Los accionistas de Aguas Argentinas fueron convocados a asamblea extraordinaria para el día de hoy, con el fin de aprobar la propuesta del directorio de la empresa de dar por concluidas las negociaciones con el Gobierno sobre las condiciones del contrato y abandonar la concesión. La rescisión, de la cual la empresa hará responsable al Gobierno por incumplimiento de contrato, será respondida por las autoridades nacionales en términos legales, por considerarla una decisión “unilateral”. En algunos ámbitos del Ejecutivo –en particular, en el área de Planificación Federal– todavía se guardaba ayer cierta esperanza de reanudar las negociaciones con la empresa francesa Suez, principal accionista de Aguas. Alternativa altamente improbable que quedará hoy totalmente desdibujada cuando los accionistas levanten la mano para resolver el fin de Aguas Argentinas como concesionario.
Diferentes voces del gobierno nacional volvieron ayer a plantear la alternativa de que el Estado retome, por un breve período, la gestión del servicio de agua potable y cloacas en el área atendida por Aguas Argentinas, si no se llega a un acuerdo con Suez para que, al menos, se mantenga como operador hasta tanto se reprivatice el servicio. Las distintas versiones acerca de inversores interesados en tomar la concesión parecen haberse diluido en las últimas horas, y hoy las autoridades admiten implícitamente que no hay candidato para reemplazar a Aguas Argentinas.
Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata apunta que el 53 por ciento de la población de la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas y casi el 30 por ciento vive sin servicio de agua potable. Sólo en el conurbano, 17 de los 24 distritos que lo componen se encuentran en un nivel de riesgo social y sanitario “muy alto” por las condiciones habitacionales en que viven en relación con el suministro de agua corriente. Estos distritos están atendidos por distintos prestadores: Aguas Argentinas, Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA) y la estatal provincial Aguas Bonaerenses.
Este estudio de la UNLP fue encargado por el gobierno bonaerense para cumplir con la exigencia planteada por el Banco Mundial, como requisito para el otorgamiento de un crédito por 216 millones de dólares para obras de infraestructura. Frente a los temores del gobernador Felipe Solá de que dichos fondos quedaran trabados por la controversia con Suez, ayer el director regional para el Cono Sur del Banco Mundial, Axel Von Trotsenburg, aseguró ayer que dichos créditos para saneamiento siguen “operativos” y su trámite es absolutamente independiente de las relaciones entre el gobierno nacional y Aguas Argentinas. Estos conceptos le fueron transmitidos ayer a Solá por el directivo del organismo financiero, en una audiencia en la que lo recibió en su despacho en la ciudad de La Plata.
Por otra parte, el presidente Néstor Kirchner volvió a referirse a la salida de la empresa Suez, asegurando que la posición del Gobierno en el tema es una demostración de que en Argentina “se terminó definitivamente el abuso”, agregando que el Ejecutivo está trabajando para garantizar la continuidad del servicio con un nuevo operador.