Ni José Cartellone ni Paolo Rocca, sólo por citar algunos célebres empresarios argentinos con intereses en Venezuela, levantarían su apuesta en ese territorio o desistirían de encarar algún nuevo emprendimiento considerando que ese país carece de seguridad jurídica. Lo que en territorio local sería un pecado imperdonable, una acción confiscatoria que hasta puede fundar un juicio contra el Estado, en el país petrolero por excelencia de Sudamérica es apenas un mal trago que puede compensarse paladeando el rédito de futuros negocios. Es este poderoso anzuelo lo que termina minimizando las embestidas de Hugo Chávez sobre contratos firmados por administraciones anteriores, con el incontrastable argumento de que los inversores hoy gozan de un rédito excesivo.
Quizá por esto, el avión en el que Néstor Kirchner parte hoy rumbo a Venezuela tenga varias plazas asignadas a representantes de empresas locales que viajarán haciendo números. Pescarmona, por la provisión de turbinas para centrales hidroeléctricas. Su amigo Cartellone, con la misión de construir caminos, y Techint reacomodándose a las nuevas condiciones en las que va a operar Sidor, la siderúrgica de la que es principal accionista. O, más aún, analizando las nuevas pautas para la producción de hidrocarburos que Chávez aspira imponerle a las petroleras.
El holding local es casi un caso testigo de cómo los capitales privados pueden reacomodarse frente a un cambio en las reglas de juego, si éstos permiten la sobrevida del negocio, aunque sea en condiciones menos atractivas que cuando fue concebido. El 25 de octubre, el gobierno chavista insinuó que podría privatizar Sidor si ésta le seguía pagando a precio de baratija el hierro a la estatal Ferrominera del Orinoco. La secuencia que exaspera a la administración chavista se cierra con la exportación del acero que luego reingresa al país caribeño en forma de tubos, gracias al valor agregado que le añaden otros países.
Los Rocca se resisten a producir allá los caños que pueden importar fácilmente desde otras naciones vecinas. Pero apenas dos semanas después de esbozada aquella amenaza, el grupo argentino se avino a subir de 19 dólares a 30 el precio al que paga el hierro. Aun así, conseguirá ese insumo por debajo del precio internacional, aunque afrontando una suba de costos cercana a los 60 millones de dólares por año.
Menos nítido resulta el panorama para seguir explotando hidrocarburos en territorio venezolano, después que el gobierno de Chávez hiciera saber al conjunto de petroleras privadas su intención de reconvertir sus actuales licencias de explotación en una asociación forzosa con la estatal Pdvsa. Según el esquema propuesto por Chávez, las empresas deben transformarse en socias minoritarias de esa firma estatal, resignando por ello el management o, al menos, la potestad de resolver sobre cuestiones cruciales.
Las condiciones precisas de esas nuevas sociedades mixtas aún no están claras. Pero mientras algunas petroleras como Chevron o Shell analizan qué hacer, otras como la transnacional argentina Tecpetrol (Techint) ya se avinieron a firmar un compromiso por el cual estudiarán aquel convite, dispuestos a negociar “de buena fe” el propuesto ensamble.
Nada permite descartar hoy que esos inversores terminen demandando al Estado venezolano ante el Ciadi –el tribunal arbitral donde se acumulan multimillonarias demandas de accionistas de privatizadas contra la Argentina– por vulnerar sus contratos, tal como consideran algunos equipos jurídicos privados. Sin embargo, el probado interés en seguir haciendo negocios en Venezuela hace presumir que también aquí habrá fumata. Basta para ello con ver las nuevas áreas off shore que Petrobras y Repsol recibieron con gusto días atrás. Lo que desde una perspectiva podría verse como la claudicación de los inversores, para éstos es simplemente “una cuestión de pragmatismo”: las más generosas reservas de petróleo y gas del continente están bajo los pies chavistas.
Aquel país es, además, un buen destino para las exportaciones argentinas, en particular, desde que el secretario de Comunicaciones Guillermo Moreno aportó la idea de instrumentar un fondo fiduciario a integrar con los pagos del fuel oil provisto por Pdvsa a la Argentina. Según fue diseñado, los cientos de millones de dólares que el Tesoro local giró a la estatal venezolana –asumiendo como propio el costo del combustible que usaron las generadoras de electricidad argentinas como sustituto del escaso gas– deberían servir para comprar productos locales, desde maquinarias agrícolas a equipamiento hospitalario.
Evidentemente, ese mecanismo aceita el comercio bilateral. Pero el cierre concreto de las operaciones luego depende de la capacidad negociadora de cada una de las partes. En otros términos, de qué y a qué precio se les ofrezca y de cuánto están dispuestos a pagar por eso los venezolanos, cuya capacidad negociadora no está disminuida por la afinidad política que puedan mostrar las administraciones de Chávez y la de Néstor Kirchner.
Un conjunto de empresas españolas que se jactan de haber invertido en Latinoamérica más de 30 mil millones de dólares, advirtieron días atrás sobre los riesgos que entrañan las desigualdades sociales que desgarran la región. Francisco González, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBUV), fue uno de los que alertó sobre la necesidad de tener “especial cuidado por la posible aparición de políticas populistas”. Aunque no hubo un mención expresa, los ejecutivos aluden a Chávez, el mandatario que más inquieta a los capitalistas. Aunque no tanto como para que desistan de hacer su apuesta sujeta a las condiciones que se imponen desde Miraflores.