“El ajuste en la provincia va a ser muy complicado –insistió Felipe Solá, ante la mirada impasible de Eduardo Duhalde y unos veinte intendentes peronistas del conurbano–. No se pueden reducir más los sueldos de los empleados, ni a la policía ni a los estatales.” El aviso no sorprendió a nadie, pero reveló, una vez más, que el camino para reducir el déficit está lleno de obstáculos. El gobernador bonaerense había sido convocado a Olivos para analizar estos temas, donde fue recibido por Duhalde y su esposa Chiche. Oficialmente, el objetivo del encuentro era discutir sobre “seguridad y las políticas sociales”. Pero en la reunión, Solá y Duhalde analizaron cómo llevar adelante el ajuste en la provincia de Buenos Aires, el distrito más endeudado del país.
Luego de que Solá firmara el pacto para bajar el gasto, el viernes a la noche en Olivos, estaba claro que aún quedaba bastante por debatir, en especial la forma de cumplir con la letra del acuerdo. Por eso, aunque el encuentro estaba programado desde el jueves, en el Gobierno apuraron los trámites y se reunieron ayer con Solá y todos los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires. El único que no asistió fue Aldo Rico, quien envió en su lugar al titular del Concejo Deliberante de San Miguel. Junto a Duhalde estaban Chiche –con quien Solá compite por la próxima candidatura a gobernador–, el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, la ministra de Trabajo Graciela Camaño y la ministra de Desarrollo Social, María Doga.
El encuentro comenzó a las 10 con una reunión más técnica, a la que asistieron los ministros, en la que se comentaron aspectos específicos del ajuste que deberá encarar la provincia. Luego se realizó otra sólo con Duhalde, Solá, Atanasof y los intendentes, donde se habló de políticanacional. El Presidente reclamó apoyo incondicional para el gobernador bonaerense. “Todo el peronismo de la provincia tiene que estar encolumnado detrás del gobernador”, sentenció, consciente de que Solá teme que algunos “talibanes” ultraduhaldistas comiencen a retacearle el apoyo cuando tendrá que recortar gastos para bajar el déficit.
El propio Solá insistió con que el Gobierno deberá compensarlo con fondos frescos si quieren que deje de imprimir patacones. “O que nos garanticen fondos la Nación o que nos permitan emitir”, había dicho el viernes, luego de suscribir el acuerdo bilateral con la Nación. Ayer repitió su pedido y con el apoyo de los intendentes pidió que se sancionen dos leyes ya presentadas en el Congreso que permitirían que las comunas no paguen el IVA por los servicios públicos que prestan. De esa forma, se avanzaría en el ajuste sin recortar más los alicaídos salarios de empleados y docentes. “A los municipios tienen que eximirnos del pago del IVA por la recolección de basura. Yo, por ejemplo, pago 15 millones”, comentó a Página/12 un intendente de la primera sección electoral que estuvo por Olivos.
Duhalde había permanecido callado, escuchando a Solá y a la tropa de los intendentes. Cuando le pidieron la sanción de las leyes, respondió, hermético: “Lo vamos a estudiar”. Luego llegó el momento de las definiciones políticas, y el Presidente compartió su optimismo, producto de la derogación de la ley de Subversión Económica y de la firma del acuerdo con la provincia de Buenos Aires:
–Ahora tendremos tiempo para salir de la coyuntura económica diaria y podremos pensar en políticas más estructurales– se esperanzó Duhalde.
Los intendentes escucharon en silencio el pronóstico, al que enseguida se le sumó una sugerencia que llegó del entorno presidencial. “El peronismo tiene que volver a reconquistar la calle, estando al lado de las necesitados”, se escuchó entonces, lo que significaba, en castellano, movilizar al siempre dispuesto aparato del PJ bonaerense.
La serie de reuniones continuó hasta las tres de la tarde. En un momento, Solá hizo catarsis, comentó que ya “no se puede seguir ajustando” los sueldos y, en una leve autocrítica, admitió que “se pudo haber cometido algún error con los docentes y la ruralidad”. Luego propuso una medida alternativa al recorte de salarios: descentralizar el cobro de impuestos provinciales, que pasarían a ser recaudados por los municipios. Una propuesta que entusiasma a los jefes comunales.
En el encuentro se analizó también la evolución del plan de jefes y jefas de hogar, que el Gobierno considera su principal logro, a pesar de que generó controversias con los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “Es el programa más amplio que se conoce a nivel social, puede permitir reactivar intendencias y descomprimir la situación social”, destacó Duhalde. La charla giró a la seguridad, una cuestión que preocupa mucho en las comunas. Una propuesta fue pedir que el Servicio Penitenciario reciba a los presos de las comisarías hasta que se consigan créditos para construir cárceles.