Por Claudio Zlotnik y Raúl Dellatorre

Felisa Miceli reunió ayer por primera vez a su gabinete económico, pero no permitió que trascendiera nada de lo allí discutido. No es extraño, porque es su estilo. Pero además está en línea con lo que van a ser sus primeros pasos al frente de la cartera en la que reemplazó a Lavagna: sin grandes anuncios ni medidas espectaculares, buscará ir dando señales de sólido apoyo al aparato productivo y a su consolidación en el mediano y largo plazo. La tarea del equipo que conduce la nueva ministra se dividirá en dos frentes. Uno, el de precios, el de la lucha contra la inflación, en el que las acciones no sólo serán públicas sino que además buscarán amplia difusión y participación. Otro, el de la consolidación del crecimiento, operará, en cambio, a través de acciones menos visibles. Pero serán sin duda estas últimas el corazón de la política económica del gobierno de Néstor Kirchner de aquí en adelante, porque son las que deberán asegurar que los resultados hasta ahora logrados no terminen en una frustración. La opción por Miceli al frente de Economía, en tal sentido, es también una definición a una estrategia de crecimiento que parece alejar aún más al Gobierno de las recomendaciones que vuelven a formularse desde el establishment y, coincidentemente, desde el FMI.
La baja de encajes –el dinero que los bancos deben conservar inmovilizado al recibirlo como depósito, es decir que no pueden represtar–, consensuada con Martín Redrado (Banco Central) en la semana que pasó, debe interpretarse como una señal en ese sentido. Volcar más fondos líquidos al mercado suele ser interpretado por los neoliberales como un mecanismo que regenera inflación. Según el flamante equipo económico, en cambio, bajar la tasa de interés –que es la consecuencia que se espera de la baja de encajes– es una herramienta necesaria en el corto plazo, y exenta de riesgos en la medida en que se logre colocar esos excedentes en créditos a largo plazo que, a su vez, financien la expansión de la capacidad productiva. Una señal, entonces, pero también un primer paso.
Para lograr continuar en ese camino, se trabaja en varios instrumentos a la vez. El principal es autorizar a los bancos a postergar por dos años más el pase contable a pérdidas en sus balances de las diferencias de depósitos reclamadas a través de amparos judiciales por los ahorristas afectados por el corralito. Simultáneamente, se les impondrá a las entidades la obligación de expandir sus préstamos a más de 24 meses en un peso por cada peso de deuda que deba ser pasada a pérdida y se prorrogue.
Se estima que por este mecanismo habría potencialmente unos 2600 millones de pesos de expansión del crédito a mediano y largo plazo, mediante un mecanismo que los bancos aceptarían aplicar con agrado ya que les mejoraría sustancialmente sus balances. Vale aclarar que más del 75 por ciento de esos amparos –eventualmente convertibles en créditos– están concentrados en un puñado de bancos oficiales (Nación, Provincia) y privados de capital nacional (Río, Galicia y Francés).
Por otra vía, se analiza crear una norma y un instrumento que permita que parte de los fondos que concentran las AFJP sea volcado en préstamos a las empresas a largo plazo. En este aspecto, los miembros del equipo económico trabajan en base a propuestas elevadas por las mismas AFJP a la Superintendencia, que a su vez buscan ser compatibilizadas con las presentadas con igual propósito por la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio. “En vez de invertir en bonos, le prestarían a las empresas para que inviertan en ampliaciones de su capacidad productiva”, señaló el autor de una de las propuestas en estudio. Lo que el gobierno aún está buscando es cómo ofrecer suficientes garantías a los aportantes de las AFJP de que su capital no será dilapidado. En tal sentido, se espera que los bancos puedan participar con una función coordinadora que cierre esas probables filtraciones.
Similar criterio de financiamiento se aplicará a la realización de la obra pública, ya que lejos de recortarse para evitar “desfasajes fiscales”, se generarán los instrumentos necesarios para llevarla a cabo sin desviar recursos públicos no presupuestados. En definitiva, según entiende la actual conducción, la inversión pública también hace a la capacidad productiva, y allí radica el cuello de botella para generar una producción que evite presiones inflacionarias que, según dicen, preocupan a todos.
La expectativa que genera en el sector industrial la llegada de Felisa Miceli a Economía está dada, precisamente, en la posibilidad de que la política económica adopte un giro más favorable hacia el aparato productivo que el que se dejaba ver con Roberto Lavagna. Y con un mercado interno en alza y una creciente demanda externa, a la industria lo que le genera más preocupación es el financiamiento de sus inversiones. En ese plano, a Miceli le reconocen “oficio”, no sólo por su reciente actuación en el Banco Nación sino también por experiencias anteriores. La más reciente, cuando pudo conocer desde adentro el funcionamiento del Banco Central (hasta que pasó al Nación). Y en tiempos más lejanos, formando parte como joven profesional del staff del Banco Provincia, Aldo Ferrer (presidente de la entidad) la llamó para colaborar en el diseño de un plan de financiamiento de la construcción de viviendas con restricciones que no eran menores: sin fondos líquidos para prestar y con cuotas que respetaran la evolución del salario real de los deudores.
Como entonces (aquello fue en 1985), lo necesario para enfrentar las restricciones (que hoy son otras) es decisión política de quienes ejercen la conducción del país. Miceli y su equipo corren hoy con la ventaja de que cuentan con esa decisión política como plafón, desde el mismo momento que la nueva ministra fue nombrada por su cercanía a las ideas del Presidente y su equipo fue consensuado, nombre por nombre, con el titular del Ejecutivo. Plafón necesario para enfrentar, antes que las restricciones esta vez, las fuertes presiones en contra que recibirá de sectores que no quieren resignar privilegios.
Ya hubo expresiones de importantes núcleos empresarios mostrando cierta “alarma” por las señales que, en materia de precios, parecían indicar cierto grado de “intervención” –palabra temida, si las hay– del gobierno en los mercados de productos. Puntualmente, son los mismos sectores en los que se verifica una fuerte concentración de la producción (en no más de dos o tres oferentes) y en los que la competencia externa es sólo tenida en cuenta cuando aumentan los precios internacionales, para reflejarlos en los valores domésticos aunque no afecten en lo más mínimo sus costos. Son, por ejemplo, los fabricantes de envases de plástico o de hojalata, que observaron en varios casos aumentos de más del 200 por ciento en estos años, superando así hasta la evolución del dólar.