Tras un larguísimo proceso, en el que numerosos camaristas se excusaron, la Justicia apartó ayer al juez Claudio Bonadío de la causa en la que se investiga cómo y por qué se armaron pistas falsas, se empantanó y desvió la investigación del atentado contra la AMIA. Las acusaciones contra Bonadío eran múltiples, pero la de mayor relieve es que estuvo cinco años sin mover el expediente y que de alguna manera actuó en defensa de su amigo Juan José Galeano y, en especial, de su ex jefe Carlos Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA. Los tres camaristas que resolvieron el apartamiento de Bonadío también enviaron una copia de su fallo a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura por considerar que Bonadío omitió declarar hechos concretos de su relación con Corach, ni más ni menos que fue su asesor e integró su equipo durante cuatro años. Ahora, este delicado expediente quedará a cargo de uno de los nuevos jueces federales, Ariel Lijo.
Esencialmente, los familiares agrupados en Memoria Activa y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia denunciaron en forma reiterada la inacción de Bonadío en el expediente sobre las irregularidades de la investigación del atentado. En febrero pasado, por ejemplo, Alejandro Rúa, quien está al frente de la Unidad AMIA, sostuvo en un escrito que “el juez tiene a su cargo el expediente desde hace cuatro años y medio y se encuentra obligado a investigar la intervención del ex ministro Corach y del ex presidente Carlos Menem en el irregular pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín. Sin embargo, no ha concretado ninguna diligencia procesal, casi no avanzó en todo este tiempo y sólo recolectó prueba por lo hecho directamente en juicio oral. En realidad, Bonadío no ha hecho más que obstaculizar, con tanta persistencia como arbitrariedad, la labor de los organismos que sí estuvieron interesados en el avance de la pesquisa: la Unidad AMIA y la Oficina Anticorrupción”.
Ayer, los camaristas Carlos González, Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi sostuvieron que Bonadío tiene una causa en su contra también por AMIA. Proviene de una denuncia en la que las abogadas de Telleldín, Laura Fechino y Adriana Novello, lo acusaron por abuso de autoridad, denegación de justicia y encubrimiento, por no avanzar en la investigación de las maniobras del caso AMIA. Judicialmente, también hay acusaciones contra Bonadío por parte del periodista Román Lejtman y los abogados del ex comisario Juan José Ribelli. Teniendo en cuenta ese escenario, los camaristas sostienen que Bonadío se convirtió en juez y parte, ya que actúa en un caso en el que, a su vez, está acusado. Esa es la razón primaria que lleva al apartamiento.
Juan José Ubeira, el abogado de Ribelli, es quien planteó originalmente la recusación que se concretó ayer. El argumento fundamental del letrado es que uno de los sospechados de perpetrar irregularidades en el caso AMIA es el ex ministro Corach, a quien el Tribunal Oral ordenó investigar, y Bonadío fue estrecho colaborador del ex ministro. Ubeira cometió un error: dijo que Bonadío fue mano derecha de Corach en el Ministerio del Interior. La respuesta de Bonadío fue que él nunca trabajó en tal ministerio. Sin embargo, obvió decir lo más importante, que durante cuatro años fue colaborador –subsecretario general y subsecretario de Asuntos Legales– de Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, en tiempos de Carlos Menem. Todo ello antes de que Corach llegara al Ministerio del Interior. Por ello, los camaristas coincidieron ayer en que Bonadío ocultó información y –según dice el fallo– “genera serias dudas sobre la corrección de la conducta del recusado (Bonadío) al omitir toda referencia expresa a esos cargos. Por ello, corresponde darle la cabida intervención a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura a efectos de que evalúe su conducta”.
Después de casi cinco años de tener la causa sin citar a indagatoria, Bonadío terminó convocando por el pago de los 400.000 dólares a Telleldín, su abogado Víctor Stinfale, al periodista Lejtman y a Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE, dejando a un lado el papel que pudiera caberle a Corach y Menem. Pero, además, lo hizo cuando estaba en pleno trámite el juicio político contra el juez Galeano, en el que Anzorreguy estaba citado a declarar. Como estaba cantado, el otrora jefe de los espías se negó a declarar en el juicio político, porque no le convenía hablar como testigo contra Galeano cuando él mismo era acusado en la causa que instruía Bonadío. O sea que después de cinco años, la citación a indagatoria le vino como anillo al dedo a la defensa de Galeano, que igual terminó perdiendo su cargo de juez.
El caso AMIA sigue siendo la piedra del escándalo en la Justicia Federal. La semana pasada, el juez Rodolfo Canicoba Corral salió a defender a su ex colega Galeano, elogiando su actuación. Ahora, tres camaristas terminan apartando a Bonadío, entre otras cosas porque se sospecha que también benefició a Galeano. Pero hace más de un año, el Tribunal Oral dictó un fallo lapidario. Dejó en libertad a los acusados y sostuvo que la investigación fue un armado, una gravísima serie de maniobras “al servicio de políticos inescrupulosos”. Pese a ese fallo medular, hasta el momento no hay nadie ni preso, ni siquiera imputado, por esas maniobras.