El obispo Enrique Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976. Pero pasaron diez años hasta que la Justicia reconoció que su muerte no había sido un “accidente” sino un “homicidio calificado”. Tuvieron que transcurrir otros 19 para que la investigación se reactivara. “El tiempo no nos aterra. Nos molesta la sensación de impunidad que hay en Argentina y que recién ahora se está empezando a revertir. Esto tiene un gran valor porque indica que es posible hacer justicia, que no hay que dejársela a los poderosos”, señaló a Página/12 Luis Brizuela, uno de los abogados que impulsa la causa.
La decisión de reactivar rápidamente la investigación se terminó de acordar en una reunión que se realizó el jueves entre el fiscal federal Horacio Salman, el juez federal subrogante de La Rioja, Franco Romano Grassi, el fiscal general de Córdoba, Alberto Gabriel Losada, y la fiscal cordobesa Graciela López de Filoñuk. Estos dos últimos fueron nombrados por la Procuración General de la Nación como investigadores coadyuvantes para acelerar la reapertura del expediente.
“Cerca de fin de mes se producirán medidas”, adelantó a Página/12 un funcionario judicial vinculado con el caso. Por el momento, no se ordenarían detenciones sino declaraciones de testigos.
Angelelli no será la única víctima del terrorismo de Estado de La Rioja cuyo expediente se desempolvará: hay cerca de 40 causas de desapariciones, asesinatos y secuestros durante la última dictadura en esa provincia que tendrá la misma suerte. Entre ellas figuran los asesinatos de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y del francés Gabriel Longueville, que fueron ejecutados pocos días antes de la muerte de Angelelli.
El crimen de Angelelli fue el punto cúlmine de la persecución de la Iglesia riojana, diócesis que el obispo conducía, como él mismo definía, con “un oído en el Evangelio y otro en el pueblo”.
El 18 de julio de 1976 –relata Emilio Mignone en Iglesia y Dictadura– un grupo de hombres de civil que se identificaron como miembros de la Policía Federal pidieron hablar en Chamical con Longueville y Murias y les dijeron que tenían que viajar con ellos a La Rioja. A la mañana siguiente, los cadáveres de los sacerdotes aparecieron en el Chañar, con signos evidentes de haber sido torturados. Una semana después fue asesinado en Sañogasta Wenceslao Pedernera, un cristiano activo en las cooperativas agrarias y ligado a Angelelli.
El obispo de La Rioja sabía que lo perseguían. “Estoy solo entre mis hermanos obispos de la Argentina”, escribió en esa época en una carta personal. El 4 de agosto decidió volver de Chamical a La Rioja acompañado por el sacerdote Arturo Pinto. Llevaba un maletín con documentación sobre los crímenes de Murias y Longueville. A la altura de Punta de los Llanos un Peugeot blanco cerró el paso a su camioneta y la hizo volcar. Pinto quedó desvanecido. El cadáver de Angelelli, con los brazos en cruz y el cráneo destrozado, estaba a 25 metros del lugar. Las pericias demostraron que no pudo haber salido por el parabrisas ni por la puerta.
Todo indicaba que había sido asesinado con un golpe en la nuca y luego arrastrado. Pero la jerarquía eclesiástica no reclamó una investigación, sino todo lo contrario. “Para hablar de crimen hay que probarlo y yo no tengo ningún argumento en ese sentido”, señaló el cardenal Juan Carlos Aramburu. Su colega Raúl Primatesta tuvo una actitud similar.
La causa quedó caratulada como “accidente” hasta que en 1986 el juez Fermín Morales declarara que la muerte de Angelelli fue “un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. Las leyes de punto final y obediencia debida paralizaron la investigación que involucraba, como máximos responsables –al margen del jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez– al coronel Osvaldo Pérez Battaglia, jefe de área 314 y a Jorge Pedro Malagamba, jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja.
El 4 de agosto pasado el presidente Néstor Kirchner viajó a La Rioja y participó de un homenaje a Angelelli. “No murió en un accidente. Terminemos con la mentira y la hipocresía. Lo mataron por defender la verdad y la justicia”, dijo el Presidente y anunció que apoyaría la reapertura de la investigación. Las declaraciones de Kirchner parecen haber otorgado al expediente el impulso político que necesitaba desde que en 2000 fue enviado desde los tribunales de Córdoba junto con el resto de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos de La Rioja. El nombramiento de los fiscales cordobeses como “coadyuvantes” por parte del procurador Esteban Righi terminó de preparar el terreno.
“En La Rioja estamos lejos de tener una Justicia independiente, la impunidad sigue –señaló Brizuela, quien se presentará como querellante–. Pero ahora tenemos confianza porque el tiempo incluso puede jugar a favor; la presión política de los militares se ha diluido y nosotros vamos a continuar, porque se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben.”