Una de las integrantes del directorio de la Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de Justicia, el organismo encargado de investigar el Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, mantiene cordiales relaciones con algunas personas y empresas cuyas actividades debe controlar, como el financista Emilio Esteban Massera y el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. El organismo creado hace cuatro años está en crisis. Uno de sus directores está de licencia y no volverá al cargo, su presidenta anunció que a fin de año dejará la función y el Opus Dei ejerce la mayor presión para que sea confirmada la directora vinculada con Massera y Moneta, dos de los investigados de la UIF.
En febrero de este año Massera recibió un e-mail alborozado, de una joven corresponsal que se despidió de él con un beso. Le decía que estaba “sorprendida y agradecida por la invitación” y le pedía que le contara “detalles del motivo de este viaje tan divertido”. En espera del encuentro, previsto para una semana después, le comentaba algunas cuestiones laborales. “Acabo de llegar de Trinidad & Tobago, donde estuve en la reunión plenaria del CICTE, con una importante presencia de la delegación argentina.” Firmaba la comunicación María José Meincke. El acontecimiento requiere de algunas precisiones. Son las que siguen, por orden de aparición:

- Emilio Esteban Massera: es uno de los hijos del ex dictador Emilio Eduardo Massera. Junto con su hermano Eduardo Enrique Massera conduce el Grupo Puente, formado por varias empresas financieras, de bolsa, de garantías recíprocas, de turismo y de leasing, en la Argentina y el Uruguay.

- CICTE: es el Comité Interamericano contra el Terrorismo, organismo de la OEA que se encarga de lo que su nombre indica.

- María José Meincke: es directora de la Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de justicia. Tiene un marcado interés en las cuestiones de inteligencia y contactos en ese campo con oficiales navales de Colombia y el Uruguay. Vinculada con el Opus Dei, dictó clases en el instituto de Bioética de la Universidad Católica. Es autora de un trabajo opuesto a la fecundación asistida, basado en encíclicas papales y documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a los que la autora considera “únicas pautas fundadas en la Verdad”. También ha escrito artículos críticos sobre la ley de salud reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires.

Etica pública

Ese e-mail forma parte de una serie de comunicaciones afectuosas entre el hijo del ex almirante y la responsable del organismo de control de sus actividades, a quien Massera se dirige como “Querida Majo”, y le cuenta asuntos íntimos, como el estado de salud de su suegra. La invitación era para viajar a Mendoza en ocasión de la Fiesta de la Vendimia, cuya organización está a cargo de Moneta, otro hombre de negocios cuya supervisión concierne a la UIF. Los detalles del viaje fueron coordinados por la asistente de Massera en el Grupo Puente, Teresita Ortino. Massera se encargó de los pasajes (en Aerolíneas Argentinas a la ida, el 3 de marzo; en Southern Winds al regreso, lo cual inquietó a Majo) y de su alojamiento, en la habitación 802 del hotel Aconcagua, de cuatro estrellas, en el centro de Mendoza. Tanto el decreto 1025/01 que reglamenta el funcionamiento de la UIF, como la ley de ética pública castigan este tipo de promiscuidad entre los funcionarios públicos y las empresas sobre las que pueden pronunciarse. El artículo 18 de esa ley dice que “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. La relación no es hipotética, ya que la UIF tenía en marcha dos investigaciones por operaciones sospechosas que involucraban una a Massera y la otra a Moneta y que dieron lugar a denuncias judiciales.

