El gobierno de Santa Fe había pedido la absolución de Esteban Velázquez, el policía que asesinó el 19 de diciembre de 2001 a Claudio “Pocho” Lepratti, un reconocido militante social que trabajaba en un comedor escolar. Lo hizo a través de la fiscal de Estado, Irmgard Elena Lepeniés, asesora legal del gobierno en la causa que investigó esos hechos y en la que también la administración provincial fue demandada por daño moral. En noviembre, tras conocerse la condena contra el policía, la Fiscalía de Estado había planteado que “el juez no debió dictar sentencia de condena”, ya que “no se ha demostrado con certeza que el balazo recibido por Lepratti haya sido causado por el disparo de Velázquez”. Y sostuvo que “es posible que el disparo mortal haya venido de terceros”. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la sentencia contra Velázquez a 14 años por el homicidio de Lepratti. Gustavo Martínez, de ATE Rosario, denunció que “podían haber cuestionado la parte del daño moral, pero no pedir la revocación del fallo del juez. La posición del gobierno ha sido indigna. Reclama la impunidad de los que asesinan”.