La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba declaró por mayoría la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final y el decreto de indulto que benefició a Luciano Benjamín Menéndez en la causa 31-M-87 (que reúne mas de 450 causas), por la cual estuvo a punto de ser juzgado en 1989. El Tribunal respondió afirmativamente al pedido de la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien el 2 de octubre de 2001 había solicitado la inconstitucionalidad de las leyes y el decreto presidencial, pero la jueza Garzón de Lascano lo había rechazado en marzo de 2003. Aunque el ex comandante del III Cuerpo está procesado y detenido por otras causas nuevas junto a otros represores, este dictamen es fundamental para poder llegar al juicio oral y público que se paralizó hace dieciséis años.
En un fallo histórico de setenta y cinco páginas, los camaristas Gustavo Becerra Ferrer, José Alejandro Mosquera, Humberto Aliaga Yofre, Ignacio Vélez Funes y el juez federal Ricardo Bustos Fierro, declararon por mayoría la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final y el Decreto presidencial 1002/89 que indultó el 10 de octubre de 1989 a Luciano Benjamín Menéndez, paralizando el juicio en su contra que debía comenzar el 25 de octubre de aquel año. Salvo Mosquera, que consideró “nulo” el indulto, los otros camaristas sostuvieron el concepto de “inconstitucionalidad”.
“Con esta decisión, que confirma lo que solicité hace cuatro años, se retrotraen todos los efectos procesales a como estaba la causa antes de dictarse las leyes y el indulto”, dijo a este diario Graciela López de Filoñuk, quien no podía ocultar su satisfacción por el fallo de la Cámara Federal, que ayer hizo lugar al pedido presentado por ella el 2 de octubre de 2001 y que fuera rechazado por la jueza Cristina Garzón de Lascano el 21 de marzo del 2003.
La fiscal federal resaltó la importancia de lo resuelto por dos motivos: el indulto era el único impedimento legal para el juzgamiento de Menéndez en la causa 31-M-87, que reúne a su vez a mas de cuatrocientas cincuenta causas con gran cantidad de pruebas y testimonios, y porque en agosto la Cámara había declarado la inconstitucionalidad de las leyes sólo en la causa Brandalisis, y ahora lo hace en la “causa madre”. “Yo necesitaba ambos hechos, porque ahora puedo reabrir la causa contra todos los que actuaron en la represión ilegal, que están denunciados en todas estas causas, y también contra su jefe máximo, que siempre se beneficiaba por el indulto.” Aunque la fiscal no pudo precisar la cantidad de personas que estaban imputadas en esta megacausa en la década del ’80, una fuente federal le dijo a este diario que llegarían a cincuenta, entre militares, policías y otros efectivos de las fuerzas de seguridad.
López de Filoñuk también destacó que Menéndez está hoy detenido y procesado por la causa “Humberto Brandalisis y otros”, junto a ocho represores, acusados del secuestro, tortura y muerte de Humberto Brandalisis, Carlos Lajas, Hilda Flora Palacios y Hugo Cardozo. Está procesado porque son investigaciones iniciadas con posterioridad al indulto de Menem.
Claudio Orosz, abogado de Hijos y querellante junto a Martín Fresneda en la causa en representación de la familia Di Toffino y Paula de Mónaco, dijo que este fallo “pone a la Justicia a la altura de las instituciones. Ahora no hay ley que consagre la impunidad, porque el dictamen rescata que todos somos iguales ante la ley”.