El caso paradigmático es el de Obdulio Malchiodi, un sacerdote que pronto va a cumplir 84 años y nadie sabe bien de qué se ocupa. Pero es apenas una muestra de las dificultades que encuentra la interventora del PAMI, Graciela Ocaña, para sacar de la obra social a agentes que hasta tienen causas judiciales, pero resulta que son intocables. Del padre Obdulio se dijo en algún momento que era secretario de Asuntos Espirituales, pero parece que hace quince años que no realiza tarea alguna. Gana 5000 pesos mensuales y Ocaña le pidió una y otra vez que renuncie y acepte el beneficio jubilatorio que tiene otorgado –el número 09-0-9085426-0– desde enero de 1985, hace 20 años. El no acepta jubilarse ni trabajar y lo insólito es que tampoco se lo puede despedir: hasta junio, el sacerdote fue delegado gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación, lo que le da inmunidad gremial hasta junio de 2006.
En el listado de agentes que maneja Ocaña hay un integrante del área de sistemas que le compraba insumos a una empresa cuya titular era la esposa. Una jueza, María Cristina Solves, admite en una resolución que el accionar de Héctor Villegas “no es una conducta transparente”, pero desestimó la acción de desafuero como delegado gremial, por lo cual Villegas sigue en su puesto. Hay también causas judiciales contra funcionarios que adjudicaron compras ortopédicas por contratación directa, agentes que les cobraban “20 o 30 pesos” a los jubilados para renovarles el carnet y directivos cuyas esposas manejaban empresas de ambulancias y sepelios.
Tal vez por su longevidad, el caso del cura Malchiodi es el que lleva más tiempo sin que se le haya podido encontrar la vuelta. Ya hace un año la revista TXT insistía en que el sacerdote se llevaba 3000 pesos sin trabajar. Ahora la cifra, en bruto, trepó a 5000. Malchiodi, que es de La Plata, es un hombre cercano al obispo conservador Héctor Aguer y lo fue también de los ultraconservadores Antonio Plaza y Emilio Ogñenovich. Desde el punto de vista político, siempre se lo ubicó cerca del menemismo, a tal punto que el inefable Víctor Alderete lo reincorporó después de un despido. Malchiodi tuvo cinco años más tarde otro traspié: la Alianza también lo despidió, pero como no hubo dinero para pagarle la indemnización hubo que reincorporarlo.
Las cosas se complicaron este año por varias razones. Malchiodi enfermó y pidió licencia en enero. Como establecen las normas, se le siguió pagando el sueldo de 5000 pesos hasta junio, es decir por seis meses. Ahora, hace dos que no cobra, pero cuando regrese de la enfermedad vuelve a recibir su sueldo. El otro hecho nuevo es que dejó de ser delegado en ese mismo mes de junio, aunque sigue teniendo inmunidad gremial hasta junio de 2006. En algún momento la gente de Ocaña evaluó la posibilidad de despedirlo dado que hace años que no trabaja –antes de enfermarse iba un ratito a su cómoda oficina de avenida de Mayo y Piedras– y teniendo en cuenta que no cumple función alguna, ni siquiera celebra misa. Sin embargo, un cálculo estimativo realizado por la intervención indica que hacen falta 180.000 pesos para pagar la indemnización, una erogación que Ocaña no está dispuesta a realizar. Malchiodi se niega a retirarse y cobrar su jubilación de 1800 pesos, porque obviamente prefiere los 5000 del sueldo. Por lo tanto, no se encontró hasta ahora otra forma de solucionar el diferendo que dejarlo en su puesto hasta junio de 2006, cuando se le vence la inmunidad.
La realidad es que se cuentan por centenares los litigios para sacar del PAMI a funcionarios de conductas más que dudosas. En algunos casos, Ocaña ya los despidió, pero todo termina en las arenas movedizas de la Justicia, donde no se sabe cuál será la resolución de algunos magistrados. En eso están, por ejemplo, los funcionarios de Recursos Humanos que avalaban horas extra por los que un solo empleado podía llegar a cobrar unos 10.000 pesos mensuales. Eso no se logra en un mes ni siquiera sin dormir.
No muy distinto es el caso del agente del PAMI que exigía dinero para la provisión de pañales o entregaba la mitad de la cantidad disponible. Otra funcionaria terminó cobrando cheques de la obra social que estaban destinados a terceros y en Formosa fue despedido otro que les cobraba a los jubilados de la comunidad wichi por realizarles trámites que eran absolutamente gratuitos. En el caso de las maniobras con material informático, la Justicia instruye una causa contra los integrantes de la Gerencia de Tecnología y Planeamiento. El empleado Héctor Villegas declaró que estaba separado, pero luego la investigación demostró que vivía con su cónyuge y que ésta era la titular de la empresa de insumos a la que se le compraba. Las facturas resultaron ser correlativas, lo que demostraba que la empresa se dedicaba esencialmente a venderle al PAMI, según parece gracias a la ventaja que significaba tener al marido trabajando allí. La Unidad Fiscal de Investigación que funciona dentro del PAMI y que está a cargo del conocido fiscal Carlos Stornelli denunció estos hechos, por los que los jefes fueron despedidos, pero Villegas sigue en su puesto amparado por el fuero gremial. Otro litigio judicial en trámite tiene que ver con los audífonos. La gestión de Ocaña adquirió por 150 dólares audífonos que antes se pagaban 350, a lo que se añade una causa judicial que se le sigue a un proveedor de audífonos por el delito de cohecho, es decir coimas.
El PAMI debería exigir un lugar en el libro Guinness de los records por tener como funcionario a uno de los delegados gremiales con más edad del país: 83 años, sacerdote y con una función laboral desconocida.