El Senado tratará hoy el proyecto de ley de Financiamiento Educativo que impulsa el gobierno nacional. Esta norma planea, tanto para la Nación como para las provincias, un aumento en el presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento del PBI que se lograría en 2010. Para el 2006, implicaría un incremento de 9 mil millones. Sin embargo, si se toma un crecimiento del PBI del 8 por ciento, el aumento sería de 24 mil millones para 2011. El Gobierno busca conseguir que se sancione antes del 10 de diciembre para que entre en vigencia el próximo año.
El aumento presupuestario se distribuiría en un 60 por ciento a cargo de las provincias y la ciudad de Buenos Aires y 40 por ciento a cargo de la Nación. Esto produce resquemores entre los gobernadores, quienes plantean que la distribución del aumento debería reposar menos sobre sus arcas. En función de esto, los senadores radicales y algunos justicialistas sostienen que el aumento debería repartirse 50 y 50 por ciento. Argumentan que no representaría una erogación muy grande para la administración nacional y sí para las provincias. El Gobierno no aceptó este cambio.
Por su parte, la Ctera –que ya había denunciado las presiones de los gobernadores para frenar la ley– salió a apoyar su aprobación. “Con una larga lucha, cuya expresión emblemática fue la Carpa Blanca instalada el 2 de abril de 1997, los docentes argentinos vienen reclamando la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento que restañe el daño causado a la educación pública”, que se produjo –según afirmó el gremio– por la transferencia a las provincias de los presupuestos educativos. El traspaso se concretó durante el gobierno de Carlos Menem.
“La pauperización de los educadores y la desigualdad educativa constituyen hoy el rasgo distintivo de un sistema que produjo el empobrecimiento cultural. La solución no puede seguir esperando”, resaltó Ctera. En la Cámara alta existe consenso entre las bancadas para dar media sanción al proyecto, que será discutido hoy, y dar una señal a la sociedad de un cambio en la prioridad que ocupa la educación pública.