El presidente del Tribunal Superior de Justicia porteño, Julio Maier, estuvo ayer con los miembros de la Sala Juzgadora que debe definir el futuro de Aníbal Ibarra en lo que fue la primera reunión de ese cuerpo, y cumplió con su anticipo de que con los legisladores no se plantearía “un diálogo de sordos”: quienes participaron del encuentro contaron que el suyo fue más bien un monólogo porque su acabado conocimiento de derecho procesal no dejó a sus interlocutores –que en muchos casos ni siquiera son abogados– mayor resquicio para refutarle sus posiciones. En su debut en la Legislatura, Maier dejó dos definiciones a tener en cuenta: que hay que utilizar como reglamento el Código Procesal Penal y que los actuales juzgadores deben mantenerse más allá del recambio legislativo. El próximo miércoles habrá una nueva reunión y entonces se entrará ya en el terreno de las definiciones.
La Sala Juzgadora tiene cuatro meses para resolver si destituyen o no al jefe de gobierno, quien quedará automáticamente repuesto en su cargo si se exceden de ese plazo. Maier es un procesalista de renombre internacional y, según establece la Constitución porteña, es quien debe ejercer su presidencia. Su primer encuentro con los legisladores que la integran generó expectativa por la posición que pudiera fijar sobre la falta de reglamento –Ibarra advirtió que la oposición podría llegar a redactar uno a fin de perjudicarlo– y a quiénes deben llevar adelante el juicio político.
La actual integración del cuerpo favorecería al jefe de Gobierno, quien se vería perjudicado por el recambio legislativo que pasará a reflejar el triunfo del macrismo del pasado 23 de octubre. Con el argumento formal de que si no quedaría viciado de nulidad, desde el Ejecutivo porteño sostienen que el juicio debería hacerse antes de la asunción de los nuevos legisladores el próximo 10 de diciembre y que en caso de que no se culmine para esa fecha, son los actuales juzgadores los que deben terminar el proceso aún cuando tengan sus mandatos vencidos. Los adversarios de Ibarra preferirían dejar todo en manos de la próxima Legislatura.
Fue en una conferencia previa a su visita a la Legislatura que Maier adelantó que con los legisladores no se daría un “diálogo de sordos”. Entonces, no fijó públicamente sus posiciones, pero sí dejó claro que ese sería su único diálogo con la prensa y exhibió la misma personalidad con que enfrentó después a los juzgadores. “Necesito preservar mi intimidad con mi familia y mis amigos; les pido que me dejen tranquilo y no llamen a mi casa”, regañó a los periodistas.
En la Legislatura, Maier mostró la misma firmeza. “El pibe vino recontra alistado y bajó línea. Es muy serio, muy juez; no habla, dictamina”, contó a Página/12 un joven legislador, impresionado por la presencia del magistrado. Otro más entrado en años coincidió en que “llamó la atención su seriedad y su conocimiento; es como esos profesores viejos que apabullaban con sus conocimientos. No deja rendijas por ningún lado; quedó claro que no es fácil y que para discutirle hay que saber mucho”.
La reunión con los legisladores –concurrieron 13 de los 15 acusadores– fue a puertas cerradas, porque así lo exigió Maier. Todas serán del mismo modo; o sea que los familiares de las víctimas de Cromañón podrán enterarse de los debates por el registro taquigráfico que varios legisladores demandaron que hubiese, a pedido de los mismos padres. Lograron imponer la presencia de taquígrafos después de un arduo debate con Maier, quien sostuvo que “un tribunal juzgador delibera en privado y habla por sus sentencias”. La discusión al respecto llevó casi la mitad de las tres horas y media de reunión y se saldó del siguiente modo: los taquígrafos le darán el registro a Maier, quien lo dará en revisión a los legisladores recién a la siguiente reunión.
“Plantea un juicio muy jurídico y nosotros tratamos de explicarle que es más político”, rezongó un legislador, aunque confió que fueron pocos, sin embargo, los que se le animaron: “Más de uno bajó la cabeza”. Maier sostuvo también que la cuestión del reglamento y la integración de la Sala Juzgadora debía ser resuelta por los mismos juzgadores y no por el pleno de la Legislatura. Muchos consideraron su actitud casi como una intromisión en el Legislativo, porque –remarcaron– “hasta sugirió que cabría la posibilidad de que le correspondiera votar”.
Aunque no se debatió, quedó claro que el planteo de Ibarra tiene el apoyo de sus aliados y el rechazo de la oposición; el kirchnerismo mostró sus cartas. La discusión empezará el próximo miércoles.