La Legislatura porteña aceptó ayer sólo algunas de las medidas de prueba y los testimonios que Aníbal Ibarra solicitó como parte de su defensa en el proceso de juicio político que se le sigue por el incendio de República Cromañón. Los testigos propuestos por el jefe de Gobierno que fueron aceptados por los legisladores –entre ellos el ministro del Interior, Aníbal Fernández– empezarán a prestar declaración ante la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora el próximo miércoles. Ibarra, en cambio, no consiguió que prosperaran algunas pericias que requirió ni tampoco las nulidades que planteó. En el Ejecutivo no descartan la posibilidad de recurrir, llegado el momento, al Tribunal Superior de Justicia si consideran “lesionado” el derecho de defensa.
El camino para definir qué pruebas y testigos pedidos por Ibarra serán tenidos en cuenta quedó allanado después de que la Sala Acusadora resolviera que ninguno de sus 45 miembros está impedido de seguir participando del proceso contra el jefe de Gobierno. Además de requerir diversas medidas probatorias, en su descargo Ibarra planteó la nulidad sobre tres de los cargos que le imputan y recusó a seis legisladores.
En su primera reunión tras el ingreso del descargo del jefe de Gobierno a la Legislatura, la Comisión Investigadora prefirió no expedirse sobre las medidas propuestas por Ibarra ni sobre las nulidades que planteó y dispuso que la Sala Acusadora en su conjunto debía primero pronunciarse acerca de las recusaciones para no dar lugar a eventuales reclamos judiciales sobre la supuesta nulidad de lo actuado. La votación al respecto se concretó en una sesión celebrada anteayer y por amplia mayoría se confirmó la continuidad en el caso de Jorge Enríquez, Ariel Schifrin, Martín Borrelli, Alvaro González, Jorge Sanmartino y Rubén Devoto.
La reunión de ayer de la Comisión Investigadora fue presenciada otra vez por los familiares de las víctimas. Los legisladores no rechazaron las nulidades que planteó Ibarra, sino que resolvieron en todo caso tratarlas “oportunamente” y se dedicaron al análisis de las otras medidas impulsadas por el jefe de Gobierno. Los ibarristas y sus socios kirchneristas propusieron aceptar todo lo solicitado, la izquierda se pronunció por el rechazo total y el macrismo y el ARI impulsaron la posición intermedia que finalmente se impuso.
Ibarra solicitó la implementación de tres tipos de medidas probatorias: testimoniales, documentales y periciales. Entre personas e instituciones, el jefe de Gobierno pidió alrededor de 60 testimonios, aunque hubo algunos legisladores que interpretaron que la nómina llegaría a 300 si se incluye al grueso de policías y bomberos que intervinieron en la emergencia. Fueron aceptados unos 30 testigos, entre ellos Fernández –a quien se le dará la posibilidad de declarar por escrito–, los jefes de policía y bomberos que comandaron el operativo aquella noche del 30 de diciembre, dos familiares, un sobreviviente y alrededor de diez funcionarios porteños.
La prueba documental fue aceptada casi en su totalidad, pero no así la pericial. Ibarra pretende que se investiguen las comunicaciones telefónicas entre la legisladora María Eugenia Estenssoro y el ex titular del Hospital de Clínicas, Juan Antonio Mazzei, y entre la legisladora Fernanda Ferrero y el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena.