Dos camaristas federales de Resistencia podrían quedar hoy a las puertas de un juicio político por haber liberado a diez represores que estaban presos por su responsabilidad en la Masacre de Margarita Belén durante la última dictadura militar. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobaría un dictamen que responsabiliza a María Beatriz Fernández y Tomás Inda de mal desempeño en sus funciones.
La denuncia contra los camaristas fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS del Chaco. Ellos plantearon que la resolución que liberó a los militares acusados fue irregular porque usaba un hábeas corpus para decir que el juez original del caso, Carlos Skidelsky, era incompetente y sus decisiones nulas. Los organismos sostuvieron que el debate sobre qué juez tenía que intervenir debía realizarse por otra vía, eran asuntos separados.
El fallo del tribunal de alzada estaba firmado por Fernández, Inda y Diómedes Rojas, quien falleció en julio de 2003. Inda presentó su renuncia en medio de las acusaciones, pero aún no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.
En marzo de 2003 el juez Skidelsky declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como consecuencia de esa decisión, ordenó las detenciones de los responsables de la masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron asesinados 22 presos políticos luego de haber sido torturados. Los represores detenidos presentaron un hábeas corpus a través del defensor oficial Carlos Pujol. Y finalmente la Cámara les dio la razón.
Según un dictamen acusatorio que elaboraron los consejeros Marcela Rodríguez, diputada del ARI, y Beinusz Szmukler, representante de los abogados, si los camaristas consideraban que Skidelsky era incompetente, tenían que haber puesto a los detenidos a disposición del tribunal que consideraban que debía actuar, que para ellos era la Cámara de Rosario. El documento de los consejeros deja entrever también que, por las características del fallo, los militares y policías involucrados obtenían su libertad sin que los familiares de las víctimas pudieran cuestionar la decisión. Además, señala, que al no imponer caución alguna permitía que se fugaran y se paralizara la investigación.
Inda fue ascendido a camarista en 1976. También está cuestionado por no haber investigado, desde ese cargo, la muerte de Néstor Sala, víctima de los fusilamientos de Margarita Belén. Otra de las acusaciones apunta a que debió haberse excusado al resolver la excarcelación de los militares porque había actuado como fiscal en una de las causas contra Sala.
Los consejeros que piden la remoción de Fernández e Inda sostienen que fueron responsables de una persecución contra el fiscal general de Resistencia, Jorge Auat, quien los había denunciado por prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) al insistir con un nuevo pedido de detención de los represores.
En abril de este año los jueces acusados declararon ante el Consejo de la Magistratura y dijeron que ellos se habían limitado a analizar si las detenciones eran legítimas. El dictamen que pedirá su destitución llevará junto con la firma de Rodríguez y Szmukler la de Lelia Chaya (PJ) y probablemente la del radical Juan Mínguez. El abogado Luis Pereira Duarte hizo un dictamen desestimatorio. Jorge Yoma no iría a la reunión y está en duda la postura del duhaldista Jorge Casanovas.