Cuando anunció que iba a realizar una denuncia, los pocos senadores presentes se acomodaron en sus bancas y los periodistas se aferraron a sus anotadores. “He tomado conocimiento de que un señor senador de este tribunal ha anunciado que votará en mi contra por mi voto en la causa Simón”, arrancó Antonio Boggiano, al recordar su sentencia favorable a la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Ffinal. El ejemplo pretendía demostrar que lo destituirían “por las ideas particulares” de cada legislador y no por los cargos concretos. Ese caso no figura entre las acusaciones que por mal desempeño se le realizaron al último de los miembros de la denominada mayoría automática del menemismo. Un ardid más en un alegato en el que, conteniendo el llanto, el magistrado dijo que su destitución “es más que la muerte de Sócrates, es la muerte en su sentido más profundo y existencial”. A pesar de sus advertencias de nuevas denuncias, el magistrado no logró conmover al Senado, que adelantó la fecha del veredicto para el próximo miércoles 28. Todos los pronósticos y conteos realizados por este diario dan por seguro que, pese a unas pocas oposiciones, la Cámara alta alcanzará con facilidad los dos tercios necesarios para la destitución.
Despidiéndose de sus jueces, Boggiano dijo que quedaba en manos de Dios. Le tocará seguir buscando en la Iglesia el destino que seguramente no encontrará en la Corte. Más allá de las lágrimas que no fueron, de que parafraseara al letrista Cátulo Castillo para decir que su “juicio político es una herida absurda contra todo el Poder Judicial” y de que su defensa lo parangonara con Sócrates, dos importantes legisladores del oficialismo no ocultaron su sorpresa por una presentación que no dudaron en calificar de “pobre”.
En las casi cinco horas de alegatos, pocos fueron los momentos que sacudieron la modorra de un recinto que, salvo en su inicio, nunca llegó al quórum de 37 senadores presentes. Fue contundente el fastidio de Cristina Fernández de Kirchner cuando Boggiano aseguró que “lo que importa es destituirme, hacerme desaparecer, jurídicamente espero, silenciarme y excluirme de la Corte Suprema”.
Grandilocuente fue el tono de la defensa de Boggiano. Tanto cuando habló el magistrado como cuando lo hicieron sus defensores, Marcelo Sancinetti y María América Gelli. Entre el dramatismo y la amenaza, Boggiano destacó que apelaría ante los tribunales internacionales y que propagandizaba su juicio entre todas las asociaciones de magistrados y juristas con los que tiene trato. Sancinetti hizo un paralelo entre Boggiano y Sócrates. Recordó que los atenienses se arrepintieron de haber enjuiciado al filósofo griego. Estas citas, sumadas a los pronósticos de “muerte del estado de derecho” y otras calamidades, no inmutó a un Senado que esperaba respuestas concretas a la acusación por el caso Meller.
Gelli criticó que se le había reclamado a Boggiano su renuncia, “como si fuera una voluntad del príncipe ante una decisión que ya está tomada”. Incluso pareció sorprendida porque “el decano de los periódicos garantistas de la Argentina (en alusión a Página/12)” dio cuenta de la gestión de buenos oficios que, en favor de su cliente, realizaron los ex hombres fuertes del menemismo José Luis Manzano, Rodolfo Barra y Nicolás Becerra. La abogada no desmintió en ningún momento lo publicado por este diario. Los letrados de Boggiano quisieron en todo momento comparar la actuación de su cliente en el caso Meller con lo actuado por Becerra. La conclusión buscaba demostrar cierta esquizofrenia en el comportamiento gubernamental que llevó a Becerra a un puesto en los tribunales internacionales del Mercosur, luego de renunciar a la Procuración General de la Nación.
“Quién pensó que no acusaríamos a Becerra”, refutó Ricardo Falú cuando hizo el alegato de la acusación. El diputado puso el acento en el caso Meller. Destacó que en un primer momento el magistrado escribió que “el Estado argentino tenía razón y que había que declarar nulo todo lo actuado en las instancias administrativas” previas. También puntualizó que en ese momento, 2002, los diputados llevaban adelante un juicio político contra la totalidad de la Corte Suprema del menemismo, que Eduardo Duhalde se encargó de desactivar. El diputado tucumano subrayó que archivadas las actuaciones, Boggiano cambió su voto y le dio la razón a Meller.
No hubo sorpresas, ni en la acusación ni en la defensa. En el recinto las ausencias fueron mayores que las presencias. La mayoría para destituir a Boggiano –se necesita del voto de los dos tercios de los presentes– aparece como holgada. Salvo tres senadores, que dudan entre ausentarse o apoyar al juez, los restantes integrantes de la bancada radical votarían por la destitución. En por los menos dos de esos casos, el santacruceño Carlos Prades y el santiagueño José Zavalía, tendrían mayor peso la oposición política que cada uno de ellos lleva adelante en sus provincias contra las administraciones kirchneristas que los argumentos jurídicos. En el bloque justicialista, Boggiano contaría con el apoyo de la puntana Liliana Negre de Alonso, conmilitante suyo en el Opus Dei, y el riojano Eduardo Menem. El neuquino del MPN, Pedro Salvatori, sería otro de los votos con los que contaría el juez de la Corte. Algún que otro apoyo de representantes de partidos denominados provinciales completan el menguado puñado de senadores que se opondrían a la destitución. El resto aparece cantado. No es en la Corte Suprema donde Boggiano continuaría sus carrera.