La banda

El otro hijo de Massera, Eduardo Enrique, está detenido desde hace dos meses por formar parte de la banda dirigida por su padre. Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, Massera y sus cómplices se apoderaron de los bienes de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellos 26 hectáreas en Mendoza. Valuadas en 10 millones de dólares, pertenecían a la sociedad Cerro Largo, integrada por los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini, quien no tiene parentesco con su verdugo. En la ESMA les obligaron a firmar documentos de cesión de sus bienes. De ese modo creían comprar su supervivencia, pero una vez que entregaron todo lo que tenían los asesinaron. La causa contra Massera (h) por privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita es instruida por el juez federal Sergio Torres y también incluye a varios oficiales del grupo de tareas de la ESMA. El ex almirante quedó a salvo porque fue declarado incapaz para enfrentar un juicio, a raíz de un accidente cerebrovascular que padeció en diciembre de 2002. Las 26 hectáreas están en Chacras de Coria, que a principios del siglo pasado fue zona de viñedos y bodegas. A medida que la capital se urbanizó, las plantaciones se fueron alejando de la ciudad y llegó a convertirse en la zona residencial más cara de los suburbios de Mendoza. Toda la burguesía emergente apetecía construirse una casa allí, apenas a 12 kilómetros de la ciudad. La banda vendió y revendió esas tierras a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos, con la clásica técnica del lavado de dinero originado en actividades delictivas. Luego de una serie de transacciones ficticias fueron inscriptas a favor de otra compañía, esta vez integrada por personas muy reales, como el hijo y un hermano de Massera, y domicilio en un local del Partido para la Democracia Social, que presidía el almirante. Las principales calles del loteo se llamaron Justicia, Equidad, Patriotismo y Honor. Además de detener y procesar a Massera, el juez Torres le embargó 1.250.000 pesos. Hasta ahora no hay investigaciones judiciales que tiendan a establecer si el producto de los bienes saqueados a los detenidos-desaparecidos forma parte del capital con que operan las empresas del Grupo Puente, con oficinas en Sarmiento 444 de Buenos Aires y el edificio World Trade Center de Luis A. Herrera 1248 en Montevideo. La presentación institucional del Grupo no menciona a los Massera. Sólo dice que “Puente Hnos. Sociedad de Bolsa” es “uno de los brokers más importantes de la Argentina”, y que fue “fundada en 1915”. Ofrece “servicios de brokerage y asesoramiento utilizados por diversos inversores institucionales, empresas, e individuos”. También manejan Puente.net, un portal de inversiones financieras on line. Puente Hermanos aparece mencionada con tres transacciones sospechosas en uno de los anexos del informe de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero que presidió la ex diputada radical Elisa Carrió. El año pasado, Puente Hermanos organizó un seminario sobre lavado de dinero en Montevideo. Majo Meincke trajo una invitación de Massera para que los directores de la UIF asistieran, con todos los gastos pagos, y dictaran conferencias durante el seminario. La presidenta de la UIF, Alicia López y otros dos directores, Carlos del Río y el actual interventor en la Policía de Seguridad Aeronáutica, Marcelo Saín, anunciaron que no asistirían. Saín recordó que la UIF estaba investigando operaciones sospechosas del grupo de los Massera, lo cual ponía la asistencia al seminario claramente en colisión con la normativa vigente. Ningún representante del organismo argentino participó. La investigación abierta involucraba también al agente de Bolsa oriental Ignacio Róspide, un vértice habitual en las triangulaciones de muchas financieras argentinas fantasmales, como Barnum&Strauss, de Moneta. Cuando la investigación concluyó, este año, la UIF la elevó al ministerio público y hoy forma parte de la causa 1498, en el mismo juzgado de Torres que investiga los negocios del otro hermano Massera.

Hecha la ley

Los legajos de la UIF sobre las operaciones del escribano Moneta involucran a dos de sus empresas. Una de ellas, Refco (República Finance Co.) escapó a las observaciones de la comisión legislativa sobre lavado. En este caso su banco corresponsal no era el Citi sino el Chase. La otra, ELP Investment, entró en el radar del modo más extraño. El organismo de investigación de lavado de dinero de las islas Cayman (sí, no es una broma, las instituciones de la República del Lavado incluyen una UIF) comunicó a la UIF argentina que había detectado en esa empresa a tres ciudadanos argentinos: el escribano Moneta, su tío Benito Lucini y su yerno Eduardo Pearson. Como sabía que eran investigados en el país, ofrecía determinar si poseían otros activos en esa jurisdicción. Al poco tiempo comunicó que no había encontrado nada más sobre ellos. Más que una investigación parecía un preconstituido certificado de inocencia. Meincke firmó su envío al ministerio público. Hoy se acumuló a la causa por asociación ilícita en la que se investiga al escribano.

