El “capítulo Baseotto” en las relaciones entre el gobierno argentino y el Vaticano tiene todavía muchas páginas por escribirse. Ayer, mientras el canciller Rafael Bielsa admitía que se armó “un grupo de juristas” para clarificar los alcances del tratado internacional –suscripto en 1957 y modificado en dos ocasiones posteriores–, en fuentes oficiales se negó de manera categórica que desde el gobierno argentino se esté impulsando una revisión del tratado internacional que regula sobre “la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”. La fórmula sobre la que se ha estado trabajando consiste en la designación de un obispo “coadjutor”, que reemplace en sus funciones efectivas al obispo castrense Antonio Baseotto pero sin sustituirlo formalmente. Esta, que en principio apareció como una salida aceptable para ambas partes, no tendría consenso en este momento en el Gobierno, razón por la cual las negociaciones continúan trabadas.
“Tenemos una diferencia de interpretación del acuerdo por el cual se crea el ordinariato militar”, dijo ayer Bielsa en declaraciones a una emisora de radio y admitió que “actualmente estamos discutiendo jurídicamente el asunto con la Santa Sede”. Las declaraciones del canciller dieron lugar a algunas interpretaciones en el sentido de que la Argentina estaría denunciando el tratado internacional de 1957, reformado en 1986 y en 1992, en este último caso para darle la condición de obispado castrense a lo que hasta entonces se conocía como vicariato castrense.
La “diferencia de interpretación” a la que se refiere Bielsa quedó de manifiesto desde el momento en que tras el entredicho con el ministro Ginés González García, el Poder Ejecutivo decidió el 21 de marzo pasado retirarle el reconocimiento a Baseotto como obispo castrense.
De hecho, para la Iglesia Católica, Baseotto continúa en plenitud en su condición de obispo más allá de que mediante el decreto 220/05 del 21 de marzo pasado el Poder Ejecutivo le quitó todo reconocimiento oficial. La aspiración del gobierno argentino era la de remover totalmente a Baseotto de su cargo después de que éste afirmara en una carta que “a quienes escandalicen a los niños deberían atarles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar”, en directa alusión al Ministro de Salud. Para el Poder Ejecutivo tal afirmación constituye una “alegoría de connotaciones muy fuertes en la República Argentina, que recuerdan los llamados ‘vuelos de la muerte’, reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos de aportar a la paz y la armonía o cuidado espiritual de las Fuerzas Armadas”. Para el Vaticano, en cambio, la pretensión argentina “no tiene fundamentos canónicos” y por lo tanto “no hay motivos” para desplazar a Baseotto. En medio de un clima tenso de las relaciones entre el Vaticano y Buenos Aires, en su momento la jerarquía de la Iglesia Católica llegó a advertir que podría acusar a Argentina por “violación de la libertad religiosa”.
Tras la primera escalada en julio pasado hubo nuevas conversaciones que se fueron encaminando hacia la salida negociada con el nombramiento de un obispo coadjutor, pero dicho trámite encontró nuevos obstáculos en agosto. El propio canciller Bielsa le habría transmitido entonces al obispo Giovanni Layolo, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, que esa no era una opción aceptable para el gobierno argentino. En el marco de la discreción que suelen tener las negociaciones diplomáticas, los diálogos de los últimos tiempos han tenido como interlocutores al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y al nuncio apostólico en Buenos Aires, el obispo Adriano Bernardini.
Para el Vaticano lo que está en juego es la autonomía de la Iglesia, a través de la figura del Papa, para designar los obispos. En cambio para el gobierno argentino lo que adquiere importancia es la defensa de posiciones que, en materia de derechos humanos, han sido eje de la política oficial y que se consideran vulneradas por las declaraciones públicas de Baseotto.
Para Bielsa como para el resto del Gobierno “monseñor Baseotto ha dejado de ser ordinario militar”, mientras que para la Iglesia el obispo sigue en funciones. De hecho, a ambas posiciones le cabe parte de razón. Baseotto continúa con sus funciones estrictamente pastorales y religiosas, celebra misa e imparte los sacramentos, pero se abstiene de toda presencia y actuación institucional que pueda provocar mayor irritación en ámbitos gubernamentales.
En el Gobierno la aspiración es encontrar una salida al “caso Baseotto” en el plazo más rápido posible y se plantean como meta que ello ocurra antes de fin de año. Para el Vaticano, en cambio, los tiempos pueden ser otros y no existiría premura para cerrar el episodio. En medio de ello habría que tener en cuenta también que en manos de la Santa Sede están también otras decisiones de importancia como son los nombramientos de los obispos de Rosario, Resistencia y Santiago del Estero. Todas estas sedes revisten, por distintas razones, importancia política de primer orden. Sin perder de vista que a mediados de noviembre se elegirá una nueva conducción de la Conferencia Episcopal, que seguramente será encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio.