La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura pidió la suspensión y el juicio político de dos camaristas federales de Resistencia por haber liberado a diez represores que estaban presos como responsables de la masacre de Margarita Belén, ocurrida durante la última dictadura. Uno de los jueces cuestionados, Tomás Inda, integra el grupo de conjueces de la Corte Suprema que defendió a Antonio Boggiano y ordenó reponerlo en el cargo. María Beatriz Fernández es la otra camarista que quedó en la cuerda floja. El dictamen de los consejeros los acusa de haber paralizado intencionalmente la causa sobre los fusilamientos, favorecer la fuga de los militares con una decisión ilegal, prejuzgar y perseguir a un fiscal.
Ahora el plenario del Consejo es el que debe resolver si inicia el proceso de remoción contra los camaristas chaqueños acusados de “mal desempeño”. Podría hacerlo mañana mismo: el tema figura en el orden del día y, además, desde la semana pasada los consejeros tienen en su poder los antecedentes del caso. Si votan la suspensión, Boggiano ya no contará con uno de los cinco conjueces que se pusieron de su lado. Tendrían que nombrar a un nuevo conjuez para resolver el recurso extraordinario que anunció que presentará para cuestionar su destitución.
El dictamen que aprobó ayer la comisión acusadora fue elaborado por la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler a partir de una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS del Chaco. Lo votaron también los peronistas Jorge Yoma y Lelia Chaya y el radical Juan Minguez. La propuesta en disidencia fue del abogado Luis Pereyra Duarte. El duhaldista Jorge Casanovas faltó a la reunión.
En marzo de 2003 el juez federal del Chaco, Carlos Skidelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en la causa sobre la masacre de Margarita Belén. Como consecuencia de esa decisión ordenó la detención de los represores involucrados en el traslado de 22 presos políticos, con supuesto destino a la Unidad 10 de Formosa, que terminaron fusilados en la Ruta 11 luego de ser torturados durante un día, el 13 de diciembre de 1976. Los militares apresados presentaron un hábeas corpus a través del defensor oficial Carlos Pujol. La Cámara chaqueña les dio la razón. Pero según el análisis de los consejeros fue una decisión forzada, contra derecho, con la intención de favorecerlos.
La principal imputación contra Inda y Fernández es haber liberado a los militares al declarar incompetente al juez original, Skidelsky, a través de un hábeas corpus que, además, daba por anuladas sus decisiones. También había firmado el fallo el juez Diómedes Rojas, quien falleció el 14 de febrero de este año.
“Al hacer lugar al hábeas corpus se configuró el mal desempeño de los camaristas”, según advierte la resolución de los consejeros. Los jueces “prejuzgaron”, subraya. La cuestión sobre a qué juez le correspondía intervenir, añade el documento, debía discutirse por un carril aparte y “la querella debía ser escuchada”, pero nada de esto sucedió. Aun así, consideran, una declaración de incompetencia no invalida las medidas judiciales previas. Por ende, los detenidos por los asesinatos debían seguir en esa condición a disposición del nuevo tribunal.
Otro punto del dictamen señala que al concederles “la libertad sin caución alguna” la Cámara “permitió que los imputados se profugaran”. “Ese es el caso –puntualizan– del militar Norberto Raúl Tosso, quien se dio a la fuga” y ahora tiene pedido de captura internacional. “Los camaristas paralizaron la causa”, enfatiza el texto.
A entender de los consejeros, los camaristas montaron una persecución contra el fiscal federal Jorge Auat al hacer un “ejercicio abusivo del poder” para entorpecer su tarea. Auat había insistido con las detenciones. Pero, además, fue el autor –junto con el fiscal Javier de Luca– de un informe de 2003 que acusaba a la Cámara de incurrir en prevaricato (fallar a propósito contra derecho) y manipulación de citas de derecho procesal.Advertía incluso que el tribunal había copiado el dictamen de la ex fiscal subrogante Ana María Torres, exonerada días atrás por este tema por decisión del procurador general, Esteban Righi.
El dictamen de Acusación reservó un punto especial para el camarista Inda. Dice que debió haberse apartado en el caso de Margarita Belén ya que cuando actuó como juez en una dos causas referidas a Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre, nunca ordenó investigar su muerte ni la del resto de los que, igual que él, estaban detenidos a disposición del Poder Judicial. Incluso recuerda que por esa “omisión” la Cámara Federal le llamó la atención en el Juicio a las Juntas. Inda presentó al renuncia en febrero, pero el Gobierno nunca se la aceptó.