Uno de los grandes objetivos que se fijó el Cipce desde un comienzo apunta a lograr que los funcionarios y empresas involucrados en delitos económicos y casos de corrupción devuelvan el dinero malhabido al Estado. Fue lo que plantearon frente a la condena de María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito. Finalmente la sala IV de la Cámara de Casación Penal dispuso que la ex secretaria de Recursos Naturales reintegre al Estado algo más de 700 mil dólares para “paliar, siquiera parcialmente” el “daño social causado”. El tribunal propuso un destino puntual para la plata: el Hospital Garrahan. La decisión está apelada en la Corte Suprema.