Por primera vez el Consejo de la Magistratura sancionó a un juez de la Cámara de Casación Penal, el segundo tribunal en jerarquía por debajo de la Corte Suprema. El apercibimiento le tocó a Alfredo Bisordi por su comportamiento en la causa sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En un escrito, el camarista había llamado “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una sobreviviente de ese centro clandestino de detención. La mayoría de los consejeros consideró que el camarista incurrió en “faltas de consideración y respeto”.
La sanción de apercibimiento que recibió Bisordi en el último plenario del Consejo es el escalón previo a una multa. Fue propuesta por el consejero Abel Cornejo, representante de los jueces en el cuerpo. Su dictamen decía que el camarista cometió “actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometen la dignidad del cargo de un juez”. Agregaba que es “evidente” que el camarista “no tenía la imparcialidad para desempeñarse como magistrado en este asunto”.
La denuncia contra Bisordi que dio origen a la medida disciplinaria había sido presentada por un grupo de organismos de derechos humanos en base a un escrito del propio juez, cuando intervenía en la causa ESMA. En el texto, además de agredir a Daleo, aludía al abogado Rodolfo Yanzón como “ex defensor de criminales”, por haber ejercido la defensa de los atacantes del cuartel de La Tablada. A las agrupaciones querellantes se refería como “los autodenominados organismos de derechos humanos”.
En un principio los denunciantes –entre ellos la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos– pidieron la destitución de Bisordi, pero el Consejo se limitó a darle la entidad de un problema de conducta. “El señor juez no sólo ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, su fallo constituye una clara amenaza para todos los que buscamos justicia”, dijeron los organismos al reclamar el juicio político.
El Consejo reconoció que Bisordi “tiene embargado su ánimo o conlleva prejuicios hacia algunas de las partes” de la causa ESMA. Por eso consideraron “inadmisible” que “pretendiera seguir en un proceso de alta sensibilidad para la opinión pública y de enorme envergadura axiológica”. Esta postura logró 12 votos. Dos de ellos fueron de jueces: Victoria Pérez Tognola y Claudio Kiper. Cornejo, el impulsor, no pudo ir a la reunión. También la apoyaron los diputados Juan Minguez y Marcela Rodríguez, los senadores Carlos Prades y Miguel Pichetto, los abogados Beinusz Szmukler, Eduardo Orio y Luis Pereira Duarte y los académicos Humberto Quiroga Lavié y Juan Gemignani. Se opusieron el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha, el juez Bindo Caviglione Fraga, los diputados Lelia Chaya y Jorge Casanovas y los senadores Jorge Yoma y Ricardo Gómez Diez.
Bisordi tuvo otra denuncia ante el Consejo en 1999: la DAIA lo acusó, igual que a sus compañeros de sala, de forzar un expediente para favorecer a tres skinheads que habían atacado a un joven al grito de “mueran los judíos”. En el historial de Bisordi, además, está su renuncia a ser fiscal adjunto de Julio Strassera en el Juicio a las Juntas. Strassera dijo que reivindicaba los métodos del terrorismo de Estado. Cuando estaba por ser nombrado en Casación, defendió ante la Comisión de Acuerdos del Senado la subordinación de la Justicia a los militares en la dictadura y se quejó porque el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país”.