Las cifras que aparecen en la pantalla tienen tantos ceros que es imposible imaginarlas en billetes. Reflejan sólo una parte del daño causado al Estado por los delitos económicos y la corrupción desde 1980 hasta el presente, aquella que quedó registrada por las denuncias ante la Justicia. Junto a cada número hay un nombre, un posible responsable. Carlos Menem, María Julia Alsogaray, los Yoma, Ramón Hernández, Raúl Granillo Ocampo, Domingo Cavallo, Ricardo Cossio, Germán Kammerath, Víctor Alderete y Gerardo Sofovich baten records en las planillas, por los avatares de los noventa. Fernando de la Rúa no se salva. Del gobierno actual llevan la delantera el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Los bancos más escrachados son el Citibank, el Banco General de Negocios, el Velox, el Multicrédito, el de Italia y el Alas. Algunas empresas: IBM, Ciccone Calcográfica y el Grupo Macri.
Los datos surgen de una base de información montada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) con las 750 principales causas judiciales que revelan el daño económico causado al país por funcionarios, empresas y empresarios. “Pretende ser un archivo nacional que haga visibles los casos, el sistema de corrupción permanente y la impunidad judicial sistemática”, define Pedro Biscay, director ejecutivo de la organización. “También apostamos a que se recupere el dinero robado”, añade (ver aparte).
Algunas cifras que aparecen en este registro son llamativas. El perjuicio atribuido sólo al banco Velox, entre 1996 y 2001, es de 2000 millones de dólares. Es en un expediente sobre lavado de dinero y vaciamiento de empresas donde nunca hubo indagatorias. El Banco de Italia figura involucrado en una causa por un fraude de 744 millones de dólares. Aunque son entidades que ya no existen dejaron las huellas más fuertes por acusaciones en fraudes bancarios.
Los investigadores del Cipce se toparon con varias resistencias para acceder a nociones mínimas de los expedientes. La jueza María Servini de Cubría les negó cualquier elemento sobre la pesquisa del Banco de Italia. Lo mismo hizo en relación al Banco General de Negocios de los hermanos Rohm, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares. Tuvieron que recurrir a otros canales para averiguar. En el juzgado de Claudio Bonadío encontraron dificultades para tener un panorama de las maniobras del Banco Velox. Tampoco les quisieron decir o mostrar nada sobre la causa de los créditos millonarios con que el Banco Nación benefició al Grupo Yoma. En el despacho del juez Jorge Urso les cerraron la puerta en la cara. El juez penal económico Julio Speroni les puso una barrera infranqueable en la causa sobre el contrabando de armas.
El Cipce presentará hoy públicamente su base de datos, que podrá ser consultada por cualquier ciudadano. La inauguración iba a ser a mitad de año, pero unos días antes del evento alguien entró a sus oficinas durante un fin de semana y se llevó tres computadoras con la investigación de dos años. Ahora el equipo del Cipce tiene todo listo y revelará el monto total de lo que llaman “el daño social” derivado de los casos que llevan relevados.
Algunos invitados clave ya avisaron que no irán porque tienen la agenda completa. Uno es el titular del Banco Central, Martín Redrado, quien integra la nómina de la ONG porque la Justicia lo investiga por sobresueldos de 46 mil pesos cuando dirigía la Comisión Nacional de Valores en los ’90. Tampoco irá el titular de la Sindicatura General de la Nación, Claudio Moroni, quien había sido especialmente convocado por ser quien fiscaliza los gastos del Estado. A Moroni lo investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral por irregularidades en la Superintendencia de Seguros del menemismo.

Agujero negro

El archivo contiene información acerca de unas 2000 personas (funcionarios, banqueros y empresarios) y 1000 empresas. Se puede ver de qué están acusados y cuál es su situación judicial. Al lado de cada nombre y causa se señala un monto que representa el posible perjuicio público.
Hay ex funcionarios y actuales que se destacan por repetirse varias veces en el listado de expedientes recopilado por el Cipce y/o por los montos a los que aparecen asociados. Los más recientes:

- Fernando de la Rúa: 5.000.000 de pesos provenientes de la SIDE para pagar coimas a senadores para la aprobación de la reforma laboral. Por este tema también figura Alberto Flamarique, ex ministro de Trabajo de la Alianza. El ex presidente aparece atado a otro caso, el del pago de 38.000.000 de pesos de una deuda dudosa a la concesionaria de la autopista Illia.

