Los días del represor al mando de la escuela de policía de Jujuy se terminaron. Hugo Armando Ruiz, director del Instituto Superior de Seguridad Pública donde se entrenan los cadetes de policía jujeña, está de licencia obligada. Como publicó Página/12 la semana pasada, la regional jujeña de la agrupación H.I.J.O.S. había pedido su remoción ante el gobernador Eduardo Fellner y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de testimonios de ex detenidos y familiares que lo identificaron como un cuadro de inteligencia en la represión ilegal de la dictadura. Luego de varias semanas sin respuesta, finalmente el gobierno provincial se ocupó del tema. “Ruiz está separado de su cargo, con una licencia obligatoria de 15 días. Terminada la licencia, deberá dejar el cargo”, aseguró la secretaria de Derechos Humanos jujeña, María Elizabeth Eisenberg. Además, Ruiz deberá dar explicaciones ante la Justicia.
“Después de haber leído los informes de los organismos, se los hice llegar al gobernador. El tomó las medidas correspondientes hasta que se aclare la situación”, explicó Eisenberg en diálogo con este diario. La funcionaria remarcó que “el gobierno tiene la intención de que todo lo que ha pasado en esa época nefasta se aclare, pero eso depende de la Justicia”. Además, informó que pedirán que se lo cite en los Juicios por la Verdad que lleva adelante el juzgado federal de esa provincia. “Se ha solicitado que se lo llame a dar declaración. Hay testimonios que lo sindican, no como torturador, sino como una persona que tenía asiduo contacto con otros responsables (de la represión)”, describió Eisenberg.
En la denuncia presentada por H.I.J.O.S. se dieron a conocer distintos testimonios que lo sindicaban a Ruiz como la mano derecha del comisario Ernesto Jaig, uno de los principales responsables de la represión ilegal. Un ex detenido, Horacio Vale, lo vio en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Comando Radioeléctrico, donde fue torturado. Una familiar de un desaparecido lo recuerda a Ruiz como uno de los oficiales que tenía trato con los familiares de los presos. “Ellos eran los que decidían la suerte de los detenidos”, explicó en 1987 en su declaración frente a la Comisión Extraordinaria de la Legislatura (que funcionaba junto a la Conadep). Otro oficial de inteligencia, cuando declaró frente a la Cámara Federal de Tucumán en agosto de 1984, lo identificó a Ruiz como parte de un grupo de inteligencia y enlace entre el penal de Villa Gorriti y el Regimiento de Montaña 20, que dirigía el coronel Carlos Néstor Bulacios, otro de los principales responsables de la represión a nivel provincial. De la cárcel donde funcionaba ese grupo de inteligencia desaparecieron cerca de 15 presos políticos.
Ruiz se recicló en democracia y llegó a dirigir el ISSP, donde se mantuvo incólume hasta que llegó la denuncia de los organismos de derechos humanos. “Pensábamos que un gobierno que se dice de derechos humanos no podía seguir sosteniendo a esta persona. No podía ser, no podíamos soportar la impunidad de que siguiera en el cargo”, expresó María Eva Arroyo, de H.I.J.O.S., desde donde tuvieron que pelear durante meses para ser escuchados. “No es la primera vez que decimos estas cosas, pero al ser acompañados por otras organizaciones nacionales (Ex Detenidos Desaparecidos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre) pudimos lograr que nos escucharan”, remarcó, con la conciencia de haber aguijoneado, aunque sea un poco, la impunidad.

Informe: Werner Pertot.