Vie 25.11.2005

EL PAíS

El juez Roberto Gallardo, cerca de un juicio político

Avanza en el Consejo de la Magistratura porteño el juicio político contra el juez Gallardo por irregularidades en su accionar.

Mientras se suman las acusaciones contra el juez Roberto Gallardo por su intención de incidir en el funcionamiento de la Sala Juzgadora, el futuro del magistrado pinta cada vez más negro. Además del cuestionamiento a su actuación en la causa que involucra a la sala que juzga a Aníbal Ibarra, Página/12 pudo saber que se cayeron las impugnaciones presentadas por el juez al Consejo de la Magistratura porteño, con lo que se abrirían los canales para que avance el juicio político en su contra.
La historia entre Gallardo e Ibarra bien se la podría comparar con La guerra de los Roses. El juez se ganó la antipatía en Bolívar 1 con varios fallos. Entre ellos, la clausura de La Rural, el cierre del Casino Flotante y el congelamiento de fondos de la ciudad para pagar subsidios. Pero no sólo fue el malestar del jefe de Gobierno lo que cosechó. Sus cuestionadas decisiones también le terminaron valiendo un juicio político que, después de idas y venidas, parece estar presto a resolverse. El proceso permanecía paralizado porque el juez había recusado a los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad por “su actitud frente al gobierno”. El caso terminó cayendo en el Jurado de Enjuiciamiento, que durante las últimas horas habría rechazado las impugnaciones. De esta forma, la Magistratura podrá avanzar en las acusaciones.
Además de este panorama negro, a Gallardo se le sumaron los cuestionamientos generados por intervenir en el funcionamiento de la Sala Juzgadora de la Legislatura. La decisión se basó en un amparo que solicitó uno de los padres de las víctimas de Cromañón para que las sesiones sean públicas. Pero, más allá de los comentarios que le disparó Ibarra frente a las consecuencias que esto puede acarrear sobre su futuro, la preocupación se despertó cuando se conoció que los familiares de las víctimas de Cromañón habían presentado siete amparos antes. El caso respondería a lo que se suele denominar como Forum Shopping, es decir un mecanismo que permite coordinar con un juez el destino de una causa para que recaiga en su juzgado cuando está de turno.
El dato fue ratificado por fuentes de la Cámara de Apelaciones. Concretamente se presentaron siete denuncias, firmadas por demandantes distintos. De acuerdo con lo establecido por el Código Procesal, una vez que es sorteado el juzgado, la parte querellante debe presentar un escrito para que la causa avance. Sin embargo, los familiares nunca se presentaron y recién se concretó el paso cuando la causa le cayó a Gallardo.
El tema generó gran polémica, más aún porque no existe un criterio legal que determine cómo debe seguir el proceso. Hay juristas que sostienen que dicha conducta es maliciosa en tanto consideran que no respeta lo establecido por el Código de Etica de los abogados. Del otro lado, algunos remarcan que el sistema jurídico, en definitiva, permite que el abogado elija al magistrado, con lo que no se estaría violando ninguna norma jurídica. En lo que sí coinciden todas las opiniones es en la necesidad de promover modificaciones al sistema de elección de jueces, que permitan garantizar la transparencia del proceso.
El caso del Forum Shopping no es nuevo y registra varios antecedentes. Tal vez uno de sus más fieles seguidores ha sido el ex banquero Raúl Moneta y su “juez amigo”, caído en desgracia, Juan José Mahdjoubian. Hace algunos meses, el plenario de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal denunció al juez en el Consejo de la Magistratura bajo el cargo de “violación de la garantía de juez natural”. La actuación de Mahdjoubian terminó siendo declarada nula. El Consejo además lo acusó por haberla derivado sin justificación a su colega ya destituido, Ismael Muratorio, en lo que sería un inédito caso de doble Forum Shopping. Pero además de éste, el caso más emblemático es el del ex juez de instrucción porteño, Roberto Murature, enjuiciado por favorecer a un abogado y amigo, Manuel Pallasá, en varias causas. A cambio, según confirmó la investigación judicial, habría recibido sus servicios gratuitos en expedientes civiles que involucraban a su esposa y a su suegra. Murature finalmente fue destituido.

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