La querella de Adolfo Vázquez en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, de la presidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de justicia, Alicia López, y del autor de esta nota, por la violación del secreto sobre sus maniobras financieras, parte de una deliberada confusión.
El domingo pasado en la nota “Regalo de Reyes” se narró el intento del ex miembro de la mayoría automática en el alto tribunal de abrir una cuenta en un banco de Luxemburgo. Vázquez se presentó junto con una de sus hijas y declaró que haría una primera remesa de un millón y medio de dólares. El banco se negó, luego de una consulta con la base de datos Worldchek. Así supo que “fue forzado a renunciar” a su cargo en la Corte Suprema “en medio de serias acusaciones de inconducta”, que incluían “quince cargos por corrupción”. De acuerdo con las normas internacionales que rigen la lucha contra el lavado de dinero los altos funcionarios judiciales que dejan su cargo forman parte de lo que los manuales de procedimiento llaman Personalidades Expuestas Políticamente o PEPs. Sus transacciones deben ser escrutadas con cuidado por la sospecha de que los fondos que mueven tengan origen espurio. Que un ex juez argentino se haya presentado con un pasaporte español y suministrara un domicilio en el Uruguay no contribuyó a disipar las sospechas. Un millón y medio de dólares es más que el total de los sueldos que Vázquez cobró en la Corte desde que su amigo Carlos Menem lo designó, en diciembre de 1995, hasta que renunció para impedir su destitución en juicio político, en agosto de 2004. Antes había sido camarista. Cuando asumió su cargo en la Corte luego de la feria judicial de verano de 1996 aún vestía con modestia.
La UIF recibió la consulta del departamento de la policía judicial luxemburguesa que se especializa en investigar el blanqueo de dinero sucio. Entre otros organismos, consultó con la Corte Suprema de Justicia, para conocer la declaración jurada del ex juez y si había alguna causa judicial abierta en su contra. Pocos días después, el ex magistrado se presentó en la UIF con un abogado y un contador, para inquirir las razones del requerimiento. La ley 25.246 (Régimen Penal sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo) prevé en su artículo 22 penas de hasta tres años de prisión por revelar las tareas de inteligencia desarrolladas por el organismo. Su propósito es impedir que las personas o entidades sospechadas se enteren de que hay una investigación en curso y de este modo puedan entorpecerla destruyendo pruebas o poniéndolas fuera del alcance de los organismos encargados de cumplir la ley. Es decir que la violación del secreto se produjo en el momento en que Vázquez supo que la UIF estaba detrás de sus pasos y no cuando este diario informó que el ex juez se había enterado de que lo estaban investigando. Es el presunto delincuente quien no debe enterarse antes de tiempo. Una vez que él lo sabe no hay razón para que la opinión pública lo ignore. Es la diferencia entre perseguir el delito o la noticia de su comisión.
Uno de los detalles más significativos de la presentación judicial del ex ministro es que excluye de su pretensión punitiva al administrador general de la Corte, su amigo Nicolás Reyes, un riojano que ingresó al tribunal contratado por Julio Salvador Nazareno, luego de acompañar a Erman González en los ministerios de Economía y de Defensa. Sin embargo, la nota que Vázquez agitó frente a los directores de la UIF que aceptaron recibirlo, es copia de la que Reyes recibió en la Corte. Esto se comprueba porque lleva la firma completa de la presidenta de la UIF mientras que en la copia archivada en el organismo investigador sólo figuran sus iniciales. En su querella Vázquez sostuvo que había recibido la copia “reiteradamente en forma anónima” (sic).
La contadora López solicitó una audiencia con el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, para denunciar la filtración. Enterado de la audiencia, Reyes solicitó participar. Ante el reclamo de Alicia López y de los otros directores de la UIF, Alberto Rabinstein y María José Meincke el administrador de la Corte explicó que había circulado el pedido a todas las cámaras del país. No es seguro que en la causa judicial iniciada por denuncia de Alicia López y que instruye el juez federal Ariel Lijo sea posible determinar que Reyes haya informado a Vázquez del pedido de informes. Pero el convenio de colaboración firmado por la UIF con el propio Reyes establece que el Administrador tramitará lo más rápido que pueda los pedidos de informes y hará saber a todos los funcionarios del tribunal que deban intervenir, de las penas por “revelar cualquier información secreta fuera del ámbito de la UIF”. Nada dice sobre consultas con otras partes. Durante la reunión, Reyes explicó que la Corte debe hacerlo así porque no tiene base de datos. Sin embargo, la declaración jurada de Vázquez está en poder de la propia Corte y López afirma que en la intendencia del palacio de Talcahuano 550 basta con un nombre y un número de documento para determinar la existencia de causas abiertas a su titular. Aunque no pueda prosperar, la denuncia de Vázquez cumple una función útil: mientras esté abierta no se instruirá un sumario administrativo en la Corte para determinar la responsabilidad de Reyes. De este modo el administrador podrá jubilarse el año próximo, sin ser molestado. Amor con amor se paga.