La Legislatura santafesina está a punto de ascender a camarista al juez Roberto Reyes, en medio del repudio de un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales de esa provincia. “El gobernador (Jorge) Obeid sigue premiando a los que garantizan la impunidad de sus socios”, denunció Gustavo Martínez, secretario adjunto de ATE Rosario. El gremialista se refiere a la actuación de Reyes en la causa por la represión de diciembre de 2001, porque sobreseyó a los responsables políticos y policiales de esa masacre en la que fueron asesinadas siete personas. Ayer se realizó una multitudinaria marcha y hoy está prevista otra movilización “contra la impunidad de ayer y de hoy”. El rol del estado provincial en sensibles causas por violaciones a los derechos humanos pasadas y presentes está siendo cuestionado.
El acto multisectorial culminó ya entrada la noche en la plaza San Martín de la capital provincial y contó con la presencia de quienes habitualmente participan de la Marcha de las Antorchas de Santa Fe, que todos los martes y todos los 29 reclaman por las 23 víctimas de las inundaciones de abril de 2003. También estuvo la agrupación Padres del Dolor, que nuclea a las víctimas de gatillo fácil; la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), los familiares de las víctimas de diciembre de 2001, la comisión investigadora no gubernamental de esos hechos, la coordinadora de trabajo carcelario, además de organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, estudiantiles, barriales y gremiales. Sólo faltaron los políticos, más ocupados en la campaña. Hoy se volverán a juntar, para marchar hasta la Legislatura provincial en Santa Fe y repudiar el nombramiento de Reyes. “Los legisladores provinciales tienen la responsabilidad de impedir que otro verdugo de la Justicia llegue a la Cámara”, advirtió Martínez.
Santa Fe fue la provincia con más asesinados en aquellas jornadas de fines de 2001: siete personas a manos de la policía, una por disparo de un comerciante y una mujer por un paro cardíaco en medio de la represión. Estos hechos fueron investigados en expedientes separados, lo cual atentó contra la efectividad de la pesquisa. Sólo hay detenidos en dos de esas causas. Reyes tuvo a su cargo el proceso contra los funcionarios y los terminó sobreseyendo con el argumento de que no se le puede achacar responsabilidades a un médico, en referencia al ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, y a un licenciado en Ciencias Políticas, en alusión al ex subsecretario de Seguridad Enrique Alvarez, porque consideró que “de seguridad pública no saben nada”. “Reyes nunca citó al entonces gobernador (Carlos) Reutemann, siendo que a nivel nacional (Fernando) de la Rúa tuvo que dar explicaciones ante la Justicia. Y no lo hizo pese a que el propio ex ministro de Gobierno declaró en la comisión investigadora no gubernamental que Alvarez acataba órdenes de Reutemann”, explicó Martínez a Página/12. “Para asegurarse el cargo (Reyes) evitó que Reutemann pisara Tribunales”, completó.
En 1980, Reyes firmó la primera sentencia del país a prisión perpetua contra un menor acusado de homicidio cuando se desempeñaba como secretario del juzgado de Menores de Santa Fe. Años después se supo que el asesinato llevó la marca de los servicios y que el joven no estaba involucrado. Desde ATE Rosario destacaron la formación de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura: Mario Esquivel es primo de Reutemann, Danilo Kilibarda es abogado del ex gobernador y Juan Carlos Mercier fue su secretario de Hacienda y funcionario durante la dictadura.
El martes la vicegobernadora María Eugenia Bielsa aseguró que “todavía no hay demasiados avances” en la causa por Diciembre Trágico. Y cuando Rosario/12 le consultó sobre el ascenso de Reyes, respondió que “siempre es sano que la Justicia defina cuáles son las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestro accionar político”, en obvia alusión a la posición opuesta que adoptó Reyes.