Con la impunidad naturalizada, el represor Eduardo Maire fue a cobrar la jubilación a una sucursal del Banco Provincia en Avellaneda. Está acusado por 68 casos de privación ilegal de la libertad y torturas y dos homicidios calificados durante la última dictadura militar, pero no le importó. Tenía pedido de captura y había sido declarado prófugo. Tampoco le importó. Sin embargo, esta vez se quedó sin el dinero y no volvió del paseo a su casa. Terminó esposado ante el juez de La Plata Arnaldo Corazza, que lo dejó detenido. El ex oficial de la policía bonaerense estuvo vinculado con la patota del ex comisario Miguel Etchecolatz y actuó en los centros clandestinos de detención conocidos como Puesto Vasco y COTI Martínez.
Maire, de 74 años, quedó preso en la causa Camps II, en la que se investigan los crímenes cometidos en todos los campos de concentración de la Jefatura de la Policía Bonaerense durante el terrorismo de Estado. Corazza había ordenado su captura el 6 de septiembre, en base a un pedido del fiscal Sergio Franco. Como no se presentó fue declarado en rebeldía. El miércoles al mediodía lo detuvieron cuando intentaba retirar su jubilación como si nada. Ante el juez se negó a declarar, sólo preguntó qué testimonios lo comprometían. Pidió que le concedan arresto domiciliario por su edad, pero lo más probable es que se lo nieguen por no haberse entregado. Lo llevarían a la cárcel de Marcos Paz.
A Maire la Justicia lo responsabiliza por 46 privaciones ilegales de la libertad y torturas en Puesto Vasco, que funcionó en Don Bosco, en el destacamento de cuatrerismo de Quilmes, dependiente de la brigada de Lanús. También se le imputan 22 detenciones ilegales y torturas por su actuación en el centro clandestino COTI Martínez, instalado en el destacamento de la policía caminera de Martínez. Además, está acusado por dos homicidios calificados: el del abogado platense Jorge Rubinstein y el del periodista Rafael Perrota. Todos los hechos datan de 1977. En esa época, Maire fue oficial inspector en la Dirección General de Informaciones, estuvo en la Brigada de Lanús y en la de Investigaciones de San Martín.
El ex policía fue identificado en una decena de testimonios de víctimas en el expediente a cargo del juez Corazza, aunque existen numerosas pruebas sobre su participación en las violaciones a los derechos humanos. Los relatos dan cuenta de que se lo veía, en forma contemporánea, en distintos lugares de detención. De hecho, una de las características de los represores que aparecen en esta causa es que eran itinerantes.
Uno de los sobrevivientes que reconoció a Maire es el actual juez Julio César Miralles. Lo señaló como uno de los integrantes de “la patota encargada de materializar las torturas, los vejámenes que hemos padecido todos y cada uno de los detenidos”, tanto en Puesto Vasco como en el COTI Martínez. Dijo que era uno de los que “comandaba en forma personal las torturas” y lo describió como un “personaje siniestro”. Relató, además, que actuaba junto con Milton Pretti alias Saracho, Eros Tarela conocido como Capitán Trimarco y el médico policial Jorge Bergés. El productor teatral Osvaldo Papaleo fue otro ex detenido que aludió al papel de Maire como represor y al mismo grupo de tareas. Más testigos lo señalaron como un “torturador feroz” y en el expediente Jacobo Timerman figura como una de sus víctimas.
Aunque Maire no quiso hablar ante el juez Corazza, en la causa está adjunta su declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es ilustrativa de su rol en la dictadura. Allí reconocía su participación en el COTI Martínez y decía: “Por razones de seguridad impuestas por la autoridad militar y muy bien interpretadas por nosotros (...) a fin de evitar que involuntariamente se nos pudiera escapar un nombre de alguien y eso pudiera dar margen a una pérdida de seguridad, se emplanillaba a la gente por números (...) al cabo de ver a una persona dos o tres veces ya decíamos ‘traéme el 22’, ‘hablemos con el 14’, ‘me interesa el 15’, mejorque memorizar nombres era memorizar números, y menos comprometido”.
En la misma causa ayer fue indagado Reynaldo Tavernero, el segundo jefe de la Bonaerense durante la última dictadura militar. Trasladó las responsabilidades al entonces titular de la fuerza, Ramón Camps, y dijo que desconocía la existencia de los centros clandestinos. Ya estaba preso por otros casos pero Corazza le sumó una nueva detención. Otros tres represores están en la cárcel por esta investigación y hay ocho pedidos pendientes de resolución, entre ellos contra Etchecolatz y Bergés.