Naciones Unidas aprobó un proyecto de Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La norma reafirma que la práctica de la desaparición constituye un crimen de lesa humanidad, reconoce el derecho de las víctimas a la Justicia y a la reparación y el derecho a conocer la verdad. Por otra parte, establece la obligación de incriminar las desapariciones como delito autónomo. El texto fue redactado a lo largo de tres años de trabajo, en un proceso en el que la Argentina y América latina jugaron un papel fundamental.