El juez federal Sergio Torres ordenó la captura de dieciséis represores que participaron en el crimen contra Rodolfo Walsh. En la tarde del 25 de marzo de 1977, el escritor fue interceptado cerca de San Juan y Entre Ríos por un grupo numeroso de personas entre los que había militares y miembros de diferentes fuerzas de seguridad. El objetivo era llevarlo a la Escuela de Mecánica de la Armada para torturarlo, pero Walsh se resistió. Después de un tiroteo, finalmente llegó a la ESMA, aunque lo habrían conducido allí sin vida. Hasta hoy, sigue desaparecido. Entre las cosas que llevaba encima cuando lo mataron, había algunos ejemplares de la Carta a la Junta Militar en la que el periodista denunciaba a los planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado. “Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes”, señalaba.
Los represores que Torres mandó a arrestar son: los marinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Jorge Vildoza, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, el militar Julio César Coronel, el prefecto Héctor Febres; los policías Roberto González, Ernesto Weber, Pedro Salvia, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Linares y los oficiales del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez y Carlos Generoso. La medida también abarcaba a Enrique Yon y Roberto Naya, que fallecieron.
Acosta, Astiz, Radice, Pernías, García Velazco y Febres ya estaban presos. Vildoza tiene un viejo pedido de captura por la apropiación de un hijo de desaparecidos, por el que está prófugo. El resto está siendo indagado o buscado por el juzgado. Rolón, que había quedado en libertad luego de que la Cámara de Casación le concediera la excarcelación en otra causa hace un mes, ya regresó a la cárcel.
Según relató la compañera de Walsh, Lilia Ferreyra, ante el tribunal, el 25 de marzo de 1977 ambos salieron de su casa de San Vicente y antes de tomar el tren de las 12, el escritor se encontró con el martillero que les había vendido la propiedad, quien le entregó el boleto de compraventa. Ferreyra y Walsh se separaron en Constitución y quedaron en verse a las cinco de la tarde o luego en San Vicente. El escritor tenía que reunirse con una persona en la zona de Congreso.
Walsh no se encontró con su mujer por la tarde. Al día siguiente por la mañana, Ferreyra y la hija menor del periodista, Patricia, fueron a la casa de San Vicente. La encontraron vacía, saqueada, con algunos objetos rotos en el jardín y con impactos de balas de grueso calibre en las paredes interiores y exteriores. Entre las cosas que se llevaron, había originales de la obra inédita del escritor.
Testimonios de sobrevivientes de la ESMA y declaraciones de los mismos represores permitieron reconstruir parcialmente lo que ocurrió. Lisandro Cubas declaró que el suboficial Roberto González le aseguró en la ESMA que lo habían condecorado “por su valentía en el combate por haber sido herido en el secuestro de Walsh”. En el marco del Juicio por la Verdad, la Cámara Federal citó a González y otros integrantes del grupo de tareas de la ESMA. La mayoría no quiso hablar o negó cualquier vinculación con los hechos por los que eran interrogados. Pero González no tuvo empacho en reconocer su participación. Afirmó que había estado en el “operativo de contención” y que la patota que interceptó a Walsh la integraron entre ocho y catorce personas. Cubas relató también que a fines de marzo de 1977 escuchó en la ESMA a Juan Carlos Coronel –que era miembro del Ejército pero colaboraba con los marinos– decir: “Walsh se nos murió”. “No respetó la voz de alto y le tuvimos que tirar”, señaló. Otro sobreviviente aseguró que Weber, a quien le decían “220”, se ufanaba ante los detenidos de haber realizado los disparos que mataron al escritor. El ex detenido Martín Grass vio el cuerpo del Walsh en la ESMA. Estaba tirado en uno de los pasillos y partido por una ráfaga de ametralladora. Su cuerpo nunca apareció.

El saqueo
En la madrugada del 26 de marzo, la casa de Walsh y Ferreyra en San Vicente fue saqueada y casi destruida. Una vecina, María Yolanda Mastruzzo, relató que poco antes de las cuatro de la mañana escuchó “voces que decían que los habitantes de la finca salieran con las manos en alto”. Ella y su esposo obedecieron y encontraron que les estaban apuntando. “Había muchísima gente, todos armados y gran cantidad de vehículos, entre ellos un patrullero y una camioneta del Ejército. Una persona que tenía una boina con unos ‘chirimbolos’ en el costado, con un águila en la gorra y otra en el saco o la campera que llevaba nos dijo que andaban buscando a una pareja, describiéndonos cómo eran los mismos, indicándoles por la descripción que serían mis vecinos”, narró la mujer. Mastruzzo reveló que un rato después escuchó un tiroteo –“parecía una guerra”–. A las siete de mañana, cuando ella y su esposo se animaron a volver a asomarse a la calle, vieron un policía que había quedado “al cuidado” de la casa y que les dijo, mate de por medio, que si venían los vecinos no les dijeran que él era policía porque “lo querían agarrar vivo”. Después llegó la Brigada de Explosivos y estalló una bomba. Luego, todos se fueron. “Quiero aclarar que antes de retirarse los vehículos vimos cómo se llevaban cosas de la casa”, describió.
Además de bienes y un Fiat 600, los represores de la ESMA se apropiaron de material literario y periodístico de Walsh. Muchos de esos escritos fueron vistos por detenidos en el tercer piso del casino de oficiales de la ESMA. Allí también estaba la Carta abierta a la Junta Militar, que Walsh había llevado al correo ese día. Sólo algunas copias llegaron a destino, además de los cinco ejemplares que Ferreyra pudo despachar. A un año del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el autor de Operación masacre concluía:
“Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio (...) Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.