- Roberto Giacomino, ex jefe de la Policía Federal: casi 10.000.000 en contratos destinados a beneficiar a familiares y conocidos.

- De Vido: 12.000.000 de pesos por la compra de locomotoras con presuntos sobreprecios. Aún no hubo indagatorias en la causa, donde también están imputados Jaime y Julio Tito Montaña. El mismo trío está implicado en una investigación por la concesión de 13.000.000 en subsidios a los operadores ferroviarios.
Los clásicos más antiguos incluyen a:

- Kammerath, ex secretario de Comunicaciones: 20.000.000 de dólares por el rebalanceo telefónico de 1997.

- Cossio, ex titular de la DGI: 100.000.000 de dólares por la provisión de sistemas informáticos de IBM para la recaudación impositiva y previsional. Este famoso affaire de la década pasada, que incluía sobreprecios, sigue en etapa de instrucción.

- Menem, su ex secretario Hernández, Gostanian y Alberto Kohan figuran juntos por 6.000.000 de dólares que la Justicia rastrea en Suiza. Kohan tiene su propia causa sobre enriquecimiento ilícito. Menem todavía tiene pendiente la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

- Alsogaray, ex secretaria de Recursos Naturales: lleva la delantera con más de 60 expedientes judiciales enumerados en las computadoras del Cipce y un juicio oral por un enriquecimiento ilícito de 642.000 dólares.

- Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia: 2.000.000 de dólares, por posible enriquecimiento ilícito.

- Sofovich, ex interventor de ATC: involucrado, no procesado, en una defraudación al Estado por 20.000.000 de dólares. Es porque al dejar el canal quedaba esa deuda, que en realidad ya se había saneado.

- Roque Fernández, ex ministro de Economía: 2.000.000 en redescuentos al banco Basel otorgados sin garantía y con conocimiento de insolvencia.

- Domingo Cavallo: 55.000 millones de dólares fue el aumento de la deuda a raíz del megacanje según la querella en la causa penal. También tiene pendiente la indagatoria por los sobresueldos.

Pocas nueces

De todas aquellas historias, sólo Alsogaray recibió una condena por no poder justificar el incremento de su patrimonio mientras fue funcionaria. Junto con ella, Alderete es uno de los más denunciados del menemismo. En el expediente que lo llevó preso se lo acusó de manejar discrecionalmente 2.400 millones. Una de las grandes causas históricas que fue elevada y está a la espera de juicio es IBM-Banco Nación, donde Aldo Dadone –ex titular de la entidad– y otros directivos serán juzgados por una estafa de 58.000.000 de dólares en un contrato de informatización. La mayor parte de los fraudes y estafas está bajo investigación en el fuero federal. Los delitos más frecuentes, señalan en el Cipce, son los tributarios, las defraudaciones contra la administración pública y la malversación de fondos. Pero hay otros como subversión económica, lavado y enriquecimiento ilícito. Salvo el contrabando agravado, la asociación ilícita y ciertos casos de evasión, los demás son excarcelables.
En el ranking de bancos del archivo de la ONG, el Citibank es uno de los más denunciados, especialmente por ahorristas. Al Banco Alas se le atribuye un perjuicio de 140.000.000 de dólares. Otros que arrastran denuncias complicadas son el Multicrédito y el Banco Mercurio. El Grupo Macri está entre los empresarios que nunca logran escapar de la telaraña judicial que analiza posibles fraudes. Enrique Piana todavía carga con la causa de la mafia del oro, con 19.000.000 de dólares en juego. Y Ciccone Calcográfica, emblema de los negocios del menemismo, sólo en un expediente está acusada por un fraude de 72.000.000 de dólares y asociación ilícita.
“Los delitos económicos en la Argentina no se suelen pensar como un problema delictivo ni de seguridad, no se los persigue como al delito común. Son expedientes que duermen –concluye Biscay–. Lograr que los hechos queden al descubierto permitirá un sistema de prevención.”