EL PAíS
› EMPIEZA UN PROCESO CONTRA UN MAESTRO
Juicio a una protesta
Eduardo Pereyra fue acusado por obstruir la vía pública durante un reclamo docente. Hoy empieza el juicio oral.
Eduardo Pereyra es docente de Educación Física desde hace veinte años. En junio de 2002 participó como prosecretario de Suteba en un acampe organizado por los docentes de la provincia de Buenos Aires para reclamar el recorte presupuestario que había dispuesto el gobierno de Felipe Solá sobre el sector. Las carpas permanecieron frente a la Dirección de Escuelas durante 120 días, ante lo que el fiscal Gabriel Sagastume entendió que se “estaba entorpeciendo el normal funcionamiento de las comunicaciones” y acusó a Pereyra por obstrucción de la vía pública. La causa llegó al Tribunal de Casación, que finalmente decidió elevarla a juicio oral. El proceso comienza hoy y recibió el repudio de numerosos sectores gremiales.
El 10 de junio de 2002 Suteba decidió instalar un campamento educativo para hacer dar marcha atrás el reajuste que el gobierno de Solá pretendía aplicar sobre el sector educativo. La medida, entre otros puntos, contemplaba un recorte de alrededor del diez por ciento a los salarios superiores a los 700 pesos. Las carpas fueron levantadas en el boulevard ubicado frente a la Dirección de Escuelas y por ellas pasaron distintas personalidades, que terminaron convirtiendo la jornada de protesta en un reclamo multisectorial, que incluyó hasta el pedido de cronogramas especiales de estudio para los beneficiarios de planes sociales.
Según recuerda Pereyra, el segundo día del acampe hubo un forcejeo con la policía y le tomaron los datos. Cuatro meses después recibió la denuncia del fiscal Sagastume, en donde lo acusaba de obstruir la vía pública. El cargo contempla una condena de hasta dos años de prisión. “En ningún momento cortamos la calle. Nunca recibimos una crítica ni de los vecinos ni de los comerciantes. Además miles de personas, entre docentes y representantes sociales, pasaron por el campamento. Sin embargo, ninguno de ellos enfrenta ningún cargo. Supongo que solamente yo estoy acusado porque fue a mí quien tomaron los datos”, concluyó Pereyra.
La medida fue rechazada por el juez de primera instancia, quien consideró que no se había cortado el tránsito con lo que el docente no había incurrido en ningún delito. Sin embargo, la decisión fue apelada por Sagastume y la Cámara de Casación decidió elevar la causa a juicio oral. “No entiendo este ensañamiento del fiscal. Lo único que puede significar es un intento de acallar la protesta social. La educación pública se debe resolver políticamente y no penalmente”, expresó Pereyra a Página/12, quien actualmente quedó a cargo de la Secretaría de Acción Social de Suteba.
Los representantes del sindicato alertaron sobre la dimensión que adquiere el caso, ya que estaría sentando un precedente contra las protestas sindicales. Hasta el momento el único antecedente es el de Marina Schiffrin, una docente de Bariloche que en septiembre de 2001 fue condenada por participar de un corte de ruta. La causa actualmente está en manos de la Corte Suprema, que aún no se ha expedido sobre el tema a pesar de que ya transcurrieron tres años. “El mismo gobierno provincial, al conceder un acuerdo, reconoció la legitimidad del reclamo”, evaluó el titular de Suteba, Roberto Baradel, en referencia a la conciliación que alcanzaron con el gobierno de Solá tras el acampe y con la que el recorte salarial sólo alcanzó a los sueldos superiores a los 1200 pesos. Para Baradel el pedido del fiscal se enmarca en un proceso más amplio que implica la penalización directa de la protesta. “Estamos cayendo ante un discurso hipócrita, que por un lado exige que los docentes busquen una acción alternativa al paro y cuando lo hacemos alguien es condenado”, concluyó.
Por su parte, la CTA organizó una jornada de movilizaciones que hoy incluirá una marcha desde la Legislatura provincial hasta los tribunales de La Plata. Mientras que ayer los docentes de Suteba participaron de una conferencia de prensa, donde presentaron un documento de repudio al proceso judicial, y lanzaron una campaña de recolección de firmas en todas las escuelas bonaerenses, que ya cosechó el apoyo de organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Serpaj, Cels y Abuelas de Plaza de Mayo.
Informe: Carolina Keve.