos a la salud de la mujer, el acceso de la población a la salud no ha tenido cambios reales, como no los ha tenido la regulación del mercado de la salud por parte del Estado.
De todos modos, hay que anotar que los profesionales de la salud en la Argentina han levantado, con justicia, las banderas propias de su dignidad profesional, pero no en igual medida las de la salud pública: se inquietan si hay cinco médicos menos en un servicio, pero no los inquieta tanto que la gente tenga que ir a las cinco de la mañana a buscar turno en los hospitales. En cambio, los docentes han logrado poner en el mismo nivel y ante la opinión pública la lucha por sus reivindicaciones y por la escuela pública.
El hecho es que el mercado de salud en la Argentina funciona igual que cualquier mercado, pero la salud no puede ser un producto de mercado: al Estado le compete saber qué se está haciendo en un sanatorio o en un prepago. Se hacen públicos reclamos de los usuarios, pero no hay suficiente presencia estatal en las condiciones para cada prestación.
Esto se inscribe en un desentendimiento global del Estado, cuyo mejor ejemplo es el tratamiento de la emergencia médica. Por ejemplo, hay sectores enteros del Conurbano, como Dock Sud o el Barrio Don Orione, que están privados de asistencia en emergencias. Porque las ambulancias privadas no entran en esos barrios y porque el Estado delegó las emergencias en el sector privado. Hacerse cargo de las emergencias de un ciudadano que vive en Dock Sud debe ser tema del Estado.

* Sanitarista. Integrante de Salud Solidaria y ex miembro del equipo de Floreal Ferrara en la provincia de Buenos Aires.

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