La denuncia contra el ex presidente del Banco Central Pedro Pou y los principales banqueros del país por subversión económica, cometida en supuestas operaciones irregulares posteriores al megacanje, es la primera causa que caerá tras la derogación de esa norma. El expediente estuvo empantanado porque dos jueces federales se negaron a asumir la investigación, por lo cual cuatro abogados que representan a los querellantes presentaron una denuncia ante la Cámara Federal por privación de justicia.
Los querellantes en dicha causa son cuatro habitantes de una villa de emergencia de Ingeniero Budge. Sus patrocinantes son el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los pastores José de Luca y Arturo Blatezky. “La contienda de competencia hizo perder varios meses de investigación”, se quejó el abogado Alberto Pedroncini al abandonar la Cámara, en cuya presidencia dejó su planteo. Ahora deberán buscar otra forma de hacer avanzar la persecución penal que pretenden llegue incluso al delegado del FMI, Anoop Singh, por presunta coacción. La presentación inicial mencionaba también la presunta comisión del delito de genocidio y de tratos degradantes, y en sus fundamentos plantea que “las personas excluidas del sistema productivo y afectados por la reducción a la pobreza” son víctimas de genocidio, ya que sufren “condiciones que ponen en riesgo la existencia de un grupo nacional”. Según los denunciantes, debían ser imputados no sólo Pou sino los directorios de los principales bancos, de las calificadoras de riesgo y de las AFJP por la concentración de la que se beneficiaron tras la operación del megacanje de bonos de la deuda realizado a mediados de 2001.