“Cáritas no está denunciando el programa de ‘Derecho familiar de inclusión social’ porque para nosotros el programa es bueno”, afirmó Jorge Berthet, miembro de la Comisión Nacional de Cáritas, aunque admitió que hay “inconvenientes que se están superando” y dio por cierta la existencia de una “carta interna” de la organización solidaria de la Iglesia Católica en la que el director nacional, Eduardo Serantes, informa a los representantes diocesanos que se “ha creado alguna confusión” porque “los políticos, al descubrir que no tienen en este programa posibilidad de manejo de la gente con punteros políticos, ni manejo de plata, están protestando, sobre todo los gobernadores, diputados y senadores, tratando de hacer maniobras y mandando malos mensajes a la prensa”.
La nota de Serantes –en realidad un memorando interno de la institución– que trascendió a los medios de comunicación a través de un cable de la agencia católica AICA responde, según lo señaló Berthet a Página/12, a “la obligación de informarle a nuestra gente sobre los inconvenientes que existen en un programa que para nosotros es bueno porque al plantearse como un derecho existen más garantías de que el dinero le llegue verdaderamente a quienes lo necesitan”.
Cáritas es uno de los doce miembros privados que integran, junto a tres representantes del Gobierno, el Consejo Nacional que supervisa el otorgamiento de los subsidios. Hasta el momento, de acuerdo con la información que obra en poder de Cáritas, “se inscribieron 1.040.000 personas pero hay además 500.000 inscripciones observadas”. Según Berthet de estas últimas inscripciones “algunas serán incorporadas al programa una vez que sean controladas y verificadas y otras serán definitivamente rechazadas porque no cumplen con los requisitos establecidos”. La confusión, a juicio de Cáritas, se plantea porque el nuevo programa da continuidad a uno “que ya existía, llamado Jefes I, con cupos y manejo político”.
“A nosotros nos preocupa la gente –siguió diciendo Berthet– y queremos que lo que es para la gente llegue a quienes lo necesitan sin ninguna quita ni merma”. En su carta a los responsables diocesanos de Cáritas el director Serantes incluyó también lo que considera “ventajas” del programa “Jefes de Hogar II”. Una de ellas es que “cada beneficiario tiene una oportunidad de acceder a una contraprestación (trabajo o capacitación)” y otra está en el hecho de que “tiene control social, en la conducción y en las bases” y en este último nivel interviene la “sociedad civil” a través de “los Consejos Consultivos Provinciales, Municipales y barriales”.
En las diferentes instancias “muchas diócesis y parroquias han optado por participar. Otras han decidido no participar”, informó Serantes.
La Iglesia Católica, a través de la Mesa del Diálogo Social, exigió transparencia en la entrega de subsidios y este es una de las razones por las que las contribuciones actuales se calificaron como derecho y se establecieron mecanismos de control destinados a evitar la manipulación política de los fondos. En Cáritas se admite que los 150 pesos actuales “es una cifra muy baja” pero es “un comienzo y al ser concebido como un derecho inalienable representa un quiebre con planes anteriores”.
Cáritas se encuentra actualmente en plena campaña de promoción de su colecta anual, que se celebrará el domingo 9 de junio bajo el lema “tu gesto de amor multiplica la esperanza”. Se conoció además que en los próximas días se hará efectiva una donación de un millón y medio de euros recolectados por Cáritas España con destino a la Argentina.