Utilidad dudosa

La utilidad de la UIF en su actual estado es dudosa. El Banco Central tiene su propia línea de trabajo contra el lavado de dinero, a cargo de Zenón Biagosh, quien cuenta con el respaldo del ministerio de Economía, donde actúa como asesor su padre, Alberto Biagosh (colaborador de Julio Aráoz durante la intervención federal en Tucumán). La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se niega en forma sistemática a responder a los requerimientos de la UIF y, a favor de la descomunal recaudación impositiva de los últimos años, actúa como un verdadero intocable. La Corte Suprema de Justicia no tiene una base de datos que permita efectuar consultas rápidas y/o seguras, como quedó demostrado en el caso de Adolfo Vázquez. Sin una conducción centralizada, el directorio de cinco miembros no se caracteriza por su efectividad y las relaciones entre ellos no son las mejores. De hecho, Meincke intentó desbancar a Alicia López, pretextando una resolución inconsistente de la jueza María Servini, quien mencionó a López en un párrafo traído de los pelos en una causa en la que sobreseyó al ex presidente del Banco Central Pedro Pou. El gobierno de los Estados Unidos presiona para que la ley que la creó sea reformada, de modo de incluir el financiamiento del terrorismo, objetivo que parece contradictorio con el originario. Las organizaciones delictivas intentan blanquear activos de origen espurio. El terrorismo procura financiar sus gastos clandestinos con fondos originados en actividades lícitas o que lo parezcan. En un caso se analizan millones de operaciones financieras, en bancos de datos y por medio de informes de corresponsales. Así se buscan anomalías que puedan responder a la intención de lavado. En el otro, se parte de pistas previas sobre personas u organizaciones determinadas.
El Congreso está estudiando una reforma de la ley para contemplar los “reclamos” estadounidenses. Quien se encarga del tema es el diputado Jorge Argüello. Una asesora de Argüello que fue alta funcionaria en el gobierno de Fernando de la Rúa recibió un llamado de un compañero de aquellos tiempos, el banquero Fernando de Santibañes. Le dijo que sabía que estaba trabajando sobre la ley de prevención del lavado de dinero y que quería conversar. Cuando la mujer llegó a las oficinas del ex secretario de la SIDE, De Santibañes la recibió en compañía del escribano Moneta. Sin reparos le dijeron que tenían interés en el proyecto, sobre el que querían hacer algún aporte, y del que estaban al tanto a través de María José Meincke.

Después de diciembre

Alicia López interpreta que el 3 de diciembre termina su mandato de cuatro años y anunció que no buscará la reelección. Saín está ocupado en otros menesteres y tampoco muestra interés en regresar a la Unidad. Meincke en cambio ha dirigido la presión del Opus Dei sobre el Senado, con el argumento de que un acuerdo de esa Cámara le permitiría continuar en funciones más allá de esa fecha. La senadora salteña Sonia Escudero (una de las pocas manos justicialistas que se alzaron en contra de la expectoración de Antonio Boggiano de la Corte Suprema) recibió una visita para interesarse por Meincke. El intermediario fue otro personaje notable, Julio Rodolfo Comadira. Nacido en 1947 en la ciudad naval de Bahía Blanca, Comadira fue auditor en la Asesoría Jurídica de la Armada cuando su jefe era el padre del amigo de Majo Meincke. Pasó a retiro el 1º de agosto de 1989 y ese mismo día desembarcó en el gobierno de Carlos Menem. Fue Director de Asuntos Jurídicos del MOSP durante 90 días, los suficientes para elaborar el marco jurídico (por así llamarle) para el desguace del Estado, cuando el ministro era Roberto Dromi y el vice Rodolfo Barra. También fue asesor de Carlos Corach en la licitación de los Documentos Nacionales de Identidad, jefe de gabinete de Raúl Granillo Ocampo en el ministerio de Justicia, e interventor en la Sigen durante la gestión del ex senador Eduardo Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo. Comadira fue profesor de derecho administrativo en las universidades Santo Tomás de Aquino y Austral y dirigió el Master en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, orientada espiritualmente por el Opus Dei. Comadira murió la semana pasada, pero ésa es otra historia.