En el tramo final del juicio por la masacre de Avellaneda, el comisario Alfredo Fanchiotti decidió hacer uso del derecho a declarar y apuntó contra su superior, Félix Vega, un comisario que en el ambiente político es señalado como hombre de confianza del intendente de Lanús, Manolo Quindimil. Vega está acusado en el caso, aunque sólo por el delito menor de encubrimiento. Fanchiotti sostuvo que él era en realidad el designado para supervisar el operativo policial y sugirió que Vega manipuló las órdenes de servicio para no ir al Puente Pueyrredón, porque sabía que algo iba a pasar.
“El insistió para que yo supervisara todo el operativo cuando esta función le correspondía, según las directivas del ministro de Seguridad Luis Genoud y de (el jefe de la Bonaerense) Edgardo Beltracci”, declaró. El ex comisario agregó que la noche previa a la represión habló con Vega. “Le cuestioné mi designación”, pero, aseguró, no consiguió hacerlo cambiar de criterio.
Aunque resulta paradójico, Fanchiotti, como los querellantes, se muestra convencido de que la represión no fue un simple exceso policial, sino que tuvo responsables políticos. “Hacía como un mes que se notaba malestar en el gobierno nacional por estas manifestaciones”, dijo ayer. También recordó los dichos de los entonces funcionarios “(Jorge) Matzkin, (Juan José) Alvarez y (Alfredo) Atanasof”, quienes anticiparon que no se permitiría que los desocupados cortaran el puente.
Sin embargo, se negó a responder preguntas sobre los hechos puntuales por los que está siendo juzgado: haber sido coautor de los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y otros siete intentos de homicidio. Su estrategia es mostrarse como una víctima más, alguien a quien le hicieron una cama para usarlo como chivo expiatorio.
Sentado frente al tribunal, pidió que se proyectaran las filmaciones de la represión. Mostró algunas escenas donde la Infantería avanza hacia los manifestantes mientras él está detrás (para indicar que pudieron haber disparado otros) y sostuvo que “no había tenido nada que ver” con las muertes de los militantes piqueteros.
El hermano de Darío Santillán, Leonardo, que estaba en la sala, reaccionó con un insulto. Otros militantes se sumaron al repudio y los jueces ordenaron el desalojo del recinto. Hubo incidentes y Santillán estuvo detenido por unas horas. Tras un cuarto intermedio, se resolvió que Fanchiotti siguiera declarando hoy a partir de las 9.
Para los abogados querellantes, el comisario no aportó datos de interés al proceso. Las acusaciones contra Vega no contuvieron ningún elemento que ayude a profundizar la investigación, como tampoco otras expresiones que Fanchiotti formuló en tono de denuncia pero sin sustancia. Por ejemplo, sobre el rol de la SIDE: “Es ingenuo que la SIDE diga que no tiene información. Yo seguí varios casos de secuestros extorsivos con la SIDE y sé cómo trabaja”, dijo el comisario, quien aseguró por otra parte que aquel día vio en Avellaneda a personal de inteligencia de la Policía Bonaerense, un efectivo que “se hacía llamar Carlos y era de Florencio Varela”.
Fanchiotti no había declarado en el juicio oral, en el que está procesado junto a su chofer, el cabo Alejandro Acosta, y otros cinco policías que deberán responder por la figura de encubrimiento. Sí había declarado en la etapa de instrucción del caso, ante los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones. En esa oportunidad había anticipado muchos de los conceptos que se escucharon ayer. Entre los argumentos nuevos se contaron las críticas del acusado a las pericias reunidas en el expediente.
Es posible que en la audiencia de hoy declaren los últimos testigos del proceso. Luego será el turno de que las partes aleguen, para los que no hay fecha fijada de manera oficial. La estimación que circula es que se realizarían entre la última semana de noviembre o principios de diciembre.
En esos días habrá nuevamente un acampe frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, convocado por los compañeros de militancia de Santillán y Kosteki. El tribunal dictaría la sentencia antes de que termine el año, ya que tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo a partir del momento que terminen los alegatos.