El Consejo de la Magistratura podría volver a polemizar sobre la posibilidad de poner un plazo de prescripción a los expedientes que se inician contra los jueces y que pueden llevarlos a un juicio político. El tema viene dando vueltas desde hace varios meses, alentado especialmente por el ala conservadora del cuerpo judicial, encabezada por los jueces. Ellos quieren poner un límite de dos años a las investigaciones. Una vez cumplido ese lapso, dicen, debería caer la causa y convertirse en cosa juzgada. Un grupo de organizaciones no gubernamentales exigió que, al menos, haya garantías de que en el tiempo que quede establecido como límite los consejeros efectivamente investiguen. Hasta ahora no existe limitación alguna. Algunos consejeros dicen que de haber existido nunca hubieran llegado, por ejemplo, a destituir a Juan José Galeano por las irregularidades en la causa AMIA.